CARMEN MARCHENA
Familias numerosas que sobreviven de la manera más digna posible con menos de 300 euros al mes; okupaciones obligadas por las trabas para optar a un alquiler social; menores con problemas psicológicos a raíz de la situación de exclusión de su familia o padres y madres que temen por la custodia de sus hijos, son sólo algunas de las crudas realidades vividas por personas corrientes de Granada.
Cada vez son más las familias que sufren pobreza energética, un problema que va ligado y que se suma al desempleo, a las deudas hipotecarias y de alquiler. Y que en definitiva, supone una lacra cada vez más presente en los hogares granadinos y de España.
El grupo de trabajo de Stop Desahucios 15M Granada surgió hace un año y medio ante la imposibilidad de muchas familias que pasaban por la plataforma de pagar las facturas de los suministros básicos: luz y agua.
Desde su formación son más de 70 familias las que han pasado por las manos de este grupo de voluntarios que lo primero que hacen es "recibir a las personas afectadas con mucho cariño y escucharlas para que se desahoguen". El perfil de los usuarios no tiene una edad concreta, suelen ser personas desempleadas o que cobran en negro, madres solteras o separadas y personas con serios problemas para afrontar su alquiler o hipoteca. En definitiva, personas con una situación harto complicada.
Una vez se pone en conocimiento la situación del usuario, el grupo le informa de qué manera se le puede ayudar y cuáles son las vías que tiene que tomar para posibles soluciones. El primer paso es acudir a servicios sociales para solicitar las ayudas específicas dependiendo de las necesidades del usuario.
En la primera visita, un miembro ro del grupo procura acompañar a los usuarios para que no se sientan inseguros, asimismo apuntan el nombre del trabajador social para hacer un seguimiento del caso.
Entre las acciones desarrolladas por el Grupo de Suministros Básicos destacan las mesas de negociaciones que tienen tanto en Emasagra como en Endesa. En estos encuentros se les facilita el certificado de exclusión que avala que la persona no puede hacer frente al pago de las facturas.
En el caso de que haya un corte, se negocia el fraccionamiento de la deuda, ya que además la reconexión y las facturas de los meses siguientes también tienen su coste, por lo que se intenta englobar un fraccionamiento que abarque todo, en función de las posibilidades de los afectados.
"Hay que conseguir que no hagan cortes tajantes en las casas, las empresas no tienen ni idea de la cantidad de familias que no pueden hacer frente a las facturas", apostilla una de las vocales del grupo. Si por algo surgió en la plataforma el grupo de Stop cortes de Suministros Básicos, fue porque son muchas las personas que van a reclamar los cortes pero desconocen el protocolo de fraccionamiento con las empresas.
"Emasagra y Endesa deberían facilitar el proceso de fraccionamiento a las personas afectadas, pues muchas no saben de la existencia de nuestras mesas de negociación y los cortes de suministros se extienden mientras la deuda aumenta", lamenta la activista.
Mientras miles de familias de la provincia pasan el invierno bajo sus mantas y acompañados de la lumbre de una vela que les desahoga de un más que seguro aumento en sus facturas, otras muchas despiertan cada día con la esperanza de no recibir la carta que les advierta de su desahucio.
Jacin. Stop a los cortes de suministros
"Mi okupación ha sido un verdadero éxito"
Nada menos que 15 años llevaba Jacin en su casa del Zaidín, cuando tras su separación se vio con problemas para afrontar el alquiler y el pago de suministros.
Por un lado, su marido no le pasaba la pensión de 300 euros por sus dos hijos menores y ella, que en aquella época trabajaba en una fábrica de lámparas, no podía desembolsar cada mes 330 de alquiler más el agua y la luz.
Los pagos comenzaron a demorarse, "había meses que pagaba a mis caseros 200 euros, y así iba dependiendo de lo que cobrara ese mes", recuerda Jacin, que actualmente es uno de los pilares fundamentales del Grupo de Suministros Básicos de Stop Desahucios 15M Granada.
Solicitar vivienda pública fue la primera salida para Jacin. Acudió a servicios sociales para dar a conocer su situación y ver las posibles vías de solución. Desde servicios sociales le ofrecieron un piso en Avenida Dílar para un año, pero al no tener garantía de pago, pues lo poco que cobraba era en negro más la ayuda de 426 euros. Emuvyssa le denegó finalmente dicho piso.
