Hacienda controlará las cuentas de los ayuntamientos sin plan de ajuste granadahoy.com

Los ayuntamientos de Armilla y Cúllar están negociando posibles soluciones con el Ministerio.

Por el momento ocho municipios gobernados por el PP tendrán que dejar sus presupuestos en manos del Ministerio · El PSOE asegura que no le consta que haya ayuntamientos de su signo político en esta situación

G. S. M. / GRANADA
La letra pequeña del plan de pago a proveedores puede tener consecuencias nada deseadas para varios ayuntamientos de Granada. Al menos ocho municipios de la provincia serán intervenidos por el Ministerio de Hacienda después de que sus planes de ajuste -los que tenían que presentar para acceder a los fondos del plan de pago- hayan sido rechazados por el departamento que dirige Cristóbal Montoro. 

Según informó ayer el PP de Granada, en esta situación se encuentran ocho ayuntamientos gobernados por los populares, que tendrán que dejar sus cuentas en manos del Ministerio: Albuñol, Alhendín, Alicún de Ortega, Armilla, Cúllar, Murtas, Otura y Polopos. 

Pero este listado no es exclusivo. Es decir, que no implica que sean los únicos ayuntamientos granadinos que se encuentran al borde de la intervención, porque el PP tan solo tiene conocimiento de los municipios bajo sus siglas que se enfrentan a esta situación. En el PSOE, mientras tanto, aseguran que por el momento no tienen "constancia" de que haya municipios socialistas cuyos planes de ajuste no cuenten con la luz verde del Ministerio. 

La situación es complicada y, desde luego, incierta. Porque la comunicación de que Hacienda "hará" los presupuestos de los 2.000 ayuntamientos sin planes de ajuste (de los 4.000 que se han acogido al plan de pago a proveedores) llegó el pasado lunes de forma poco ortodoxa. En un acto organizado en Barcelona por el Círculo de Economía, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas anunció que su departamento será el encargado de hacer las cuentas de esos municipios sin plan de ajuste, adelantando que su departamento definirá "antes de verano" un plan para los entes locales. Hasta el momento la única certeza sobre la consecuencias del incumplimiento del plan de pagos y de ajuste era la retención de las transferencias del Estado. 

La noticia de la intervención estatal en los ayuntamientos sin plan de ajuste no ha estado exenta de polémica. El Ayuntamiento de Armilla ya anunció el lunes que su plan de ajuste, con el que pretendía cubrir 7,8 millones de euros de facturas impagadas, fue rechazado por el Ministerio, aunque el alcalde, Antonio Ayllón, aseguró que ya se ha reunido con Montoro para encontrar una solución al grave problema económico que sufre el municipio. Además, Ayllón argumentó que el rechazo del plan de ajuste se debe a las poco realistas previsiones de ingresos realizadas por el PSOE para los ejercicios 2009, 2010 y 2011. 

La reacción del PSOE de Armilla no se ha hecho esperar. El portavoz del grupo municipal socialista, Gerardo Sánchez, acusó ayer al alcalde de "llevar a la quiebra y la intervención" al Consistorio, lo que a su juicio "demuestra la auténtica chapuza que aprobó el equipo de Gobierno y el desastre en que el PP ha sumido la gestión económica en Armilla". Sánchez consideró "vergonzoso y sorprendente" que Ayllón haya justificado "su fracaso culpando de su propia ineptitud a la gestión anterior". 

De hecho, el portavoz socialista precisó que de los 7,3 millones de euros en facturas impagadas que incluía el plan de ajuste, más de la mitad, 3,9 millones de euros, "ha sido generada desde que Ayllón es alcalde del municipio". 

Esta acusación tampoco se quedó sin respuesta. El alcalde de Armilla negó categóricamente haber gastado en un año esa cantidad de dinero y recalcó que su principal objetivo es encontrar una vía para efectuar el pago a proveedores. "Lo prioritario es que cobren los proveedores porque son muchas las familias y empresas que dependen del pago de sus facturas, la inmensa mayoría dejadas en los cajones por los socialistas". 

En Cúllar, el rechazo al plan de ajuste ha llevado a los grupos municipales de la oposición a estudiar la posibilidad de presentar una moción de censura para arrebatar la Alcaldía a José Torrente, acusándolo de estar "más centrado en la Diputación que en el pueblo". Pese a todo, el alcalde quiso ayer lanzar un mensaje de tranquilidad a los proveedores que dependen del plan de pagos, asegurando que el Ayuntamiento está manteniendo conversaciones con el Ministerio de Hacienda para poder hacer frente a la operación que le permitirá saldar su deuda. 

Entre las opciones que se barajan, según informaba ayer Europa Press, están la de detraer el 25% de la Participación en los Ingresos del Estado, la aprobación de un año de carencia o el incremento del plazo de amortización a seis o siete años. "En todo caso, lo que puedo garantizar es que sea cual sea la fórmula que adoptemos los proveedores van a cobrar porque eso, y el mantenimiento de nuestros servicios, son las dos obsesiones del Gobierno de Cúllar". 

No todo lo relacionado con el plan de pagos lleva aparejada una polémica. Por ejemplo, justo ayer el Ayuntamiento de Salobreña aprobó en pleno extraordinario la petición de un préstamo de 11,5 millones después de que el Gobierno haya dado el visto bueno a su plan de ajuste. La aprobación salió adelante con los votos favorables del PSOE y PP y las abstenciones de PA e IU.