Repitámoslo mil veces: si los EEMM pusieran en común sus esfuerzos defensivos, sumarían más y mejor proyección global y eficacia operativa.
Esta tercera semana de noviembre el Parlamento Europeo (PE) celebra su sesión plenaria en Estrasburgo. Precedida, como no es infrecuente, de un “miniPleno” extraordinario de dos días de duración a mediados de este mes en la sede de Bruselas, el orden del día de este Pleno contempla un catálogo denso de puntos de interés paneuropeo.
Entre ellos, un debate sobre la exigencia del PE de coordinación europea de las medidas de emergencia a adoptar por los Gobiernos nacionales de los Estados miembros (EEMM) de la UE para hacer frente a un rebrote de contagios (“incidencia acumulada”) especialmente incidente en aquellos países en los que el negacionismo y la resistencia antivacunal arroja porcentajes más altos. Momento para recordar que el Cerfificado Digital Covid UE fue legislado por el PE con el propósito exclusivo (Purpose Limitation Clause) de restaurar la libre circulación de personas en el Espacio Schengen de la UE, y que su actual “ola” de exigencia para otros usos interiores no encuentra base legal en el Reglamento (ley europea) de la UE, sino en la extensión de su utilidad y eficacia dentro de los EEMM establecida con posterioridad en una “marea” (aun en marcha) de leyes nacionales adoptadas por los respectivos legislativos nacionales.
Cuando se nos pregunta en la UE por qué en España y Portugal se arrojan las tasas de vacunación más altas de Europa (y del mundo) sólo cabe responder fijando la atención en la excelencia de nuestros sistemas públicos de salud y la estrategia desplegada por sus Gobiernos progresistas con una prioridad absoluta en las vidas que se han salvado merced a una considerable inversión de recursos, compatible en ambos casos con la solidaridad internacional en la transferencia de vacunas a países en desarrollo. No en vano, a estas alturas del esfuerzo contra la pandemia y las recidivas del Covid (las sucesivas “olas”), resulta, además, innegable la correlación existente a todo lo ancho de la UE (como en otras latitudes) entre negacionismo y resistencia antivacunal y los caladeros de voto de una extrema derecha reaccionaria y eurófoba. Va siendo hora de aprender las lecciones acumuladas en estos casi dos años de lucha contra una pandemia global como no habíamos visto otra en nuestras vidas.
Debatimos además el resultado de la conciliación entre las posiciones del Consejo y del PE sobre el Presupuesto para 2022 en el Marco Financiero Plurianual /MFF 2021/2027, entre las que destaco la que incrementa en 211 millones de euros adicionales la consignación del Fondo UE de Solidaridad ante Emergencias (inicialmente fijada en 500 millones de euros). Concebido para hacer frente a catástrofes naturales como “terremotos, estragos, incendios o destrucción de infraestructuras”, es indudable que el Volcán CumbreVieja de La Palma reúne y suma todos estos supuestos, haciendo imperiosa una contribución de solidaridad europea a la reparación de unos daños (reconstrucción de infraestructuras, albergues de emergencia, restauración de equipamientos, centros de salud y escuelas destruidas) que ya superan con mucho el umbral de elegibilidad para acceder a este Fondo (1% del PIB de una Región Ultraperiférica, siendo Canarias la única C.A española que cualifica en esta categoría). Una vez aprobada la ampliación de crédito disponible, será el momento de sumar solidaridad europea a la ya activada en lo inmediato por el Gobierno canario y por el Gobierno de España, así como de remover cuantos formalismos burocráticos puedan ser impeditivos de su liquidación más eficaz e inmediata.
Otro asunto principal de este Pleno de noviembre lo ha sido, inevitablemente, la situación planteada en las fronteras exteriores de la UE como consecuencia de las actuaciones contrarias al Derecho internacional y a los derechos humanos por gobernantes carente de escrúpulos y de contrapoderes jurídicos y políticos en nuestra vecindad. El desafío político y diplomático planteado ante la UE por el déspota Lukashenko en la frontera de Bielorrusia con Polonia (EM), reaviva un debate que enhebra, entre sus puntos de apoyo, la continuada exigencia de que cualquier país de la UE respete los derechos fundamentales consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE/CDFUE (con el mismo valor jurídico que los Tratados, art.6 TUE) y el Sistema Europeo Común de Asilo (que integra al menos ocho actos legislativos aprobados por el PE de obligado cumplimiento por todos los EEMM), sino también, urgentemente, avanzar en una Política Común de Seguridad y Defensa, como propugna incansablemente el HighRep (jefe de la diplomacia europea) Josep Borrell.
Pocas veces se explica con suficiente eficacia pedagógica hasta qué punto la actual fragmentación, cuando no división, de las capacidades diplomáticas (muy desiguales entre sí) y estructuras defensivas (aún más heterogéneas) de los EEMM de la UE, perjudica la alegada “vocación de relevancia global” de la respuesta europea a los grandes retos de gobernanza multilateral de la globalización), así como cuánto aprovecha este estado de cosas tan manifiestamente mejorable a los gobernantes vecinos que ejercen su presión o “chantaje” para imponer su ventaja ante la clamorosa ausencia y/o defecto de una respuesta unitaria del conjunto de la UE.
Repitámoslo mil veces: si los EEMM pusieran en común sus esfuerzos defensivos, sumarían más y mejor proyección global y eficacia operativa, hasta erigirse en la segunda potencia militar y de respuesta ante posibles emergencias en el mundo (por detrás de EEUU, pero en ventajosa paridad con China, y muy por encima de Rusia y sus aliados o satélites como el tirano Lukashenko). El actual paisaje, integrado por retales sin voluntad política para su puesta en común, explica en buena medida el ofensivo bullying que practican por turnos quienes exponen a la UE ante sus debilidades o la explotan para arrancar contrapartidas económicas a cambio de su apaciguamiento (appeasement) o de contrapartidas políticas o económicas, ya sea la actual tragedia en la frontera de Bielorrusia con Polonia, ya sea en las Islas Griegas ante la Turquía de Erdogan, ya sea en las prospecciones autorizadas por Marruecos ante las costas canarias.
En la concreta situación en la frontera polaca, es una triste ironía que la solidaridad deba movilizarse para afirmar la dimensión europea de esta crisis en un EM gobernado por una ultraderecha reaccionaria que niega toda solidaridad a los EEMM de la frontera sur en el Mediterráneo y en el Atlántico (España ante la ruta canaria hacia la UE) que tanto la necesitan y tanto la echan de menos.
Y aun una señal preocupante: no parece que la presión bielorrusa causando tanto sufrimiento a seres humanos vulnerables e inocentes, explotados hasta la náusea en su desesperación por alcanzar la UE mientras se acerca con toda su crudeza el “General Invierno”, haya conmovido un ápice al Gobierno polaco, cuyas declaraciones persisten con contumacia en su rechazo inclemente contra cualesquiera migrantes y demandantes de asilo.
Una actitud desoladora que sólo crece a la vista del daño sistémico que la reacción oficial de las autoridades polacas causa a la reputación de la UE, paliado -y así hay que reconocerlo- por activistas polac@s de los derechos humanos y ONGs humanitarias que les prestan asistencia. Arriesgándose, al hacerlo, a su criminalización bajo alguna torcida o infame manipulación de esos tipos penales todavía allí vigentes para castigar sin piedad toda “colaboración con la llegada de migrantes en situación irregular”.
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