Jacin aguantó en el piso hasta que las amenazas de los caseros y una deuda de casi 1.000 euros estallaron la situación. La hoy activista de Stop Desahucios fue demandada por su casero y las negativas para vivienda pública de Emuvyssa, Visogsa y AVRA agudizaban aún más el problema.
"Me demandaron hace tres años, y tras la demanda estuve en el piso un año sin pagar hasta que me llegó la orden de desahucio", recuerda Jacin. El juicio, finalmente, terminó en un acuerdo por el que Jacin pagó la deuda de 1.000 euros a cambio de que le dejasen un margen para buscarse una vivienda donde mudarse.
"Pretendían que me fuese un 24 de diciembre pero dialogué con ellos y les dije que por favor me dejasen pasar unas navidades tranquila con mis hijos". Jacin dejó su casa después de tres lustros el 5 de enero de 2015 y comenzó una nueva etapa en una nueva vivienda próxima a su antigua casa en el barrio del Zaidín.
Jacin dedicó la Navidad de aquel año a localizar un espacio donde acogerse y que resultó ser una vivienda de primera ocupación de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).
Antes de okuparla, esta madre coraje tomó la precaución de hablar con la presidenta de la comunidad del edificio para que no hubiese ningún tipo de problema o molestia por parte del vecindario. Y así fue, los Reyes de 2014 llegaron entre cajas de mudanza y con 48 horas de urgencia por delante, por si la Policía se personaba en el inmueble. Tras dos días de encerrona, Jacin y sus hijos comenzaron a hacer vida normal con el handicap de que al ser vivienda de primera ocupación, instalar el agua y luz no fue tarea fácil. Siguiendo el protocolo establecido en la plataforma, la activista se personó en el Ayuntamiento para informar de su situación y de la necesidad de la licencia de ocupación para dar de alta los suministros.
Cabe destacar que la actual vivienda de Jacin perteneció a Emuvyssa y a principios de 2016 se traspasó a AVRA, con una deuda acumulada con la comunidad. La Junta no supo de la okupación hasta marzo del año pasado, cuando un trabajador de AVRA intentó abrir la puerta y se encontró la cerradura cambiada.
"En el momento que sentí que intentaban abrir la puerta de mi casa me asusté muchísimo, luego entendí que sería un trabajador de AVRA y de que se acababan de dar cuenta que habían okupado un piso propiedad de la agencia".
Tras un fin de semana sin salir, Jacin se personó en la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, donde en un primer momento le dijeron que esa no era su casa, a lo que ella respondió: "esa es mi casa desde hace dos años y quiero negociar".
Tras exponer su caso y avalar con documentos y certificados su situación de exclusión total, desde la Consejería le dieron la razón "llevándose las manos a la cabeza cuando conocieron el historial vivido tras el desahucio, advirtiéndole de que su caso era muy particular", afirmó Jacin.
Respecto a los suministros, la familia tuvo la gran suerte de tener luz desde el primer momento gracias a su vecina. "Estuvimos 2 meses con la luz de su casa intentando hacer el gasto mínimo", comenta Jacin. El agua era otro asunto, pues durante los primeros momentos tuvieron que acudir a casa de conocidos y familiares a por agua y para ducharse, aunque finalmente optaron por pincharla.
"Durante un año estuve levantándome todos los días a las seis de la mañana para enganchar el agua sin que nadie me viese, además de estar pendiente de que no me pillase el revisor del contador". Un esfuerzo que resultó en vano al descubrirse la treta y verse con la obligación de reengancharse al suministro de nuevo.
Tras una dura negociación con Emasagra, le hicieron el contrato del agua que vino de la mano del empadronamiento en la vivienda. "A partir de ahí surgió el Grupo de Suministros Básicos".
Esta imbatible activista sigue esperando que la Junta le haga el contrato en precario para dar de alta la luz. Un asunto que se demora por la demanda que la comunidad puso a la institución por la deuda con las cuotas de comunidad. Mientras tanto, Jacin que cobra el subsidio de desempleo y lo que saca limpiando tres casas, aguarda un alquiler social.
