Ante lo que está pasando en Guatemala, la diplomacia española calla. Pero las voces de los pueblos indígenas que habitan aquellos territorio son ya gritos.
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| ROSA M. TRISTÁN |
Leemos estos días que España enviará donaciones de vacunas a Guatemala, entre otros países de Latinoamérica. Las recibirá, gustosamente, un Gobierno que está siendo cuestionado por su pueblo, por instituciones internacionales como la ONU, por la Organización de Estados Americanos, por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Suecia… Los últimos acontecimientos, que han levantado a las autoridades indígenas de todo el país y la indignación internacional, sin embargo, no han merecido la repulsa de España. Y es un silencio que duele al otro lado del océano porque da alas a un ‘pacto de corruptos’, como llaman en el país a esa alianza entre el poder económico y el político, entre los narcotraficantes y unas instituciones supuestamente democráticas.
Esta semana se celebra el Día Mundial de los Pueblos Indígenas y los de Guatemala gritan ‘basta ya’ a su presidente Giammathei, un médico al que acusan de corrupción y al que por ello su dimisión. Pero el gobierno de España no escucha. Su embajador, José María Lavilla, dicen los medios de allí que está más interesado en su protagonismo cuando se celebre el Bicentenario de la Independencia, en septiembre próximo, que de que se ataque en el país a la Justicia o a los Derechos Humanos, sobre todo si hay empresas españolas de por medio, que parecen ser su única y exclusiva prioridad. Justo en 2020, en plena crisis, aumentaron las importaciones guatemaltecas de aceite de palma, que pasaron de seis a 112 millones de euros (según el ICEX), producto ‘insostenible’ cuyo monocultivo genera graves daños sociales y ambientales. Entre nuestras exportaciones, productos farmacéuticos, maquinaria y plásticos.
No está de más recordar el largo historial de corruptos en Guatemala, un país donde el 46% de la población es indígena y rural.
Patricia Castillo, directora de programas de Action Aid en Guatemala, explica desde su capital cómo ese ‘basta allá’ es distinto al de otras ocasiones. No está de más recordar el largo historial de corruptos en Guatemala, un país donde el 46% de la población es indígena y rural. “En 2015 se logró echar al presidente Otto Pérez Molina, pero la sociedad civil no fue capaz de generar un cambio estructural y desde entonces las elecciones han sido cooptadas por la misma red. Antes tuvimos un comediante, ahora un médico. Nada cambia. Y la gente ya está harta. Ahora, por vez primera, los que convocan movilizaciones son las autoridades indígenas ancestrales de todo el país, un paro nacional que se repetirá hasta que la situación cambie”, asegura la activista guatemalteca.
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| ROSA M. TRISTÁN |
Ya en abril las imágenes del intento de ‘tomar’ el Parlamento dieron la vuelta al mundo. La OEA documentó que se habían vulnerado los Derechos Humanos por parte de un poder público que no tenía control desde que fue ‘finiquitada’ en 2019 la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala). Sólo la Fiscalía contra la Impunidad, a cuyo frente estaba Juan Francisco Sandoval, tenía posibilidad de encausar a corruptos. De hecho, la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, en visita al país en junio acordó con el presidente que Sandoval tenía en sus manos la posibilidad de encausar casos de corrupción. Harris acordó con Giammathei que Sandoval siguiera en su puesto como garantía de que habría persecución de quienes vulneraran la ley.
Pero no ha sido así. La Fiscal General, Consuelo Porras, cercana al ‘pacto de corruptos’, le destituyó a finales de julio. Una semana después lo ha hecho con quien puso de sustituta, que por lo visto tampoco se alineaba con sus directrices de ‘tapar’ los chanchullos de corporaciones y políticos. Una consecuencia ha sido que EEUU haya suspendido de forma inmediata su ayuda económica al Ministerio Fiscal del país centroamericano. Otra es el comunicado conjunto de siete embajadas norteamericanas y europeas en el que se pide que “se respete la independencia del poder judicial y se protejan las instituciones que luchan contra la corrupción y la impunidad”. No está la de España entre ellas.
Se ha descubierto que el Gobierno compró vacunas a una empresa rusa por valor de 72 millones de euros que nunca se han visto.
