El documento de la Junta parte de un diagnóstico muy correcto y está en línea con las recomendaciones de Bruselas. Si se aplica bien, puede producir cambios significativos.
RAFAEL SALGUEIRO
SABEMOS que la Junta de Andalucía no está precisamente muy activa en cuanto a iniciativas o nuevos proyectos, aunque algunas de las causas no son difíciles de comprender; entre ellas las limitaciones presupuestarias que obligan a la contención en las iniciativas que requieren gasto público. Aunque también se puede aducir que hay políticas de impulso a las actividades económicas que no requieren más gasto adicional, sino más eficacia en la acción pública. Por ejemplo la calidad del diseño regulatorio y de su aplicación, lo cual es especialmente importante para el fomento de las actividades industriales y mineras.
En estos dos ámbitos se han aprobado en el mes de julio sendos documentos estratégicos, orientadores y definidores de la acción pública autonómica hasta el año 2020. Es cierto que su elaboración ha requerido bastante tiempo, ya que los acuerdos de formulación datan de 2013 pero también es cierto que se trata de dos documentos muy apreciables. De ser debidamente aplicadas las recomendaciones y propuestas que contienen se puede producir un cambio significativo y provechoso en el ejercicio de las políticas industrial y minera de Andalucía. A la primera de ellas quiero referirme en este artículo, tiempo habrá para hablar de minería.
La Estrategia Industrial se fundamenta en un diagnóstico muy correcto y su orientación está completamente ajustada con el pensamiento reindustrializador que desde hace pocos se ha establecido en la Comisión Europea. En ésta, por fin, han dejado de existir dudas sobre el papel trascendente de la industria en el desarrollo económico, entre otras razones porque la industria sigue siendo el gran materializador de la innovación y es aquí y en el conocimiento, donde se quisieron sentar las bases del progreso económico de Europa. Se ha comprobado también que un mundo de un solo gran país fabricante no era más que un espejismo, resultante del deslumbramiento producido por el intensísimo crecimiento industrial de China durante más de tres lustros, pero desde hace algún tiempo se ha comprobado que algunas de sus ventajas de coste en determinados sectores no resultan insuperables en el mercado internacional. Además, parece claro que a largo plazo la diferencia sustantiva de los costes de producción en uno u otro lugar va a ser el coste de la energía, no el coste laboral ni el de cumplimiento regulatorio.
Se ha constatado también en Europa que la orientación del fomento industrial en función del nivel tecnológico de unos u otros sectores no era del todo acertada. Esta clasificación ha conducido a preferencias hacia productos que en sí tienen un alto contenido o complejidad tecnológica, pero no necesariamente su proceso productivo. Y a la inversa, se han desatendido producciones de alta complejidad sólo porque su producto es aparentemente simple. Y un perjuicio no menor lo han causado las preferencias sectoriales basadas en razones medioambientales no siempre justificadas y a menudo traducidas en la simpleza de "industria limpia y no contaminante".
Volviendo a la estrategia industrial andaluza, cabe admitir que los objetivos cuantitativos (18% de participación en el PIB en 2020, por ejemplo) son quizá muy ambiciosos, porque lograrlos conlleva un enorme volumen de inversión en nueva capacidad productiva imposible de realizar en sólo cuatro años. Pero se derivan inevitablemente del ambicioso objetivo marcado para la UE (20%) y asumido por el gobierno de España. No es un objetivo que se pueda alcanzar por la mera acción de la Administración, sino que su logro es una responsabilidad compartida entre ella y las empresas industriales de la región, comenzando por conservar lo mucho bueno que ya tenemos. Yo creo que deberíamos conformarnos con una tendencia sostenida hacia la reindustrialización y con una acción decidida de la Administración en aquellos factores de competitividad sobre los que tiene capacidad de actuar, además de una capacidad reforzada en la atracción de inversiones industriales, bien hacia los establecimientos que ya existen o bien empresas de nueva implantación. La creación de un entorno institucional amigable, no sólo en los gestos, es uno de los grandes retos, sino el mayor, de la política industrial andaluza, porque la competencia entre localizaciones no se basa sólo en factores geográficos, dotación de infraestructuras, financiación pública o coste de determinados insumos. La calidad del entorno institucional es determinante, y esto requiere el alineamiento de todos los actores administrativos. Los de la propia Junta de Andalucía, mediante unidad de criterio y coordinación entre los departamentos que intervienen en los proyectos industriales, pero también las administraciones locales. Alguna que otra inversión apoyada por la Junta se ha perdido por la acción obstructiva de un Ayuntamiento y no son pocos los casos en los que la actividad de una industria se ve perjudicada por criterios municipales que nada tienen que ver ni con la regulación ambiental vigente ni con la realidad acreditada de una actividad similar en otros lugares. O, peor aún, anteponer lo que quieran hacer creer los ambientalistas organizados a lo que la ciencia es capaz de demostrar.
