«Que apareciera dinero del Granada en bolsas de basura durante el proceso concursal fue algo chusco: sentí vergüenza y rubor»
CARLOS MORÁN | GRANADA.
Blas Alberto González Navarro habla con el mismo tono calmado que un médico experto en cuidados paliativos, en enfermos terminales. A fin de cuentas, la parte más vistosa de su trabajo -por su repercusión pública- consiste en tratar de evitar la defunción de empresas que están moribundas. Es el titular del único juzgado de lo Mercantil que existe en Granada, que es el encargado de tramitar y supervisar los concursos de acreedores -un procedimiento que antes se conocía como suspensión de pagos-. Las estadísticas dicen que solo sobrevive una de cada diez sociedades que pasan por dicho tribunal. Un balance que para Blas Alberto González no es satisfactorio. Dice que el problema es que en España no existe «cultura concursal». Por vergüenza, los empresarios se resisten a admitir que les ronda la quiebra y, cuando finalmente se deciden a dar el paso, la metástasis ya es intratable. Por eso, en esta entrevista aconseja actuar en cuanto aparecen los primeros síntomas de insolvencia.
También habla del 'caso Dhul', un endiablado asunto aún por resolver y que le obligó a dictar un auto que contenía una bomba atómica: un embargo estratosférico de 618 millones de euros a la familia Ruiz Mateos, la dueña de la empresa granadina de postres. Nunca antes se había visto nada igual
-Su juzgado es una especie de hospital para empresas en coma, ¿le gusta la comparación o es demasiado aparatosa?
-Me parece una definición muy gráfica. De hecho, yo suelo acudir a un símil muy parecido. Siempre me he definido como un médico de empresas. Si el sujeto está bien cuidado, lo que hace el médico es poner fin a las enfermedades cuando están en una fase incipiente. Pero aquí, en España, la cultura concursal es muy escasa y esto hace que el enfermo, que la empresa, me llegue en una situación muy, muy difícil de sanar. Esto está relacionado con el estigma. La bancarrota es una figura que se crea en la Edad Media. Los comerciantes estaban en el centro de las ciudadades y tenían una banca, que era el símbolo de su actividad. Lo peor que les podía ocurrir entonces era caer en la insolvencia. Era considerado un defraudador. Y lo primero que se le hacía, además de encarcelarlo, era convocar a la ciudad y romper la banca en público. Aquella vergüenza está inserta en nuestro subconsciente y el estigma del empresario que está en bancarrota es terrible todavía hoy. La gente no tiene estímulos para acudir a una sanación concursal. Y lo que ocurre es que se hace cuando ya es demasiado tarde, cuando lo único que se puede hacer es liquidar la empresa... lo cual no es un fracaso, porque siempre es mejor una liquidación judicial ordenada que no tener un activo tóxico en el mercado sin control ninguno.
-El resultado de ese rubor histórico es que solo se salva una de cada diez empresas, un pobre balance, ¿no?
-Es poquísimo. La Ley Concursal es muy joven: del año 2004. Es una ley que está empezando y lo que se pretendía con ella era que la empresa en dificultades pagase sus deudas, pero garantizando también su continuidad. Y la verdad es que ese doble objetivo se está viendo frustrado. Lo que ocurre es que, hace unos días, se aprobó una reforma de la Ley Concursal que da más facilidades al empresario para que pueda actuar en cuanto se dé la insolvencia. Una de esas facilidades son los instrumentos preconcursales. La idea es que el deudor hable directamente con sus acreedores y lleguen a un acuerdo, que luego tendría la correspondiente supervisión judicial. Esta es una novedad digna de tener en cuenta. Pero seguirá costando mucho. La ley ha mejorado, pero, insisto, no será eficaz mientras los empresarios no se conciencien de que, cuando hay un problema de tensión de tesorería, es mejor ponerse bajo el paraguas judicial que dejarse llevar.
-¿Pueden los trabajadores acudir al juzgado para instar un proceso concursal o es una competencia exclusiva del empresario en apuros?
-El empresario no solo tiene la facultad de declararse en concurso: es incluso una obligación. Pero si cualquiera de los acreedores que tiene detecta la insolvencia -que no es tener más pasivo que activo: insolvencia es no poder pagar porque no se tiene liquidez-, puede pedir el concurso. Puede ser un trabajador, puede ser la Seguridad Social... Además, la ley privilegia al acreedor que lo hace, es decir, que cobrará antes que el resto. Eso sí, a ese acreedor se le va a pedir que esté seguro de que la insolvencia es real. Y eso no siempre es fácil.
-¿En quién piensa cuando firma el certificado de defunción de una empresa?
-En los trabajadores y en la familias que hay detrás. Y el empresario también me preocupa mucho.
-¿Tendrán el señor Ruiz Mateos y su familia los 618 millones que usted les reclama por la 'quiebra' de Dhul?