Con todo, no se entendería totalmente por qué ahora hay esta ‘sublevación indígena’ si no fuera por el tremendo impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19 y la nefasta gestión de Giammathei. Se ha descubierto que el Gobierno compró vacunas a una empresa rusa por valor de 72 millones de euros que nunca se han visto. Las únicas, pocas, que han llegado al país son donaciones de EEUU, México, Rusia o India. Las últimas de España, a través del mecanismo COVAX. ¿Pero qué garantías hay de que alguna llegue a esas comunidades rurales que están siendo excluidas de las vacunaciones?
Hasta ahora, señala Castillo, las pocas dosis que hay (dos millones) se han distribuido casi en su totalidad en las ciudades y apenas un 15% a personas indígenas, entre las que cunde la desinformación y aumentan los contagios.
A esto se suma que, entre las pocas medidas para evitar contagios tomadas está la prohibición del pequeño transporte de mercancías, fundamental para que los indígenas campesinos vendan sus productos en las ciudades, poniendo en un brete su maltrecha supervivencia. También se han suprimido las clases escolares, apostando por una educación virtual en un país donde el 21% de la población no tiene acceso a la electricidad, la mayoría en zonas indígenas, según el informe sobre la hidroeléctrica Renace, de Alianza por la Solidaridad. Por cierto, Renace es una obra realizada en su mayor parte por una empresa española –Cobra-ACS-, que vulneró los derechos indígenas, como ha reconocido un organismo español: el Punto Nacional de Contacto. La empresa no ha hecho nada de lo ‘recomendado’ para enmendarse.
No es de extrañar que el liderazgo indígena haya estallado
Si a esta crisis de recursos se suma una sanidad colapsada que ya era un desastre (por falta de inversiones, que el dinero público se va para otro lado), la mencionada falta de información sobre la pandemia dirigida a los pueblos indígenas y las consecuencias de desastres como lo fueron los huracanes Eta e Iota el pasado año, que aún perduran, no es de extrañar que el liderazgo indígena haya estallado, quizás alentado por el éxito de Luis Arce en Bolivia o Pedro Castillo en Perú. “Es muy importante que los 48 cantones de Totonicapán, un departamento de Guatemala, hayan convocado el paro nacional que comenzó a finales de julio y sigue activo. Es la primera vez que el descontento ciudadano se encabeza desde el interior del país, no desde las ciudades. Y muchos son jóvenes y mujeres que recuperan el gobierno colectivo, por lo que se llaman autoridades ancestrales. Son la expresión de la fuerza política desde los pueblos que se mueve con los partidos de izquierda hacia el cambio que se necesita en este país, asegura la responsable de Action Aid en el país.
Con miles de indígenas en las calles y carreteras, un gobierno denostado, una crisis que expulsa a muchos guatemaltecos hacia el norte, sería deseable que el Gobierno español no callara. Bien está que envíen 200.000 vacunas, habida cuenta del acaparamiento previo por parte de la UE, pero se echa en falta un posicionamiento claro y contundente a favor de la Justicia y por los derechos de los más vulnerables. A saber si llegan a ver una de esas dosis, como tampoco les ilumina la energía que generan las hidroeléctricas gigantescas que nuestras empresas construyen, mientras líderes q’eqchies, como el maestro Bernardo Caal, son acosados, insultados, criminalizados, encarcelados y condenados por oponerse. “Si los ricos pueden bloquear ríos, ¿por qué los pobres no podemos bloquear carreteras?”, reza el cartel de un ‘tuk tuk’ en una foto que envían de estas protestas.
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| ROSA M. TRISTÁN |
Quizás se refieran a ese vergonzoso episodio en el que la Cámara de Comercio de España en Guatemala, una institución de derecho público se atrevió a exigir a las autoridades de Guatemala en 2017 que disolvieran las protestas indígenas contra la hidroeléctrica que construía Cobra-ACS y persiguieran penalmente a sus participantes. ¿Se imaginan que una Cámara de Comercio extranjera, de un país democráticamente europeo, pidiera que se vulneren derechos fundamentales en España?
Ante lo que está pasando en Guatemala, la diplomacia española calla. Pero las voces de los pueblos indígenas que habitan aquellos territorio son ya gritos. “No queremos conmemorar un bicentenario que celebra dos siglos de expolio, 200 años de aguante porque siempre han gobernado la misma gente, ahora encima utilizando una moneda conmemorativa de la fecha con la imagen de Atanasio Tzul, un líder indígena que luchó contra los españoles”, concluye Patricia Castillo. No cuesta imaginar lo que diría Tzul si levantara la cabeza…
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