Y esto es muy serio. El hecho de este tipo más reciente, de hace sólo unos días, es la modificación de un PGOU para impedir que una industria cementera de la provincia de Sevilla utilice el mismo tipo de combustible alternativo ya usado por no pocas cementeras en España y que es práctica habitual en Europa, dadas las ventajas de coste y ambientales que conlleva. El dislate es de tal calibre que, dado que con las modernas técnicas de evaluación ambiental no se encontraba impedimento, ha habido que buscar algún apoyo en los famosos 2.000 metros de distancia a lugar residencial que establecía una norma del año 1961, el Raminp. Ya se sabe que los sentimientos no son racionales, por eso la inducción de temor es la táctica preferida por los ambientalistas organizados, ya que así se evita el contraste científico en el que suelen salir perdiendo; pero sí es exigible la racionalidad en la posición y en la acción de cualquier administración.
No será fácil lograr estos alineamientos que menciono, ni tampoco mantener una posición firme ante los conflictos que a veces se derivan de una actividad industrial. Tampoco es fácil recuperar el ánimo de unos funcionarios que han sido sometidos muchas veces a críticas injustas, cuando no a acusaciones e incluso imputaciones completamente fuera de lugar y que trastornan su vida personal y profesional. El reconocimiento, el apoyo e incluso su defensa pública cuando es necesario deberían formar parte del ejercicio de la política industrial que ahora se nos propone.
En estos dos ámbitos se han aprobado en el mes de julio sendos documentos estratégicos, orientadores y definidores de la acción pública autonómica hasta el año 2020. Es cierto que su elaboración ha requerido bastante tiempo, ya que los acuerdos de formulación datan de 2013 pero también es cierto que se trata de dos documentos muy apreciables. De ser debidamente aplicadas las recomendaciones y propuestas que contienen se puede producir un cambio significativo y provechoso en el ejercicio de las políticas industrial y minera de Andalucía. A la primera de ellas quiero referirme en este artículo, tiempo habrá para hablar de minería.
La Estrategia Industrial se fundamenta en un diagnóstico muy correcto y su orientación está completamente ajustada con el pensamiento reindustrializador que desde hace pocos se ha establecido en la Comisión Europea. En ésta, por fin, han dejado de existir dudas sobre el papel trascendente de la industria en el desarrollo económico, entre otras razones porque la industria sigue siendo el gran materializador de la innovación y es aquí y en el conocimiento, donde se quisieron sentar las bases del progreso económico de Europa. Se ha comprobado también que un mundo de un solo gran país fabricante no era más que un espejismo, resultante del deslumbramiento producido por el intensísimo crecimiento industrial de China durante más de tres lustros, pero desde hace algún tiempo se ha comprobado que algunas de sus ventajas de coste en determinados sectores no resultan insuperables en el mercado internacional. Además, parece claro que a largo plazo la diferencia sustantiva de los costes de producción en uno u otro lugar va a ser el coste de la energía, no el coste laboral ni el de cumplimiento regulatorio.
