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Volcán de Cumbre Vieja.

 Se cumplen 60 días de erupción continuada -lava, ceniza, piroclastos- del Volcán Cumbrevieja en la Isla canaria de La Palma. En la medida en que prosigue la emergencia, sin que por el momento resulte posible datar científicamente su extinción, no resulta aún posible una cuantificación de daños definitiva, aunque aproximativamente sólo quepa estimarla como una catástrofe cuya magnitud económica y social supera a ya a las que se recuerdan desde que contamos con registros y mediciones fiables. 

Vaya por delante que resulta imposible ponerse en la piel de quienes lo han perdido todo: viviendas, enseres, pertenencias personales y recuerdos de una vida. De ahí que, en cada interlocución con las personas damnificadas, sea tan obligada como sincera la expresión de empatía, solidaridad y respeto que su desolación merece. Sin duda esos sentimientos embargaron mi ánimo cuando, el viernes 12 de noviembre, tuve el honor de conversar personalmente con las dos relevantes Plataformas y Asociaciones de afectados por el Volcán en La Palma, en una ronda de contactos compartida con la Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Van Oostende, con el responsable de la Oficina de Atención del Gobierno de Canarias Sergio Matos, y con el consejero de Obras Públicas del Cabildo de La Palma Gonzalo Pascual, y en la que pude sostener una conversación fluida y constructiva con la Alcaldesa de Los Llanos de Aridane Noelia García. 

Tanto el Gobierno de Canarias, con su Presidente Ángel Víctor Torres a la cabeza, como el Gobierno de España, con una presencia cálida, en reiteradas ocasiones, de su Presidente Pedro Sánchez y de numerosos ministras y ministras, han hecho frente al inmenso reto de trasladar su compromiso de solidaridad con las autoridades locales e insulares -los municipios de La Palma impactados en la primera línea, y el Cabildo Insular-, y de alentar con esperanza de respuesta pronta y justa reparación a quienes sufren en carne propia el desgarro de la pérdida y la incertidumbre acuciante en torno al futuro de la Isla Bonita. Una y otra administraciones han adoptado relevantes Decretos Leyes, con la movilización de una amplia variedad de líneas de ayuda directa y apoyos complementarios. 

En cuanto a los Acuerdos y Decretos adoptados por el Gobierno de España, en una primera respuesta se decidió la declaración de La Palma como zona catastrófica y la concesión de 10’5 millones de euros como subvención directa al Gobierno de Canarias para la compra de 107 viviendas (5’5 m de euros) y enseres de primera necesidad para su habitabilidad (5 m euros). El Acuerdo de Consejo de Ministros/as se extiende además al detalle de las ayudas requeridas para una zona afectada por una emergencia de Protección Civil: a) ayudas para alquileres de vivienda; b) gastos municipales y servicios públicos esenciales; c) subvenciones para reparación de equipamientos; d) ayudas por daños en explotaciones del sector primario y acuicultura marina; e) ayudas para la promoción del turismo y regeneración medioambiental; f) medidas laborales en materia  de prestaciones por desempleo; g) bonificaciones de cuotas de la S.S;  h) beneficios fiscales de IBI e IAE; i) exenciones de tasas de Tráfico; j) bonificaciones de aranceles notariales y registrales; k) avales y créditos del ICO: l) moratorias de deudas hipotecarias y no hipotecarias.

En corto espacio de tiempo, el Real Decreto Ley (RDL) 20/21, de 5 de octubre, adicionó a la primera subvención otros 214 m euros, cuya asignación se articula en dos líneas de acción: a) subvenciones para daños en viviendas y locales, y b) actuaciones e impulso a la reconstrucción económica, laboral y social de la Isla. Las iniciativas cubiertas por el RDL se encuadran, a su vez, en diez ámbitos: ayuda directa de hasta 30.240 euros para la reparación de viviendas y establecimientos; empleo, S.S y Planes de Pensiones (63 m euros); sector agrario y pesquero (20, 8 m euros); suministros, infraestructuras y movilidad: medidas tributarias (exenciones de IBI Y IAE); protección de los consumidores; servicios sociales y violencia de género (recrudecida durante la emergencia), con 500.000 euros; biodiversidad y espacios naturales; sistemas reforzados de asistencia jurídica, notarial, judicial y de consultas registrales.

