La región tiene que elevar su voz en el inminente debate sobre la igualdad entre los españoles en el acceso a los servicios públicos fundamentales.
JOAQUÍN AURIOLES
ACABA de publicarse la Memoria del Consejo Económico y Social (CES) correspondiente a 2015 y el Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas (Ministerio de Hacienda), popularmente conocidas como balanzas fiscales y referidas a 2013. De ambas se extrae como conclusión un sombrío panorama económico para Andalucía.
El punto de partida es que la crisis ha golpeado más intensamente a España que al conjunto de Europa y, dentro de la primera, a las comunidades más pobres que a las ricas. La convergencia en PIB por habitante que se inició tras la integración de España en la Comunidad Europea se quebró bruscamente en 2008 y desde entonces las diferencias no han dejado de aumentar. En 2007 España estaba 2,7 puntos por encima de la media europea en PIB per cápita medido en paridad de poder adquisitivo, es decir, corregido con el nivel de precios relativo, pero en 2014 se encontraba 9,1 puntos por debajo. Según el INE, el PIB per cápita español en 2015 fue de 23.290 euros, aunque con importantes desigualdades. En Andalucía fue un 25,9% inferior, que es incluso peor que al comienzo de la autonomía, mientras que los madrileños, los más afortunados, estaban un 36,6% por encima de la media española y un 84,3% mejor que los andaluces. Puesto que la economía española crece más intensamente que la europea, cabe esperar una corrección significativa de las diferencias en los próximos años, pero la perspectiva de las desigualdades regiones en España es bastante más negativa, especialmente para Andalucía, gravemente afectada por la insuficiencia de las finanzas públicas y la retirada de fondos europeos.
En este contexto hay que situar la torpe o interesada interpretación, afortunadamente no generalizada, de que Madrid es la comunidad más sacrificada y la andaluza la más beneficiada por los saldos fiscales entre el Estado y las comunidades autónomas. Si nos adentramos por los recovecos de las balanzas fiscales nos encontraremos que cada español contribuye a los recursos totales del estado con 7.596 euros, mientras que cada andaluz aporta 6.076, es decir un 20% menos, mientras que cada madrileño lo hace con 9.878, que es un 30% más que la media española y un 62,6% más que los andaluces. Las diferencias son importantes, pero inferiores a las observadas en PIB por habitante, lo que significa que la contribución de los andaluces a los ingresos del estado representa una proporción del PIB superior a la media española, mientras que la de los madrileños es inferior. Esta relación se llama presión fiscal y en Andalucía es el 37%, en España el 36% y en Madrid el 33%.
En el otro lado de la balanza se concluye que cada español recibió servicios públicos por valor de 8.684 euros en 2013. Los madrileños estuvieron algo peor que el resto (8.249 euros, un 4,5% menos), pero todavía mejor que los andaluces, que recibimos 7.984 euros por persona, un 8% menos que la media española y un 3,2% menos que los madrileños. Si alguna conclusión contundente se puede extraer de estos datos es que Andalucía tiene que elevar bien alta su voz en el inminente debate sobre la igualdad entre los españoles en el acceso a los servicios públicos fundamentales.
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