-El informe de la administración concursal de Dhul, que, por cierto, es un trabajo extraordinario, dice lo que dice; retrata de tal forma lo que ha ocurrido en esta empresa que no existe otra posibilidad que el embargo. Por supuesto, soy plenamente consciente de la dificultad que entraña que se haga efectivo: son 618 millones de euros, que es una cifra que ni yo soy capaz de captar. Pero ya se están haciendo cosas: se han embargado todas las sumas que esas personas dicen que van a cobrar del Estado a cuenta de la expropiación de la primera Rumasa. Es decir, que si algo cobrasen por ese lado, esas cantidades ya estarían embargadas. También se ha hecho una averiguación patrimonial que ha constatado que existe patrimonio, pero no está en España. Con lo cual, nos queda una tarea complicadísima por delante... Ahora hay que ir empresa por empresa para llegar hasta donde haya que llegar.
-¿Cree usted que se salvará Dhul?
-Se está trabajando intensamente para que Dhul se salve.
-Si le dicen 'el juez de la crisis', ¿se lo toma a mal?
-No me lo tomo a mal. No me molesta. El juez de lo Mercantil es un juez de crisis. Cuando no hay crisis, se vive muy a gusto y cuando hay crisis, estamos muy agobiados de trabajo. Aquí en Granada estamos absolutamente desbordados.
-¿Y quién tiene la culpa de todo esto que está pasando: los de abajo, los de arriba, los de en medio o todos a la vez?
-Esa es una pregunta que se está haciendo a escala planetaria... La causa última viene de América, de un mercado financiero desbocado en el que no se puso coto a las hipotecas 'sub primes'. Bancos normales se convirtieron en bancos de inversión y dieron hipotecas que estaba claro que no se podían pagar. Pero descubrieron que esas hipotecas, cortadas en trozos muy pequeños y presentadas en paquetes preciosos, eran mucho más atractivas que cualquier otro valor del mercado. Como había más riesgo, los réditos eran superiores. Y eso se convirtió en una burbuja en la que todo el mundo tenía una casa... y la historia nos enseña que todas las burbujas estallan. Además de eso, hubo una incapacidad para detectar la crisis a tiempo y se adoptaron criterios, a mi juicio erróneos, para gestionarla... Si el dinero que se gastó en abrir zanjas o en reparar calles, se hubiera destinado a que los ayuntamientos no fueran tan absolutamente insolventes como lo son, la empresas tendrían ahora un poquito más de aire...
-¿Qué le parece el 15M? O mejor: ¿Cree que habrá jueces que simpaticen con el 15M?
-Sí, sí, hay jueces que simpatizan con el 15M. Inicialmente, yo mismo simpatizaba con el 15M. En realidad, es muy difícil no estar de acuerdo con que haya más higiene democrática, más salud democrática.
-Ha precisado que simpatizó con ese movimiento, pero solo inicialmente... ¿por qué se desengañó?
-No me pareció correcto ese supuesto derecho a ocupar la vía publica y convertir en rehenes a los ciudadanos. Tampoco me parece que sea una vía aceptable el acoso verbal y físico a los políticos... Y que conste que no creo que son todos los que están los que se comportan así. El 15M está sufriendo las consecuencias de su heterogeneidad: hay grupúsculos de todo tipo y por eso ha derivado en lo que ha derivado. Pero pienso que sigue latiendo ahí un núcleo de higiene democrática que me parece muy atractivo.
-¿Usted se siente más poder del Estado o servidor público?
-Servidor público. Ser juez significa servir a la ciudadanía haciendo uso del poder que te ha dado el Estado. Y eso es algo verdaderamente apasionante.
-Sus artículos periodísticos en IDEAL son la antítesis del lenguaje jurídico, se le entiende todo...
-Ja, ja, ja... El Consejo General del Poder Judicial es consciente de que es necesario trabajar para que los jueces procuremos hacer sentencias comprensibles. El problema es que es difícil. Todos el mundo está de acuerdo en que somos demasiado técnicos, pero lo que ya no está tan claro, valga la redundancia, es cómo hacer más claro el lenguaje jurídico. Por ejemplo, ¿cuál sería la traducción al lenguaje de la calle de un concepto jurídico como 'homicidio preterintencional'?
-Una gran pregunta, ja, ja, ja...
-Es muy complicado. Y si los artículos periodísticos son entendibles quizá sea porque no son sentencias.
-Durante el proceso concursal del Granada se produjo un incidente 'berlanguiano': aparecieron en un contenedor de basura bolsas de plástico llenas de dinero del club, ¿qué cosas más raras pasan, no?
-Fue algo chusco. Cuando ocurrió, sentí rubor y vergüenza. En ese concurso se hizo un esfuerzo enorme de seriedad y rigor. Y que ocurriera un espectáculo tan lamentable, pues genera frustración...
-¿Alcanzará también la salvación deportiva el Granada?
-Creo que sí. Será una agonía, pero nos quedaremos en Primera.
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