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                                                                           TRIBUNA

RAFAEL RODRÍGUEZ PRIETO

Profesor de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad Pablo de Olavide

Los nacionalistas están dando un progresivo golpe de Estado con la pasividad culposa de Madrid. Las circunstancias han empeorado

Golpe de Estado y excepción

Puede Trump despreciar al Poder Judicial por suspender su orden migratoria? ¿Qué sucedería si se solicitara un referéndum en Arizona para expulsar a cualquier ciudadano musulmán? ¿Se diría que el Gobierno federal no tiene derecho a retirar esas urnas en virtud del "derecho a decidir"?

Hace tiempo que desde esta tribuna insistimos en que los nacionalistas están dando un progresivo golpe de Estado con la pasividad culposa de Madrid. Las circunstancias han empeorado. Se admite abiertamente la sustracción de datos personales o la confección de listas de desafectos al régimen. Lo próximo será un plan para enviar a los díscolos a cultivar calçots con los payeses, al estilo "revolución cultural mediterránea". Los que no sean recuperables se les purgará y listos. A esto hemos llegado. A que el máximo representante del Estado en una comunidad autónoma se arrogue el derecho de señalar a buenos o malos catalanes, en función de su militancia separatista. Si de algo pecó la Constitución española (CE) de 1978 fue de desmemoria. Los que antaño traicionaron a la II República, usan hoy medios y educación para inculcar un odio que no tardan en justificar o, peor, explicar. Mientras insultan la inteligencia de los ciudadanos catalanes desafectos y del resto de España, con un insufrible discurso, mezcla de supremacismo y tomadura de pelo, subvencionado por el interlocutor.

Es triste y aterrador: los mismos que nos han conducido a esta situación -PP y PSOE- deben sacarnos de ella. Desgraciadamente, parece que su máximo objetivo consiste en nutrir con más derechos y recursos a los golpistas, con el fin de aplazar un poco las cosas. ¿Por qué conformarse con esas ofertas cuando pueden tener un Estado a su imagen y semejanza donde no tengan que pisar la cárcel? Lo más lógico es que los nacionalistas continúen por la vía de los hechos consumados. Obviamente, seguirán actuando de facto como un Estado mientras puedan. Como señalan los internacionalistas, el Estado se basa en su efectividad como tal, es decir en arrogarse en exclusiva la capacidad de desplegar su poder en un territorio determinado. No sólo van a declarar formalmente la independencia; también es muy probable que nos enfrentemos a un periodo transitorio en que convivan dos legalidades en Cataluña, hasta que lo que reste de España sea eliminado por la vía de los hechos y de la coacción que se ejerza desde la Generalitat sobre el funcionariado. Paralelamente, esperarán el reconocimiento de algunos estados y negociarán un acuerdo de asociación con la UE. Para los inversores internacionales, la deuda de un miniestado es siempre negocio.

Todo ello significará que un tercio del censo electoral ha impuesto su voluntad a la mayoría de los ciudadanos catalanes y que esta imposición se ha llevado a cabo liquidando la convivencia, mediante estrategias totalitarias. Toda vez que una parte se separa, España desaparecería. Olvídense de pensiones, seguridad social, servicios públicos. El PIB se hundiría y los dos estados resultantes serían más pobres. Todos quedaríamos aún más al arbitrio de los grandes poderes económicos. Ya sé lo que está pensando. Al menos, no habría que volver a escuchar al coro de plañideros nacionalistas. Ingenuos. Al día siguiente en que fuera efectiva la aniquilación de España, los nacionalistas reivindicarían Levante y las Baleares. De esa forma, volverían a justificar las promesas entendió, frente a una mayoría que nunca entendieron incompatible ser catalán y español. Puede que después de una "limpieza identitaria" se consolidara una nueva doctrina: si la arcadia feliz no ha llegado, ha sido por los malvados vecinos. Y vuelta a comenzar.

Todo lo descrito puede suceder. ¿Cómo evitar el jaque mate? El Gobierno central debe creerse un Estado. Y además debe actuar como tal. La única medida proporcional a un golpe que implica la disolución de la soberanía nacional es acudir a los estados especiales (alarma, excepción o sitio) recogidos en el art. 116 de la CE. De hecho, no sería la primera vez: el Gobierno del dañino e irresponsable ZP usó este precepto contra los controladores aéreos en 2010, aunque de forma desproporcionada. Probablemente el art. 155 sería escasamente eficaz con un Gobierno en clara rebeldía y que ya ha desobedecido o actuado por su cuenta en cuantiosas ocasiones. Un uso inteligente, proporcional y diligente del 116 demostraría dos cosas básicas: que el estado existe en Cataluña y haría comprender, por vez primera, a los nacionalistas que sus acciones tienen consecuencias. Jugar la carta de la excepcionalidad no es apetecible. Pero las dudas se disipan si se trata de elegir entre la constitucional o una nacionalista totalitaria, anclada en la sedición, a la que nos hemos acostumbrado durante estos años. La situación es tan grave como el 23-F. ¿Estarán nuestros representantes a la altura de las circunstancias?