La Junta prepara una ley contra la obesidad
La tasa de afectados en la región es de las más altas El patrón a seguir es la exitosa ley antitabaco
ANTONIO FUENTES SEVILLa
Andalucía será la primera comunidad autónoma que contará con una ley específica contra la obesidad. Esta ley se incluye entre las novedades del proyecto de Presupuestos para 2016. Desde hace meses la Consejería de Salud trabaja en un anteproyecto que espera llevar al Consejo de Gobierno entre marzo y abril del próximo año. El grupo de trabajo constituido en la Consejería ya ha analizado un informe de prospectiva en el que se constata que la obesidad crecerá como un problema de salud pública. En 2050 el 60% de la población masculina y el 50% de la femenina será obesa. En un futuro, sólo el colectivo de mujeres universitarias se libra de este problema. El informe detecta que a menor nivel educativo y menor nivel económico, mayor obesidad. Otro dato: ahora consumimos 300 kilocalorías más al día que hace 30 años y 600 más de las que necesitamos.
El informe detecta hasta 108 variables que la comunidad científica identifica como causas de la obesidad y sobre las que la ley andaluza actuará. "Después del tabaco, la obesidad se va a convertir en el primer problema de salud mundial. Necesitamos abordar este problema de una manera integral", afirma Josefa Ruiz, secretaria general de Salud Pública y Consumo.
Por ello los ejes a estudio son la influencia en la disponibilidad de la producción de alimentos, el impulso a la actividad física, actuaciones en el entorno de las ciudades como la construcción de zonas deportivas o el fomento del transporte sostenible, acciones en educación para evitar la obesidad infantil, medidas en el ámbito sanitario y actuaciones para evitar la discriminación o estigmatización de las personas con obesidad, especialmente los menores de edad.
La Junta de Andalucía se ha fijado en normativas ya existentes en otros países como Finlandia, Dinamarca, Estados Unidos (California es muy beligerante) o Francia, que ya han asumido la obesidad como un problema que supone un cuantioso coste para la salud pública (influye en enfermedades cardiovasculares e hipertensión, apnea del sueño, algunos tipos de cáncer, osteoartritis o problemas psicológicos) y en términos económicos (pérdida de productividad o absentismo laboral). Andalucía es la segunda comunidad autónoma, tras Extremadura, con mayor tasa de obesidad.
Desde 2007 la Junta tiene en vigor un plan contra la obesidad infantil que actúa sobre todo en el diagnóstico precoz en atención primaria y en los centros escolares. Estas medidas se intensificarán y se tomará como guía para la elaboración de la ley, asegura Begoña Gil, directora del plan.
Uno de los ejes de la ley será intentar influir en la producción de los alimentos. Además de que sean saludables y se puedan eliminar sustancias no recomendables (la práctica totalidad de las galletas, también las infantiles, están elaboradas con aceite de palma, aunque algunas ya están incorporando aceite de girasol alto oleíco, algo más saludable) la Junta perseguirá otras medidas como que las empresas de comida rápida no ofrezcan juguetes con sus ofertas. El objetivo pasa por evitar la publicidad y el marketing asociado a la comida a los menores de 12 años. También se estudia que en las proximidades de los centros escolares no se puedan ubicar máquinas con productos con elevados niveles de azúcar, como bollería o refrescos. También que se recoja en el etiquetado los contenidos en azúcar y sal. El tamaño de las raciones es otro de los contenidos a abordar.
La dieta equilibrada y el fomento del ejercicio físico es un eje habitual en este tipo de acciones. Está incluido en la ley de salud pública cuya elaboración tiene más adelantada la Junta, aunque se abordará con mayor profundidad en esta ley de obesidad.
La Junta propone además que estas premisas se recojan en la planificación de las ciudades, para lo que solicitará la colaboración de los arquitectos.
Y una parte clave, subrayan ambas responsables en Salud: evitar la discriminación y estigmatización de las personas con obesidad, sobre todo en los centros escolares, donde los niños son víctimas de bullying. La sensibilización social para luchar contra la obesidad aspira a conseguir los mismos resultados que la exitosa ley antitabaco, norma que se toma como referencia para fomentar el cambio de conductas.
El informe detecta hasta 108 variables que la comunidad científica identifica como causas de la obesidad y sobre las que la ley andaluza actuará. "Después del tabaco, la obesidad se va a convertir en el primer problema de salud mundial. Necesitamos abordar este problema de una manera integral", afirma Josefa Ruiz, secretaria general de Salud Pública y Consumo.
Por ello los ejes a estudio son la influencia en la disponibilidad de la producción de alimentos, el impulso a la actividad física, actuaciones en el entorno de las ciudades como la construcción de zonas deportivas o el fomento del transporte sostenible, acciones en educación para evitar la obesidad infantil, medidas en el ámbito sanitario y actuaciones para evitar la discriminación o estigmatización de las personas con obesidad, especialmente los menores de edad.
La Junta de Andalucía se ha fijado en normativas ya existentes en otros países como Finlandia, Dinamarca, Estados Unidos (California es muy beligerante) o Francia, que ya han asumido la obesidad como un problema que supone un cuantioso coste para la salud pública (influye en enfermedades cardiovasculares e hipertensión, apnea del sueño, algunos tipos de cáncer, osteoartritis o problemas psicológicos) y en términos económicos (pérdida de productividad o absentismo laboral). Andalucía es la segunda comunidad autónoma, tras Extremadura, con mayor tasa de obesidad.
Desde 2007 la Junta tiene en vigor un plan contra la obesidad infantil que actúa sobre todo en el diagnóstico precoz en atención primaria y en los centros escolares. Estas medidas se intensificarán y se tomará como guía para la elaboración de la ley, asegura Begoña Gil, directora del plan.
Uno de los ejes de la ley será intentar influir en la producción de los alimentos. Además de que sean saludables y se puedan eliminar sustancias no recomendables (la práctica totalidad de las galletas, también las infantiles, están elaboradas con aceite de palma, aunque algunas ya están incorporando aceite de girasol alto oleíco, algo más saludable) la Junta perseguirá otras medidas como que las empresas de comida rápida no ofrezcan juguetes con sus ofertas. El objetivo pasa por evitar la publicidad y el marketing asociado a la comida a los menores de 12 años. También se estudia que en las proximidades de los centros escolares no se puedan ubicar máquinas con productos con elevados niveles de azúcar, como bollería o refrescos. También que se recoja en el etiquetado los contenidos en azúcar y sal. El tamaño de las raciones es otro de los contenidos a abordar.
La dieta equilibrada y el fomento del ejercicio físico es un eje habitual en este tipo de acciones. Está incluido en la ley de salud pública cuya elaboración tiene más adelantada la Junta, aunque se abordará con mayor profundidad en esta ley de obesidad.
La Junta propone además que estas premisas se recojan en la planificación de las ciudades, para lo que solicitará la colaboración de los arquitectos.
Y una parte clave, subrayan ambas responsables en Salud: evitar la discriminación y estigmatización de las personas con obesidad, sobre todo en los centros escolares, donde los niños son víctimas de bullying. La sensibilización social para luchar contra la obesidad aspira a conseguir los mismos resultados que la exitosa ley antitabaco, norma que se toma como referencia para fomentar el cambio de conductas.
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