Se ha constatado también en Europa que la orientación del fomento industrial en función del nivel tecnológico de unos u otros sectores no era del todo acertada. Esta clasificación ha conducido a preferencias hacia productos que en sí tienen un alto contenido o complejidad tecnológica, pero no necesariamente su proceso productivo. Y a la inversa, se han desatendido producciones de alta complejidad sólo porque su producto es aparentemente simple. Y un perjuicio no menor lo han causado las preferencias sectoriales basadas en razones medioambientales no siempre justificadas y a menudo traducidas en la simpleza de "industria limpia y no contaminante".
Volviendo a la estrategia industrial andaluza, cabe admitir que los objetivos cuantitativos (18% de participación en el PIB en 2020, por ejemplo) son quizá muy ambiciosos, porque lograrlos conlleva un enorme volumen de inversión en nueva capacidad productiva imposible de realizar en sólo cuatro años. Pero se derivan inevitablemente del ambicioso objetivo marcado para la UE (20%) y asumido por el gobierno de España. No es un objetivo que se pueda alcanzar por la mera acción de la Administración, sino que su logro es una responsabilidad compartida entre ella y las empresas industriales de la región, comenzando por conservar lo mucho bueno que ya tenemos. Yo creo que deberíamos conformarnos con una tendencia sostenida hacia la reindustrialización y con una acción decidida de la Administración en aquellos factores de competitividad sobre los que tiene capacidad de actuar, además de una capacidad reforzada en la atracción de inversiones industriales, bien hacia los establecimientos que ya existen o bien empresas de nueva implantación. La creación de un entorno institucional amigable, no sólo en los gestos, es uno de los grandes retos, sino el mayor, de la política industrial andaluza, porque la competencia entre localizaciones no se basa sólo en factores geográficos, dotación de infraestructuras, financiación pública o coste de determinados insumos. La calidad del entorno institucional es determinante, y esto requiere el alineamiento de todos los actores administrativos. Los de la propia Junta de Andalucía, mediante unidad de criterio y coordinación entre los departamentos que intervienen en los proyectos industriales, pero también las administraciones locales. Alguna que otra inversión apoyada por la Junta se ha perdido por la acción obstructiva de un Ayuntamiento y no son pocos los casos en los que la actividad de una industria se ve perjudicada por criterios municipales que nada tienen que ver ni con la regulación ambiental vigente ni con la realidad acreditada de una actividad similar en otros lugares. O, peor aún, anteponer lo que quieran hacer creer los ambientalistas organizados a lo que la ciencia es capaz de demostrar.
Y esto es muy serio. El hecho de este tipo más reciente, de hace sólo unos días, es la modificación de un PGOU para impedir que una industria cementera de la provincia de Sevilla utilice el mismo tipo de combustible alternativo ya usado por no pocas cementeras en España y que es práctica habitual en Europa, dadas las ventajas de coste y ambientales que conlleva. El dislate es de tal calibre que, dado que con las modernas técnicas de evaluación ambiental no se encontraba impedimento, ha habido que buscar algún apoyo en los famosos 2.000 metros de distancia a lugar residencial que establecía una norma del año 1961, el Raminp. Ya se sabe que los sentimientos no son racionales, por eso la inducción de temor es la táctica preferida por los ambientalistas organizados, ya que así se evita el contraste científico en el que suelen salir perdiendo; pero sí es exigible la racionalidad en la posición y en la acción de cualquier administración.
No será fácil lograr estos alineamientos que menciono, ni tampoco mantener una posición firme ante los conflictos que a veces se derivan de una actividad industrial. Tampoco es fácil recuperar el ánimo de unos funcionarios que han sido sometidos muchas veces a críticas injustas, cuando no a acusaciones e incluso imputaciones completamente fuera de lugar y que trastornan su vida personal y profesional. El reconocimiento, el apoyo e incluso su defensa pública cuando es necesario deberían formar parte del ejercicio de la política industrial que ahora se nos propone.
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