La 'okupación' de una vivienda de alquiler social en Almanjáyar ha sido la causa por la que una pareja ha sido desalojada
CARMEN MARCHENA GRANADA
El barrio de Almanjáyar fue testigo ayer de un desahucio más. Concretamente, el número 7 de la calle Arquitecto Modesto Cendoya, unos pisos de alquiler social que pertenecen a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). Los afectados son Daniel Bravo y Rocío Ortiz, una pareja de 28 años que residía en el domicilio de la tía del joven desde que el pasado mes de noviembre falleció la adjudicataria.
Llevaban nueve meses empadronados en el domicilio y con la intención de hacer el cambio de titularidad, algo que -según Daniel Bravo- le ha sido imposible ante la negativa de la Junta de Andalucía. El auto de desalojo se emitió el pasado 26 de julio y fue entregado a través de correo certificado el 4 de agosto. El viernes pasado se personó una pareja de policías avisando de que el lunes por la mañana se llevaría acabo la ejecución. Ante la advertencia, los miembros de la familia acudieron junto a activistas de la Plataforma Stop Desahucios 15M Granada al secretario judicial de guardia para presentarle el auto.
Según explicaron ayer a este diario desde la plataforma, el responsable judicial les aclaró que, "a todos los efectos, el mes de agosto es inhábil y que sólo se actúa en casos de hurto y violencia de género". En el auto presentado se notifica que la ejecución de la resolución "deberá llevarse a efecto en el plazo de un mes de la comunicación de la misma". De este modo, correspondería al 4 de septiembre, un mes después de recibir la carta certificada. Otra peculiaridad del auto es la carencia de firma, sólo aparecen "el magistrado juez" y "la letrada de la administración de justicia".
Además de haberse ejecutado el desalojo en un mes inhábil, el afectado se encontraba en periodo de reclamación al haber pasado sólo cuatro días desde la recepción del auto en el domicilio.
La pareja afectada, junto a miembros de la plataforma, se presentaron ayer a las 9 de la mañana en el Juzgado de lo Contencioso para conocer su situación y a las 10 estaban citados con el técnico de AVRA. Al mismo tiempo, varios miembros de la plataforma se personaron en el domicilio a esa hora, con la sorpresa de que un importante despliegue de policías estaban procediendo al cambio de puerta de la vivienda pese a que todos los bienes de la pareja y una mascota se encontraba en su interior.
"No me han dejado sacar nada, ni han presentado ningún papel que certifique la ejecución", asegura el afectado. Según fuentes de la Plataforma, desde AVRA informan que no es desahucio sino una "recuperación posesionaria" que les permite llevar a cabo la acción sin auto del juzgado. Los activistas denuncian el hecho como un "acto de indefensión propia", pues no han tenido margen de actuación al respecto.
Por su parte, la delegada de Fomento en Granada, Mariela Fernández, enmarca esta acción dentro de un plan de regularización de viviendas del parque público "para evitar casos de ocupación ilegal como éste". La delegada justifica que la situación de esta pareja ha sido previamente estudiada y su ejecución advertida desde hace más de un año.
Llevaban nueve meses empadronados en el domicilio y con la intención de hacer el cambio de titularidad, algo que -según Daniel Bravo- le ha sido imposible ante la negativa de la Junta de Andalucía. El auto de desalojo se emitió el pasado 26 de julio y fue entregado a través de correo certificado el 4 de agosto. El viernes pasado se personó una pareja de policías avisando de que el lunes por la mañana se llevaría acabo la ejecución. Ante la advertencia, los miembros de la familia acudieron junto a activistas de la Plataforma Stop Desahucios 15M Granada al secretario judicial de guardia para presentarle el auto.
Según explicaron ayer a este diario desde la plataforma, el responsable judicial les aclaró que, "a todos los efectos, el mes de agosto es inhábil y que sólo se actúa en casos de hurto y violencia de género". En el auto presentado se notifica que la ejecución de la resolución "deberá llevarse a efecto en el plazo de un mes de la comunicación de la misma". De este modo, correspondería al 4 de septiembre, un mes después de recibir la carta certificada. Otra peculiaridad del auto es la carencia de firma, sólo aparecen "el magistrado juez" y "la letrada de la administración de justicia".
Además de haberse ejecutado el desalojo en un mes inhábil, el afectado se encontraba en periodo de reclamación al haber pasado sólo cuatro días desde la recepción del auto en el domicilio.
La pareja afectada, junto a miembros de la plataforma, se presentaron ayer a las 9 de la mañana en el Juzgado de lo Contencioso para conocer su situación y a las 10 estaban citados con el técnico de AVRA. Al mismo tiempo, varios miembros de la plataforma se personaron en el domicilio a esa hora, con la sorpresa de que un importante despliegue de policías estaban procediendo al cambio de puerta de la vivienda pese a que todos los bienes de la pareja y una mascota se encontraba en su interior.
"No me han dejado sacar nada, ni han presentado ningún papel que certifique la ejecución", asegura el afectado. Según fuentes de la Plataforma, desde AVRA informan que no es desahucio sino una "recuperación posesionaria" que les permite llevar a cabo la acción sin auto del juzgado. Los activistas denuncian el hecho como un "acto de indefensión propia", pues no han tenido margen de actuación al respecto.
Por su parte, la delegada de Fomento en Granada, Mariela Fernández, enmarca esta acción dentro de un plan de regularización de viviendas del parque público "para evitar casos de ocupación ilegal como éste". La delegada justifica que la situación de esta pareja ha sido previamente estudiada y su ejecución advertida desde hace más de un año.
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