Sensi. Stop desahucios granada 15M
"Okupé acogiéndome al derecho a una vivienda"
Sensi, de 36 años, es limpiadora, está separada y tiene dos hijas de 16 y 7 años. Por contrato cobra 30 euros mensuales más los apenas 100 que puede ganar en negro. Desde febrero de 2015 es okupa por necesidad, ya que al reducirle la jornada laboral no pudo hacer frente al alquiler de su antigua vivienda.
Para esta madre coraje pasar una noche durmiendo en el coche con sus hijas bastó para "pegarle una patada a la puerta" de una vivienda inhabitada que encontró en una urbanización de La Zubia. Ese mismo día la Guardia Civil entró, pues era de un particular y tuvo un plazo de 10 días para abandonar el piso.
Tras acudir por primera vez a la asamblea de Stop Desahucios del pueblo, sin haber dejado aún el piso de La Zubia, okupó otro piso propiedad de un banco "para no verme de nuevo en la calle y agarrándome al derecho a la vivienda", advirtió Sensi, quien tuvo la esperanza de que la entidad bancaria le brindase un alquiler social una vez le puso en conocimiento la ocupación.
Sensi y sus dos hijas vivieron sin agua dos meses "porque cuando okupas una casa no te quieren empadronar aunque el banco tenga constancia". Gracias a la presión del grupo de suministros a Endesa y Emasagra, desde abril de 2015 se le dio de alta la luz y el agua. Un esfuerzo que resultó en vano pues cinco meses después la Guardia Civil entró para sacarla a ella y a sus hijas.
Stop Desahucios consiguió negociar con el banco y el ayuntamiento para que les dejaran un mes de maniobra en el piso. Sensi solicitó un piso de Visogsa en La Zubia, que tras meses de lucha en la Diputación, no le facilitaron el alquiler social pues "me dijeron que dicho piso tenia un alquiler de 304 y que yo tenía que pagar al menos 60 euros del total", afirmó la afectada.
Sensi okupó ese piso en diciembre de 2015 . En marzo del año pasado Visogsa la denunció por lo penal pidiendo un lanzamiento en 10 días, ahora la empresa tiene que recuperar el piso por lo civil. Mientras tanto, Sensi sigue en su hogar de okupa con la luz pinchada y pagando como puede el agua con 130 euros.
Sebastián y Andrea. Stop granada 15M
"Esta situación acaba contigo psicológicamente"
Sebastián y Andrea son pareja y viven en Granada desde hace 15 años junto a sus dos hijas. Él tenía un negocio familiar cuando se presentaron a la oferta pública de vivienda pública del Ayuntamiento, que resultó finalmente ser un fraude y tuvieron que solucionar en el juzgado.
A raíz de este problema, este matrimonio cayó en una depresión que les afectó al trabajo y que vino acompañada del desahucio de ese supuesto piso de VPO, por el que pagaban 350 euros de alquiler. Granada Acoge les cedió un piso durante un año, un periodo que se alargó al verse sin recursos y con dos hijas menores a cargo.
Finalmente, acabaron alquilándole el piso a un matrimonio que no podía hacer frente a la hipoteca de la casa y de nuevo les salió rana, pues la mensualidad no se ingresaba en la hipoteca y el banco desestimó los pagos, denunciando a los propietarios con una orden de desahucio.
"Se ha cometido una prevaricación a favor del banco por la que nosotros nos vemos afectados". En la actualidad esta familia se sustenta trabajando "cuando nos sale", cambiando cable de cobre por fibra óptica con la que apenas alcanzan los 400 euros. Desde agosto no pagan alquiler y con su sueldo apenas logran pagar las facturas.
En diciembre le reconectaron el agua tras un corte gracias al grupo de suministros, una sanción que pudieron fraccionar junto con los 66 euros que cuesta la reconexión. "Es de locos que la reconexión del suministros nos cueste más caro que dos meses de agua, que suelen ser unos 50 euros", añade Sebastián.
A este hecho se le suma que a pesar de pagar la luz tienen una deuda que no pueden consultar al no renovarle el pasaporte a Andrea, que es titular de la cuenta e inmigrante regular, debido a trabas administrativas.
Esta mujer es madre de dos niñas españolas, nieta e hija de españolas. Pese a ello sigue un vacío legal que le imposibilita acceder a los papeles si no es viajando a Cádiz y pagando 180 euros por la renovación del NIE
No hay comentarios:
Publicar un comentario