Entre las expresiones de solidaridad más encomiables, no huelga el reconocimiento de la iniciativa activada desde el Consejo canario del Notariado, que, con la implicación pro bono de responsables de Colegios notariales venidos de toda España, han puesto a disposición de la ciudadanía palmera afectada por la devastación no sólo su experticia y asesoramiento cualificado en seguridad jurídica y certificaciones, haciendo valer para ello sus bases de datos y avanzadas tecnologías de comunicación telemática con los Registros de la Propiedad.

En lo que respecta a las preocupaciones, subrayo la necesidad de poner en marcha una seria reflexión sobre las medidas legales o administrativas que permitan intervenir o corregir ciertos ámbitos del mercado interior del acotado ecosistema de La Palma, en que se ha puesto de manifiesto un abrupto brote especulativo, que ha encarecido súbitamente el precio de los alquileres (a la vista de las necesidades imperiosas de realojamiento de cientos de personas que han perdido sus casas, además de otros muchos solicitantes de albergue por multitud de consideraciones humanas, además de las de la población flotante que visita la Isla a propósito de la erupción), como de otros servicios (vehículos o transportes, entre otros).

Todas las ayudas son pocas ante una emergencia así. Ninguna pueda obrar con la ansiada inmediatez la reparación que reclaman quienes han sufrido en primera persona la destrucción o desposesión de sus propiedades y de una parte intangible de sus vidas. Pero todas deben esmerarse en reducir en lo posible cualquier formalismo burocrático que pueda tener un efecto obstativo -o peor aún, impeditivo- de la satisfacción de las necesidades vitales desatadas por la brutalidad despiadada del Volcán.

Pero aún queda activar la esperable ayuda europea, en que la UE suma esfuerzos a los que ya despliegan las autoridades locales e insulares, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. Es cierto que el Mecanismo UE de Protección Civil ha permitido activar la Red Satelital Copérnicus, cuyo seguimiento de la actividad eruptiva 24/7 ha sido crucial para prever y actuar en la salvaguardia de las vidas humanas. Pero también que el Fondo UE de Solidaridad ante Emergencias y Catástrofes (incendios, estragos, terremotos, destrucción de infraestructuras: supuestos todos condensados en la destrucción causada por el Volcán Cumbrevieja), cuya solicitud ha de elevarse en un lapso de hasta 12 semanas desde el supuesto de hecho que la justifica, deberá ampliar su crédito disponible (500 m euros, superado ya por los daños en  La Palma, aun cuando su cuantificación última continúe hoy pendiente) y recibir la aprobación del Parlamento Europeo (PE) de acuerdo con el principio de flexibilidad presupuestaria que permitirá imputar esa asignación solidaria en el arco temporal del Marco Financiero Plurianual 2021/2027.

Los eurodiputad@s que representamos a regiones ultraperifericas (RUP) trabajaremos de consuno para sumar desde la UE a la solidaridad regional y nacional ya activada. El objetivo es aunar los apoyos transversales necesarios en el PE para asegurar que la UE se incorporará a ese concierto amplio de voluntades. Y que emitirá un inequívoco mensaje no sólo de apoyo a la recuperación, sino también, y sobre todo, de pertenencia a un proyecto europeo, cohesivo y solidario en lo interterritorial como en lo socio económico e intergeneracional- que viene a ponerse a prueba, al límite, allí donde lo inesperado golpea implacablemente: en ese territorio europeo y en esa ciudadanía europea que desde la Palma interpela al conjunto de la UE.