En la actualidad hay 50.395 granadinos con una minusvalía reconocida y se incluirá a los que tengan incapacidad laboral
S. VALLEJO GRANADA
La provincia cuenta con 50.395 personas con alguna discapacidad reconocida y que se beneficiarán de la nueva ley de la Junta de Andalucía que buscará garantizar la igualdad de oportunidades, de acceso y la no discriminación a un colectivo especialmente castigado por el desempleo. De hecho, la tasa de paro entre los discapacitados supera el 43%, por lo que las políticas de formación y empleo serán fundamentales en la futura norma.
Pero la cifra de discapacitados irá en aumento en los próximos años. Según las estimaciones, ratificadas ayer por la responsable del Centro de Valoración y Orientación de Granada, Isabel Rodríguez, la cifra de discapacitados aumentará un 10% con la nueva ley ya que se incorporará a las personas que ya tienen reconocida una incapacidad laboral. "Esas personas ya tendrán una discapacidad base del 33% y se tendrá que homologar", proceso por el que aumentarán los discapacitados en Granada, entre otros aspectos.
De hecho, en la actualidad el centro de valoración atiende unos 8.000 expedientes al año, que se irán incrementando sucesivamente, lo que obligará también a reforzar el trabajo en el centro.
Los datos de Salud detallan que en Granada hay en la actualidad 50.395 personas con una discapacidad reconocida, al 50% prácticamente entre hombres y mujeres y con edades comprendidas en su mayoría entre los 19 y los 64 años. La discapacidad física es la más extendida y el grado otorgado más común oscila entre el 65 y el 100%.
Según explicó ayer delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Higinio Almagro, se trata de una ley "más humana" que "protege los derechos sociales y de inclusión" de este colectivo. Además, incidió en que la clave será pasar de "un enfoque asistencial a uno garantista".
La nueva ley cuenta con 72 artículos repartidos entre varios capítulos de actuación. En salud se trabajará por el acceso en condiciones igualitarias a los servicios y prestaciones, para lo que también se elaborarán programas de formación específicos sobre discapacidad a los profesionales sanitarios. También se reforzará el modelo de atención infantil temprana. En educación, se trabajará para una mayor inserción sociolaboral una vez concluida la etapa escolar. También se incluye la atención temprana y la atención educativa personalizada para personas hospitalizadas y a domicilio. Además, se convocarán becas para desplazamiento, alojamiento y manutención de alumnos universitarios.
El capítulo de empleo será fundamental y se generará un plan de empleabilidad con un aumento de las reservas de plazas públicas, que pasarán del 5 al 7% en empleo público. También habrá una reserva del 3% de las plazas de los cursos de formación propios y de un 5% en las escuelas taller y casas de oficio. "El empleo es fundamental para este colectivo y hay que bajar las tasas de paro", dijo Almagro, quien anunció también el trabajo con el sector privado para conseguir una mayor inclusión.
En cultura se trabajará por la no discriminación de las actividades recreativas y culturales, entre otros aspectos, y en vivienda, se fomentarán las ayudas para las obras de accesibilidad en los hogares y se reservará un 4% de las viviendas de promoción pública.
Pero la cifra de discapacitados irá en aumento en los próximos años. Según las estimaciones, ratificadas ayer por la responsable del Centro de Valoración y Orientación de Granada, Isabel Rodríguez, la cifra de discapacitados aumentará un 10% con la nueva ley ya que se incorporará a las personas que ya tienen reconocida una incapacidad laboral. "Esas personas ya tendrán una discapacidad base del 33% y se tendrá que homologar", proceso por el que aumentarán los discapacitados en Granada, entre otros aspectos.
De hecho, en la actualidad el centro de valoración atiende unos 8.000 expedientes al año, que se irán incrementando sucesivamente, lo que obligará también a reforzar el trabajo en el centro.
Los datos de Salud detallan que en Granada hay en la actualidad 50.395 personas con una discapacidad reconocida, al 50% prácticamente entre hombres y mujeres y con edades comprendidas en su mayoría entre los 19 y los 64 años. La discapacidad física es la más extendida y el grado otorgado más común oscila entre el 65 y el 100%.
Según explicó ayer delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Higinio Almagro, se trata de una ley "más humana" que "protege los derechos sociales y de inclusión" de este colectivo. Además, incidió en que la clave será pasar de "un enfoque asistencial a uno garantista".
La nueva ley cuenta con 72 artículos repartidos entre varios capítulos de actuación. En salud se trabajará por el acceso en condiciones igualitarias a los servicios y prestaciones, para lo que también se elaborarán programas de formación específicos sobre discapacidad a los profesionales sanitarios. También se reforzará el modelo de atención infantil temprana. En educación, se trabajará para una mayor inserción sociolaboral una vez concluida la etapa escolar. También se incluye la atención temprana y la atención educativa personalizada para personas hospitalizadas y a domicilio. Además, se convocarán becas para desplazamiento, alojamiento y manutención de alumnos universitarios.
El capítulo de empleo será fundamental y se generará un plan de empleabilidad con un aumento de las reservas de plazas públicas, que pasarán del 5 al 7% en empleo público. También habrá una reserva del 3% de las plazas de los cursos de formación propios y de un 5% en las escuelas taller y casas de oficio. "El empleo es fundamental para este colectivo y hay que bajar las tasas de paro", dijo Almagro, quien anunció también el trabajo con el sector privado para conseguir una mayor inclusión.
En cultura se trabajará por la no discriminación de las actividades recreativas y culturales, entre otros aspectos, y en vivienda, se fomentarán las ayudas para las obras de accesibilidad en los hogares y se reservará un 4% de las viviendas de promoción pública.
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