La nueva iniciativa legistaliva popular (ILP) admitida a trámite no puede confundir los objetivos.
A finales de octubre de 2019 era admitida a trámite en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular (ILP) sobre el precio de los nuevos medicamentos. Tras este placet, las instituciones promotoras disponen de 9 meses (+ 3 prorrogables) para recoger 500.000 firmas, necesarias para poder defender la ILP en sede parlamentaria. Hay otras organizaciones adheridas, lo que alienta la confianza en alcanzar el medio millón de apoyos. También es cierto que el éxito final es difícil: de ciento y pico ILP presentadas en 41 años de democracia, sólo dos han sido aprobadas, signo del poder de los partidos y su impermeabilidad a propuestas ajenas.
Origen de la propuesta
Ello no obvia la necesidad de esta iniciativa, originada por el escándalo de los altos precios de algunos medicamentos (de algunos, es importante reiterar), que se desató en España con el primero de los nuevos tratamientos contra la hepatitis C, el Sovaldi(R), que la multinacional Gilead comenzó a vender en EEUU –donde los precios son libres– en diciembre de 2013 a 84.000 dólares el tratamiento stándar de 84 días, esto es, a 1.000 dólares la pastilla y día. En España el precio se estableció en 2014 en torno a 25.000 € si bien, gracias a la batalla de las plataformas de enfermos de hepatitis C (PLAFHC, una de las firmantes de la ILP), el precio se redujo y se consiguió la distribución universal a los enfermos españoles desde abril de 2015. De ahí surgió el libro, publicado por Farmamundi: «Hepatitis C, la revolución de los pacientes», ejemplo de lo que la lucha social puede lograr.
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Pero la guerra no ha terminado. Como informaba Fernando Lamata, médico experto en política sanitaria, la agencia de alimentos y medicamentos estadounidense (FDA) aprobó el pasado mayo un nuevo fármaco, Zolgensma(R), una terapia génica para atrofia muscular espinal que su fabricante, la suiza Novartis, primera del mundo por facturación, venderá en EEUU a 2,1 millones de dólares por tratamiento. ¡Un precio estratosférico!
Objetivo de la ILP
“La meta es cambiar el sistema actual de fijación de precios de los medicamentos, impulsar la transparencia en sanidad y crear un fondo de investigación y formación independiente. Todo ello es necesario para asegurar la sostenibilidad de nuestros sistemas de salud públicos, puestos ante un desafío inusual en su historia”, aseguran los promotores de la ILP.
La agencia de alimentos y medicamentos estadounidense (FDA) aprobó el pasado mayo un nuevo fármaco para la atrofia muscular espinal, Zolgensma(R), que su fabricante, Novartis, venderá en EEUU a 2,1 millones de dólares por tratamiento
Pero no confundamos el objetivo; lo de precios justos se refiere a las nuevas terapias, de uso hospitalario. Los dispensados en farmacias tienen un precio muy reducido, siendo España, con Lituania, el país con los precios de las medicinas más bajas. Un bajo nivel que está provocando desabastecimientos por los envíos a otros países europeos mediante exportaciones paralelas, realizadas al margen del fabricante, pero legales según la normativa UE. Un ejemplo: Adiro(R), un medicamento de la casa Bayer contra los trombos en la sangre, cuesta en España 1,45 €/envase, frente a los 3,45€ (¡un 200% más!) en Portugal, país con nivel de vida claramente inferior al nuestro.
Farmacia asistencial
El gasto sanitario en recetas dispensadas en farmacias fue en 2018 un 16% inferior al que había en 2009, mientras el IPC aumentó un 12%. Este recorte del precio de las medicinas básicas está provocando que unas 900 farmacias españolas —denominadas de ‘viabilidad económica comprometida’ (VEC)— reciban ayudas públicas (vergonzosamente ocultadas) para garantizar su continuidad y otras 3.000 más pueden seguir ese camino, pues están en poblaciones rurales de esa España vacía donde son el único recurso sanitario permanente.
El recorte del precio de las medicinas básicas está provocando que unas 900 farmacias españolas —denominadas de ‘viabilidad económica comprometida’ (VEC)— reciban ayudas públicas (vergonzosamente ocultadas) para garantizar su continuidad
Por ello, desde Farmamundi —utilizando un adjetivo que se propugna para el uso correcto de los fármacos— deseamos que la ILP “sea racional y que no confunda el objetivo: evitar precios desorbitados del capitalismo salvaje, pero que garantice la continuidad asistencial que proporcionan las 22.000 farmacias españolas. Además, detallando de forma clara el objetivo podremos apoyarnos en esa amplia red de farmacias —muchas de ellas socias de Farmamundi— para lograr ese medio millón de apoyos”.
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