Las carencias económicas marcan el primer cuarto de un mandato que no ha visto todavía ninguna moción de censura GUILLERMO ORTEGA / GRANADA
Dicen, y dicen bien, que la política hace extraños compañeros de cama. Los resultados de las elecciones de mayo de 2011 desembocaron en algunos acuerdos de gobierno en principio chocantes. El PP apoyó al PSOE en Trevélez con tal de que no gobernara IU, populares e izquierdistas unieron fuerzas en Guadahortuna y Deifontes, el grupo socialista pactó con un ex alcalde popular en Ogíjares, todos se aliaron contra Convergencia Andaluza en Almuñécar...
Eso sin contar con que en muchos pueblos no gobierna el partido más votado. Los "acuerdos entre perdedores", como los bautizó Arenas aludiendo a lo que hicieron hace poco PSOE e IU en el conjunto de Andalucía, han sido abundantes y todos los partidos, incluido por supuesto el de Arenas, han entrado en ese juego. Que es legal, pero a lo mejor no demasiado moral.
Y sin embargo, está a punto de cumplirse un año de aquellos comicios y ninguno de esos pactos se ha roto. En el anterior mandato, el que comenzó en 2007, se produjeron tres cambios de gobierno a las primeras de cambio. Antes de que se cumplieran siquiera los cien días de cortesía ya había habido relevos en las alcaldías de Dólar, Escúzar y Purullena. Más tarde llegaron los de La Malahá, Agrón, Morelábor, Gor, Válor, Atarfe y Castilléjar.
No todos fueron por mociones de censura. El alcalde de La Malahá dimitió por discrepancias con sus compañeros de IU y los de Atarfe y Dólar por motivos de salud, aunque en este útlimo caso, como no renunció a su acta ni tampoco iba a los plenos a votar, dejó a los suyos en minoría y eso permitió que en la práctica gobernaran los que teóricamente eran la oposición. Lioso pero cierto.
En el resto lo que ocurrió fue algo casi tan viejo como la propia política: dos partidos que están en la oposición unen sus fuerzas y desbancan al que está gobernando. Con ayuda de tránsfugas (Morelábor, Gor) o sin ella.
¿Es ahora todo de color de rosa? Naturalmente que no. De hecho, si algo ha caracterizado este primer año de mandato ha sido la queja continua de los alcaldes, ya fuera contra la herencia recibida de sus antecesores, ya contra el actual sistema de financiación. No han sido pocos los regidores que han reconocido que no podían ni pagar las nóminas. Ocurrió, por ejemplo, en Dúrcal y Albuñol, donde su alcalde, Juan María Rivas (PP), amagó con dimitir por ese motivo, aunque aún no lo ha hecho.
Lo que ocurre es que ahora el transfuguismo está más (y mejor) castigado. Si un concejal abandona un grupo político no puede firmar una moción de censura.
Pero eso no quita para que, en la práctica, los tránsfugas, que los sigue habiendo, pongan de su parte para dificultad y hasta impedir la gobernabilidad. El ejemplo más claro está en Santa Fe, donde a finales de septiembre Ana Bella Camacho, concejal electa del PSOE, decidió pasarse al grupo de no adscritos. En esa localidad el PSOE ganó por mayoría simple y se alió con Izquierda Unida. Entre ambos sumaban ocho concejales, uno más que el PP.
Camacho no sólo decidió conservar su acta sino que desde entonces ha actuado por libre, apoyando las mociones de los populares cuando lo vio conveniente. Esas propuestas han salido adelante porque con el suyo eran ocho votos frente a los siete de los teóricos gobernantes.
Eso mismo se puede producir de aquí a poco en Loja, localidad donde el PP gobierna en coalición con Convocatoria por Loja. Entre los dos partidos suman once ediles, por diez del PSOE. Pero el alcalde popular ha destituido a uno de los suyos, Antonio María Caro Derqui, que tampoco renunciará a su acta y se va a pasar al grupo de no adscritos.
No es previsible, en cambio, que eso ocurra en Armilla, donde el PP manda con el respaldo del grupo local IDEA y el de UPyD, aunque nadie de ese partido está oficialmente en el equipo de gobierno. Si hubiera aplicado su criterio general habría apoyado que Gerardo Sánchez fuera el alcalde, porque fue el candidato más votado. Pero optó por el PP alegando que el socialista tenía una cuenta judicial pendiente. Fernando Marino, que fue su candidato por Granada a las autonómicas, dijo que si a Sánchez lo absolvían el acuerdo se podría revisar, pero el ex alcalde ha quedado libre de culpa y el partido, a nivel local, se niega a hacerlo.
Para terminar con este apartado: en el Partido Socialista Independiente de Salobreña tildaron de "tránsfuga" al concejal Javier Ortega Prados, que en diciembre abandonó la formación local y se incorporó al PSOE, partido del que por cierto se escindió el PSI. Es una manera de verlo, pero a lo mejor la percepción cambia sabiendo que una buena parte del partido escindido respaldó a Ortega y regresó a las filas socialistas. A lo mejor es que volvía a ser más lo que les unía que lo que les separaba.
En cuanto a mociones de las de toda la vida, y sin tránsfugas, todo apunta a que después del verano se producirá la primera. Será en Cúllar, donde IU y PSOE no consiguieron alcanzar un acuerdo de gobierno en su momento pero sí pretenden hacerlo ahora, argumentando que el alcalde, José Torrente (PP) tiene el pueblo abandonado.
Esa misma circunstancia se podría dar en otras ciudades donde la alianza de IU y PSOE sería suficiente para alcanzar el gobierno. Ahora tienen el panorama más despejado porque sus partidos han pactado en Andalucía. Otra cosa es que prime ese criterio sobre otro más local: la enemistad personal entre sus dirigentes.
Otra alternativa sería tentar a los andalucistas en algunos de los municipios que cogobiernan junto al PP, que no son pocos: Albolote, Albuñuelas, Campotéjar, Caniles, Castilléjar, Cuevas del Campo, Dúrcal, Galera, Monachil o Puebla de Don Fadrique. No sería la primera vez que el PA pusiera en práctica su capacidad para jugar a dos bandas (en 2007, por volver a los ejemplos iniciales, pactó con los socialistas en Purullena y con los populares en Escúzar), pero se trata de pueblos pequeños que dependen en buena medida de la Diputación, y allí, como se sabe, manda el PP, así que ese tipo de movimientos puede que no sean convenientes.
Para acabar: en Motril habrá un cambio de alcalde que no implicará moción de censura ni nada parecido. Carlos Rojas, portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, le cederá el testigo a Luisa García Chamorro. Vicente Valero, también diputado regional, seguirá como regidor en Churriana de la Vega.
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