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El gran pilar que sostiene a la socialdemocracia como ideología es, sin duda, la construcción del Estado del bienestar, que no se debe confundir con el Estado social. ¿Pero, cuáles son los componentes básicos del Estado del bienestar? Primero, aceptar que la economía de mercado abandonada a su suerte produce acumulación de riqueza en unas pocas manos y, en consecuencia, dificultades para alcanzar la paz social. Segundo, conseguir unas condiciones socioeconómicas cuyo objetivo principal sea alcanzar una mayor igualdad, además de ofrecer seguridad en los momentos críticos. El modelo socialdemócrata aspira a cambiar la sociedad haciéndola más igualitaria y solidaria poniendo a disposición de amplios sectores de la población servicios universales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
Con la llegada de la democracia y, en particular, con la victoria del Partido Socialista en el año 1982, se consiguió uno de los más significativos logros que ha experimentado nuestro país en todo el periodo democrático, como es la creación y desarrollo del Estado del bienestar, que se fundamenta en la idea la universalización de los derechos sociales. Con esta nueva figura desapareció de las estructuras del Estado, todo el entramado institucional que se había construido con anterioridad para atender la beneficencia pública, que establecía diferentes categorías sociales estigmatizando a aquellos con menos recursos, obligándoles a inscribirse como indigentes y a figurar en los censos de pobres.
Parece aventurado afirmar que el Estado del bienestar esté plenamente garantizado.
¿Está el Estado del bienestar plenamente asegurado en nuestro sistema político como una herramienta de justicia social? En principio, parecería que sí. Incluso Pablo Casado Blanco, nuevo líder del Partido Popular en su discurso de clausura del Congreso Extraordinario que su formación ha celebrado el pasado 21 de julio, en el punto 6 del decálogo que constituía su nuevo contrato con la sociedad española, manifestó su apoyo a "la sostenibilidad del Estado del bienestar". Pero después de la experiencia de gobierno del partido del centro derecha español y, especialmente, si atendemos a la forma en que ha gestionado la crisis económica, parece aventurado afirmar que el Estado del bienestar esté plenamente garantizado.
Desde 2011 a 2018 hemos podido comprobar cómo las políticas sociales han saltado desde la universalización de los derechos, a que las necesidades sociales básicas adquirieran un carácter censitario de manera que, en líneas generales, únicamente han tenido acceso a los derechos sociales los que obtenían un empleo, por lo que aquellas personas excluidas del mercado de trabajo fueron marginadas en muchos aspectos. A lo anterior hay que añadir otras numerosas exigencias que también han establecido limitaciones a la universalización de los derechos, como es la necesidad de empadronamiento en la comunidad autónoma correspondiente para conseguir tener acceso a los derechos sociales (algo incompatible con la tan cacareada necesidad de movilidad geográfica en el puesto de trabajo tan defendida por algunos como necearía para la mejorara nuestra economía).
La aplicación de políticas en favor de la universalización de los derechos sociales tiene un carácter ideológico y no deben quedar al albur de las ideologías
La introducción del carácter censitario para tener acceso a los derechos sociales está provocando que sean directamente las instituciones públicas las que empujan a situaciones de exclusión social extrema. Extrema porque ya no existen las antiguas estructuras de beneficencia. El fomento por parte de las instituciones de la exclusión ha propiciado el surgimiento de numerosas ONG'S que, en muchos casos, tiene que cubrir el vacío que debería ocupar el Estado. Así, con frecuencia, acudir a solicitar el apoyo de estas organizaciones supone igualmente la indignidad de verse identificado como indigente.
La aplicación de políticas en favor de la universalización de los derechos sociales tiene un carácter ideológico y no deben quedar al albur de las ideologías. Para que la situación que hemos vivido no se mantenga o se reproduzca en el futuro, es necesario elevar en nuestro texto constitucional los derechos sociales a derechos fundamentales (solo la educación está incluida como derecho fundamental), trasladándolos del capítulo tercero del título I (de los principios rectores de la política social y económica) y situándolos en el capítulo II, sección I del título I (ver artículo 168 de la Constitución española) para que obtengan el grado de protección máxima que marca nuestro texto constitucional y que no queden prisioneros de los diferentes momentos por los que transite la política española. Todo esto, aun a pesar de que Pablo Casado Blanco sea contrario a: "abrir en canal la Carta Magna".
