El gobierno del PP creó expectativas en los ciudadanos que sabía que no cumpliría.
En el año 2012 el gobierno del PP aprobó el Plan de infraestructuras, transporte y vivienda, el conocido como PITVI, con un marco temporal de 2012 a 2024. En este Plan, el Gobierno se comprometió por escrito y sobre el mapa a desarrollar una gran cantidad de nuevas autovías, líneas ferroviarias de alta velocidad y convencional, entre muchas otras, y lo hizo a sabiendas que le sería imposible ejecutarlo. Una sencilla operación matemática nos permite demostrar la frivolidad de los compromisos asumidos por el Gobierno del PP: el coste total de las infraestructuras planificadas, dividido por la media inversora del Ministerio de Fomento de la época, nos da como resultado un periodo de 40 años para poder cumplir los compromisos asumidos (quiero volver a recordar que el horizonte temporal de lo planificado eran 12 años).
El gobierno del PP creó expectativas en los ciudadanos que sabía que no cumpliría. El fugaz rédito electoral del compromiso pintado sobre sobre un mapa derivó en una epidemia de frustración ciudadana ante la falta de materialización de las promesas. A lo dicho hay que añadir la “trampa contable” ideada por el PP para seguir alimentando su gran engaño. Cada año incluían en los presupuestos partidas que sabían que no se podían ejecutar porque era imposible hacerlo sin los estudios informativos, los proyectos y las licitaciones necesarias para hacerlo, añadiendo otros engaños como dejar caducar las declaraciones de impacto ambiental para empezar de cero nuevamente los trámites administrativos, una y otra vez, y así tener una justificación más para no ejecutar lo prometido.
A esta dinámica se ha unido otra igual de perjudicial, que es la publicar cada año las inversiones territorializadas. Cuando en un territorio se están ejecutando inversiones en alta velocidad, que son las de mayor cuantía, esos territorios salen beneficiados en las comparativas con el resto, pero cuando estas obras están finalizadas bajan considerablemente y con ello, se ponen a la cola en inversión pública, algo que critican los medios de comunicación y ciudadanos de esos territorios, sin tener en cuenta cuáles son los motivos de la caída de las inversiones. Las inversiones territorializadas no pueden compararse en un solo ejercicio presupuestario. Este tipo de comparativas sólo cobran sentido en un espacio temporal más amplio e introduciendo magnitudes como puede ser la población, la extensión del territorio o las necesidades de mejorar la movilidad para favorecer la cohesión o el crecimiento económico.
A todo esto hay que sumar que en esos análisis no se pone el foco en las políticas que se aplican directamente sobre los ciudadanos sin segmentarlas por territorios, y en unos presupuestos como estos, tan sociales, estas partidas son muy considerables. Partidas para políticas de empleo, para vivienda, el aumento de las pensiones, del salario mínimo…
Sueño con el día que seamos capaces de analizar los datos con un mínimo de objetividad para sacar la conclusión de si son buenos o malos, pero sobre todo deseo que seamos capaces de diseñar unos Presupuestos que garanticen la igualdad de oportunidades de los territorios. Viniendo como vengo de una tierra como Extremadura, soy muy consciente de esa necesidad: llevamos años de retraso porque durante mucho tiempo algunos decidieron, por intereses puramente partidistas, primar a unos territorios respecto a otros hipotecando nuestro futuro y el de muchas generaciones.
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