Los casos de "urgencia extrema" serán atendidos por el programa de ayudas lanzado por la Consejería de Fomento de la Junta
R. CASTRO GRANADA
Las familias granadinas que hayan sido desahuciadas de sus viviendas o que estén al borde de esta situación tendrán un flotador al cual agarrarse. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, ha abierto una línea de ayudas al alquiler para casos de este tipo o en procesos de ejecución hipotecaria. "Nuestro objetivo es que las familias desahuciadas por no poder pagar su hipoteca que se encuentran en situación de emergencia, sin alternativa habitacional y empobrecidas por la crisis y el desempleo no se queden en la calle", ha afirmado la consejera Elena Cortés.
La ayuda, con una cuantía inicial de 2,27millones de euros que se dotará de nuevos fondos en convocatorias sucesivas, se integra en un programa general de líneas de apoyo al alquiler que cuenta con un total de 26,5 millones para 2015.
La ayuda para personas desahuciadas da cobertura al mismo perfil de familias en situación de emergencia social que la Consejería protegía mediante la expropiación temporal de viviendas a las entidades financieras, mecanismo actualmente suspendido por el recurso del Gobierno central contra la Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda. "El Gobierno ha cerrado una puerta, Andalucía abre otra", explica Cortés.
Los requisitos que deben acreditarse para obtenerla son, entre otros, haber sufrido una ejecución hipotecaria o de cualquier otra garantía sobre su vivienda habitual, que el lanzamiento genere una situación de emergencia o exclusión social y que ningún miembro de la unidad familiar sea titular de otra vivienda.
La ayuda, con una cuantía inicial de 2,27millones de euros que se dotará de nuevos fondos en convocatorias sucesivas, se integra en un programa general de líneas de apoyo al alquiler que cuenta con un total de 26,5 millones para 2015.
La ayuda para personas desahuciadas da cobertura al mismo perfil de familias en situación de emergencia social que la Consejería protegía mediante la expropiación temporal de viviendas a las entidades financieras, mecanismo actualmente suspendido por el recurso del Gobierno central contra la Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda. "El Gobierno ha cerrado una puerta, Andalucía abre otra", explica Cortés.
Los requisitos que deben acreditarse para obtenerla son, entre otros, haber sufrido una ejecución hipotecaria o de cualquier otra garantía sobre su vivienda habitual, que el lanzamiento genere una situación de emergencia o exclusión social y que ningún miembro de la unidad familiar sea titular de otra vivienda.
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