Más de 4.100 familias de Granada podrán verse beneficiados con una bonificación de hasta el 95% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en sus viviendas de alquiler social. La Consejería de Fomento y Vivienda está pidiendo por escrito a 460 ayuntamientos de Andalucía, todos ellos con viviendas sociales de la Junta en sus términos municipales, que apliquen dicha bonificación a las familias residentes en el parque público autonómico en alquiler.
El parque residencial en alquiler de la Junta es gestionado por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y toda la comunidad suma un total de 50.106 viviendas, según informa la Junta en un comunicado. De ellas, 2.985 se localizan en la provincia de Almería, 9.549 en Cádiz, 5.948 en Córdoba, 4.101 en Granada, 5.121 en Huelva, 4.921 en Jaén, 5.841 en Málaga y 11.640 en la provincia de Sevilla.
La bonificación del IBI, que se viene solicitando cada año antes de que los ayuntamientos aprueben sus presupuestos para el siguiente ejercicio, tiene un marcado carácter social, ya que cuando se adopta redunda directamente en beneficio de los moradores de estas viviendas, familias con ingresos limitados que, precisamente por esa razón, son las adjudicatarias de dichos inmuebles.
Si no existe la bonificación solicitada, la AVRA, en cumplimiento de la normativa reguladora, debe repercutir dicho impuesto a las familias adjudicatarias de sus viviendas, después de haberlo liquidado la propia agencia cuando los ayuntamientos se lo reclaman.
La solicitud de bonificación del IBI, que se empezó a plantear en 2011 a los municipios de Andalucía en los que la Agencia tiene parque de vivienda, se fundamenta en el artículo 74 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, según el cual los ayuntamientos podrán regular, mediante ordenanza, una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del IBI a favor de inmuebles en los que concurran circunstancias sociales.
El carácter social del parque residencial de la Junta motiva tal petición, que hasta ahora y desde que se puso en marcha esta iniciativa, ha sido atendida por 36 municipios.
Se trata de Níjar, Huércal Overa y Fines en la provincia de Almería; Arcos, Rota, San Fernando y San José del Valle, en Cádiz; Benamejí, Doña Mencía, Espiel, La Carlota y Montoro en Córdoba; Albuñol, Benamaurel, Cuevas del Campo, Órgiva, Vélez de Benaudalla y La Zubia, en Granada.
A ellos se suman los de Punta Umbría en Huelva; Martos, La Puerta de Segura y Sorihuela del Guadalimar, en Jaén; Alameda, Antequera, Benalmádena, Casabermeja, Ronda y Sayalonga, en Málaga, y los municipios sevillanos de Castillo de las Guardas, Coria del Río, Martín de la Jara, Osuna, Real de la Jara, El Rubio, Sanlúcar la Mayor y Sevilla capital.
En los escritos remitidos a los ayuntamientos se subraya que dicha bonificación tendría un beneficio directo sobre los arrendatarios.
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