Francisca Guerrero y su marido sobreviven en su piso de La Chana con una ayuda familiar de 426 euros El matrimonio se enfrenta a una orden de desahucio y recibos pendientes
CARMEN MARCHENA GRANADa
Hace un año que a Francisca Guerrero, de 57 años, le amputaron la primera pierna al ser diagnosticada de arterioesclerosis. Esta enfermedad que endurece, aumenta el grosor y disminuye la elasticidad de las arterias le ha arrebatado las dos piernas en cuestión de meses.
Francisca junto a su marido, José Castro, se encuentran en una situación alarmante. Tras sufrir cinco ictus, someterse a diecisiete operaciones y perder ambas piernas, a esta mujer sólo le dan un 69% de minusvalía a la espera de una nueva revisión, además de denegarle por segunda vez la paga por discapacidad en la Seguridad Social. Este matrimonio sobrevive gracias a la ayuda familiar de 426 euros que cobra su marido, desempleado desde hace ocho años. El motivo por el que se le deniega la ayuda a Francisca es por el pago con recargo de unos sellos del subsidio agrario que nunca llegó a cobrar debido a la nómina de su marido.
Francisca y José tienen dos hijas y tres nietos, ambas se encuentran en inestable situación laboral pero no residen en el domicilio familiar. La casa tiene una hipoteca de 600 euros y le quedan diez años por pagar. Hace tres recibieron una carta de desahucio tras la imposibilidad de pagarlo una vez se le acabó el paro a José.
Éste se ha paralizado hasta septiembre de 2017 y según Francisca, "vino motivado por la fusión del banco donde teníamos la hipoteca (Citibank), en el que muchas hipotecas fueron a parar a fondos buitre, en nuestro caso a Celeris Servicios Financieros". El matrimonio asegura que se ha visto extorsionado y amenazado con llamadas desde esta financiera.
La casa en la que residen desde hace dos décadas se encuentra "adaptada" a las necesidades de Francisca. El cuarto de baño dispone de una ducha a ras del suelo que sólo le fue útil a la afectada cuando le amputaron la primera pierna. Con la amputación de la segunda pierna, la silla de ruedas con la que se desplaza no cabe por el marco de la puerta por lo que ahora la asean desde la cama. La Seguridad Social le ha provisto de una grúa para transportarla de la silla a la cama, que también está adaptada.
Una ayudante acude diariamente una hora y media para ayudar a Francisca a asearse, arreglar el cuarto de baño y su habitación. El tiempo restante es José quien se encarga de auxiliarla, con el contratiempo de que este sufre una hernia que le provoca un gran dolor cada vez que tiene que desplazarla.
Francisca asegura que desde la Junta le podrían proporcionar un piso adaptado pero que el suyo no lo reforman por la orden de desahucio. Algo a lo que el matrimonio se opone, pues como dicen "este piso nos ha costado mucho esfuerzo comprarlo y ahora nos está costando mucho llanto. Si nos vamos, puede que nunca podamos volver a entrar".
Francisca y José comen "de la caridad" gracias a las ONG, Cáritas y Tira pa'lante, el matrimonio dispone de alimentos básicos. La nevera también se la costeó Cáritas y todo por el retraso de pagos en facturas de luz, agua y gas, así como de la multa de 600 euros que le puso Endesa por seis meses de pagos retrasados.
El matrimonio se encuentra desde marzo a la espera de que le asignen un abogado que le resuelva el tema de la hipoteca, además de la revisión de la minusvalía de Francisca -que se mantienen en 69%- y el documento recurrido por el que se le deniega la paga por minusvalía. Mientras tanto, Francisca espera encerrada entre las cuatro paredes de su casa.
Francisca junto a su marido, José Castro, se encuentran en una situación alarmante. Tras sufrir cinco ictus, someterse a diecisiete operaciones y perder ambas piernas, a esta mujer sólo le dan un 69% de minusvalía a la espera de una nueva revisión, además de denegarle por segunda vez la paga por discapacidad en la Seguridad Social. Este matrimonio sobrevive gracias a la ayuda familiar de 426 euros que cobra su marido, desempleado desde hace ocho años. El motivo por el que se le deniega la ayuda a Francisca es por el pago con recargo de unos sellos del subsidio agrario que nunca llegó a cobrar debido a la nómina de su marido.
Francisca y José tienen dos hijas y tres nietos, ambas se encuentran en inestable situación laboral pero no residen en el domicilio familiar. La casa tiene una hipoteca de 600 euros y le quedan diez años por pagar. Hace tres recibieron una carta de desahucio tras la imposibilidad de pagarlo una vez se le acabó el paro a José.
Éste se ha paralizado hasta septiembre de 2017 y según Francisca, "vino motivado por la fusión del banco donde teníamos la hipoteca (Citibank), en el que muchas hipotecas fueron a parar a fondos buitre, en nuestro caso a Celeris Servicios Financieros". El matrimonio asegura que se ha visto extorsionado y amenazado con llamadas desde esta financiera.
La casa en la que residen desde hace dos décadas se encuentra "adaptada" a las necesidades de Francisca. El cuarto de baño dispone de una ducha a ras del suelo que sólo le fue útil a la afectada cuando le amputaron la primera pierna. Con la amputación de la segunda pierna, la silla de ruedas con la que se desplaza no cabe por el marco de la puerta por lo que ahora la asean desde la cama. La Seguridad Social le ha provisto de una grúa para transportarla de la silla a la cama, que también está adaptada.
Una ayudante acude diariamente una hora y media para ayudar a Francisca a asearse, arreglar el cuarto de baño y su habitación. El tiempo restante es José quien se encarga de auxiliarla, con el contratiempo de que este sufre una hernia que le provoca un gran dolor cada vez que tiene que desplazarla.
Francisca asegura que desde la Junta le podrían proporcionar un piso adaptado pero que el suyo no lo reforman por la orden de desahucio. Algo a lo que el matrimonio se opone, pues como dicen "este piso nos ha costado mucho esfuerzo comprarlo y ahora nos está costando mucho llanto. Si nos vamos, puede que nunca podamos volver a entrar".
Francisca y José comen "de la caridad" gracias a las ONG, Cáritas y Tira pa'lante, el matrimonio dispone de alimentos básicos. La nevera también se la costeó Cáritas y todo por el retraso de pagos en facturas de luz, agua y gas, así como de la multa de 600 euros que le puso Endesa por seis meses de pagos retrasados.
El matrimonio se encuentra desde marzo a la espera de que le asignen un abogado que le resuelva el tema de la hipoteca, además de la revisión de la minusvalía de Francisca -que se mantienen en 69%- y el documento recurrido por el que se le deniega la paga por minusvalía. Mientras tanto, Francisca espera encerrada entre las cuatro paredes de su casa.
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