El Ayuntamiento de Granada acogió ayer una reunión de trabajo entre el alcalde, Paco Cuenca, y representantes de diez entidades financieras de la ciudad, un importante encuentro que se produce por vez primera con el objetivo último de "unificar esfuerzos y abordar soluciones al problema de la exclusión residencial que padecen o pueden padecer numerosas familias de la ciudad".
Al inicio de la sesión el regidor granadino explicó que, hasta el momento, el Ayuntamiento mantiene acuerdos y vías de colaboración con el Decanato de los Juzgados, el Colegio de Abogados, las administraciones públicas competentes, y las ONG y entidades sociales que integran en la ciudad el colectivo Vivienda en red, por lo que, en sus palabras, "resulta decisivo incorporar a las entidades financieras como cuarto pilar para un tratamiento integral y efectivo que garantice el derecho constitucional a una vivienda".
"El compromiso social de una ciudad solidaria como la nuestra y la apuesta de este equipo de gobierno han permitido que Granada sea innovadora y pionera en el impulso de un convenio con el decanato de los juzgados, cuyos frutos se han materializado con carácter previo al lanzamiento".
Cuenca les aseguró que "a través de la oficina social de la vivienda; del servicio de intermediación hipotecaria creado en colaboración con el Colegio de Abogados; y del Espacio de coordinación técnica, que integra a las distintas administraciones, se han implementado importantes medidas de intervención, si bien "el impacto de la crisis ha incidido en los recursos asistenciales, por lo que debemos evitar que esto afecte a la recuperación de las familias, porque, detrás de los datos y los números, se esconden personas con diversas circunstancias, escasas oportunidades en la mayoría de los casos, y situaciones que hablan del drama real que supone la pérdida de la vivienda por problemas económicos". Seguidamente, el alcalde informó a los asistentes del balance 2016 de la oficina social de la vivienda, que ha realizado 592 intervenciones que han afectado a 1.829 personas en situación de exclusión residencial, y ha abierto 314 nuevos expedientes. Por todo ello, Cuenca propuso a las entidades posibles vías de colaboración, algunas de ellas muy novedosas, para "unificar esfuerzos en el objetivo común y compartido de evitar la pérdida de la vivienda a personas en situación de vulnerabilidad".
Especialmente novedosa es la primera de las medidas planteadas, la cesión de uso viviendas propiedad de las entidades financieras para el desarrollo de programas de inclusión con familias víctimas de desahucios o desalojos, en colaboración con asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. Al respecto, el primer edil apuntó algunos resultados positivos que esta experiencia supone para las financieras, por un menor impacto de usurpaciones, dado el control y valoración periódica del estado de las viviendas; una reducción de gastos de mantenimiento; ya que los programas de cesión cubrirían estos costes, o una imagen pública de compromiso social, entre otras variables. Otra de las propuestas fue la de aumentar la participación de las entidades en proyectos de inclusión social para personas con discapacidad o dependencia, dado que se ha detectado una necesidad urgente de estas viviendas accesibles. Entre las medidas prioritarias planteadas desde el Ayuntamiento en la reunión figura el establecer un protocolo de actuación con antelación a la ejecución hipotecaria, es decir, a un nivel preventivo que se anticipe a la pérdida de la vivienda habitual en familias vulnerables. El catálogo de medidas al respecto sugiere la cesión de datos estadísticos a los Servicios Sociales Municipales, -previa autorización de los afectados-, relativas a aquellas personas o familias afectadas por una medida judicial de suspensión del lanzamiento.
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