El Gobierno debatirá el 31 de julio la puesta en marcha de nuevos recortes en el sector que podrían afectar a consultas y hospitalización
MARIBEL MARÍN GRANADA
La sanidad pública española se tambalea a la espera de que se aprueben o no los recortes en materia de sanidad que, según denunciaron ayer los socialistas, está analizando el PP. Sólo en la provincia de Granada el impacto de las propuestas que se debatirán en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera del 31 de julio tendrían un impacto en la provincia de Granada de 32 millones de euros. "Recaudación que no es para dedicarla a presupuestos de sanidad, sino que terminaría en las arcas", remarcó ayer el diputado socialista y portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso, José Martínez Olmos.
Estas medidas cargan sobre los que más necesidades tienen, ya que el 80% de las personas a las que perjudicarían esos recortes sanitarios serían los "pensionistas que viven gracias a una limosna de un par de euros mensuales". Es el caso, por ejemplo, del copago que podría implantarse por las consultas en los centros de salud para atender a las urgencias primarias y que supondría en la provincia una recaudación de 9,3 millones al año si el precio de tales consultas se concretara en un euro, "pero se ha hablado de que se podría cobrar hasta 5 euros por urgencia", advirtió el portavoz.
Otro de los recortes sanitarios englobaría a las estancias hospitalarias. Estancias que forman parte de la decisión del médico pero que tendría que pagar el enfermo, que en Granada ascienden a 3 millones por año. También se pagaría un euro por cada receta, lo que se resumiría en un balance de 18 millones de euros al año.
Todas estas medidas sanitarias generarían en Andalucía un total de 284 millones: 81 millones al año en copado de urgencias, 24 millones en estancias hospitalarias, 169 en recetas... Iniciativas que, junto a las que afectan al sector de servicios sociales y al de dependencia, sumarían casi la mitad de las 225 medidas que el Gobierno plantea para recortar gastos en las administraciones.
Martínez Olmos calificó a Montoro de "depredador de la sanidad pública" y recriminó que el Gobierno no se coordina, ya que la ministra de Sanidad, Ana Mato, asegura que no piensa aplicar los recortes sanitarios pero "Cristóbal Montoro es quien actúa como responsable dando prueba de que es él que manda en sanidad", defendió el socialista tras añadir que "Ana Mato es la peor ministra de sanidad que ha tenido la democracia española". "No está defendiendo los intereses de los pacientes ni la fortaleza de un sistema público de salud", apostilló.
Por ello, el diputado recordó que el PSOE se opone totalmente a estas medidas, como ya expuso la presidenta de la Junta: "Si se adoptan esos recortes, no se van a llevar a cabo en Andalucía". Según concretó el diputado, si el próximo jueves se aprueban la nueva 'tijera' en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el PP, el Gobierno andaluz recurrirá a los tribunales para frenarlo. De hecho, ayer el PSOE entregó en el registro del Congreso de los Diputados la petición de comparecencia urgente para que la ministra de Sanidad y el ministro de Hacienda expliquen las medidas y el impacto que causarían. "Miran para otro lado, pero nosotros seguiremos exigiendo", afirmó Martínez Olmos.
Los socialistas se van a reunir con asociaciones de pacientes y organizaciones profesionales que han manifestado su oposición ante los recortes sanitarios. "No vamos a dejar que estas medidas se apliquen porque suponen un importante menoscabo para la calidad existencial". Como lamentó Martínez Olmos, la población española sitúa ya a la sanidad en la cuarta o quinta posición dentro de las encuestas del CIS como uno de los problemas que más les preocupan, algo que lleva pasando por primera vez desde dos años.
Estas medidas cargan sobre los que más necesidades tienen, ya que el 80% de las personas a las que perjudicarían esos recortes sanitarios serían los "pensionistas que viven gracias a una limosna de un par de euros mensuales". Es el caso, por ejemplo, del copago que podría implantarse por las consultas en los centros de salud para atender a las urgencias primarias y que supondría en la provincia una recaudación de 9,3 millones al año si el precio de tales consultas se concretara en un euro, "pero se ha hablado de que se podría cobrar hasta 5 euros por urgencia", advirtió el portavoz.
Otro de los recortes sanitarios englobaría a las estancias hospitalarias. Estancias que forman parte de la decisión del médico pero que tendría que pagar el enfermo, que en Granada ascienden a 3 millones por año. También se pagaría un euro por cada receta, lo que se resumiría en un balance de 18 millones de euros al año.
Todas estas medidas sanitarias generarían en Andalucía un total de 284 millones: 81 millones al año en copado de urgencias, 24 millones en estancias hospitalarias, 169 en recetas... Iniciativas que, junto a las que afectan al sector de servicios sociales y al de dependencia, sumarían casi la mitad de las 225 medidas que el Gobierno plantea para recortar gastos en las administraciones.
Martínez Olmos calificó a Montoro de "depredador de la sanidad pública" y recriminó que el Gobierno no se coordina, ya que la ministra de Sanidad, Ana Mato, asegura que no piensa aplicar los recortes sanitarios pero "Cristóbal Montoro es quien actúa como responsable dando prueba de que es él que manda en sanidad", defendió el socialista tras añadir que "Ana Mato es la peor ministra de sanidad que ha tenido la democracia española". "No está defendiendo los intereses de los pacientes ni la fortaleza de un sistema público de salud", apostilló.
Por ello, el diputado recordó que el PSOE se opone totalmente a estas medidas, como ya expuso la presidenta de la Junta: "Si se adoptan esos recortes, no se van a llevar a cabo en Andalucía". Según concretó el diputado, si el próximo jueves se aprueban la nueva 'tijera' en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el PP, el Gobierno andaluz recurrirá a los tribunales para frenarlo. De hecho, ayer el PSOE entregó en el registro del Congreso de los Diputados la petición de comparecencia urgente para que la ministra de Sanidad y el ministro de Hacienda expliquen las medidas y el impacto que causarían. "Miran para otro lado, pero nosotros seguiremos exigiendo", afirmó Martínez Olmos.
Los socialistas se van a reunir con asociaciones de pacientes y organizaciones profesionales que han manifestado su oposición ante los recortes sanitarios. "No vamos a dejar que estas medidas se apliquen porque suponen un importante menoscabo para la calidad existencial". Como lamentó Martínez Olmos, la población española sitúa ya a la sanidad en la cuarta o quinta posición dentro de las encuestas del CIS como uno de los problemas que más les preocupan, algo que lleva pasando por primera vez desde dos años.
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