Miles de científicos han salido hoy a las calles en las Marchas por la Ciencia de las principales ciudades españolas para exigir que el conocimiento científico esté en el centro de las decisiones políticas, así como más inversión en investigación, una partida que ha caído un 35% desde 2009.
Las principales Marchas por la Ciencia han recorrido los centros de Madrid, Barcelona, Sevilla, Gerona, Valladolid, Granada, Bilbao, Valencia o Alicante bajo el lema "Sin Ciencia, No Hay Futuro", y con el apoyo de 200 instituciones científicas, entre ellas la totalidad de las sociedades científicas, los sindicatos, las asociaciones de estudiantes, o la conferencia de rectores de las universidades.
Las protestas forman parte de un movimiento global al que se han unido cerca de 500 ciudades de 100 países para mostrar la preocupación de la comunidad científica ante la oleada de políticas anticiencia y el intento de erosionar la imagen de los investigadores.
La comunidad científica se une para defenderse de los grupos "que niegan de modo interesado evidencias científicas como el cambio climático, la efectividad de las vacunas o la teoría de la evolución", al considerar que su influencia "puede acarrear consecuencias desastrosas para el objetivo de conseguir un mundo más justo y seguro".
"En cada país la manifestación reivindica los problemas específicos, y en España el problema es obvio, tenemos unos presupuestos agresivos contra la investigación científica que no revierten la tendencia negativa de los últimos diez años", afirma el investigador del CSIC y promotor de las marchas en España, Emilio Criado.
"No podemos volver salir de la crisis con el ladrillo que nos llevó a ella y con empleo de ínfima calidad", ha añadido.
De este modo, las marchas españolas han coincidido en centrar sus reivindicaciones en la falta de apuesta por la ciencia de los partidos políticos, que se traduce en inversiones "raquíticas" y en una precariedad del sector investigador que, según consideran, pone en jaque la economía del país y el bienestar de las generaciones futuras.
En los manifiestos leídos en las protestas, se han recordado datos como que España ha perdido más de 10.000 investigadores y 20.000 empresas innovadoras entre 2010 y 2016, algo "preocupante" en un país donde el nivel de paro de los menores de 30 años es superior al 50 %.
El ex director de la Unesco y doctor en Farmacia, Federico Mayor Zaragoza, quien ha encabezado la manifestación de Madrid, ha dicho a Efe que acudía "muy preocupado pensando en las generaciones venideras", asegurando que "no podemos dejar a los niños y jóvenes de hoy un mundo con una habitabilidad reducida o deteriorara por el desprecio a la ciencia y a la protección del medio ambiente".
Mayor Zaragoza ha denunciado que "en España ha habido un decrecimiento extraordinario de la inversión en investigación en los últimos cinco años que nos ha llevado a perder liderazgos en áreas de las que éramos referencia a nivel mundial, como la biomedicina".
Entre los lemas que podían leerse en las marchas están "La ciencia es futuro soberano, el turismo y el ladrillo son futuro sometido", "El dinero para investigación lo tienen los investigados", "Sí hay dinero para investigar, está en Suiza", "Ni exilio ni esclavitud: Basta ya de precariedad laboral", o "Por una sociedad basada en la investigación y el conocimiento".
En la marcha de la capital se veían también pancartas en inglés contra el presidente estadounidense, Donald Trump, portados por una representación del Partido Demócrata.
Entre las soluciones reclamadas por los científicos, destaca la integración de la ciencia en la agenda política de manera que quienes deben tomar decisiones legislativas y ejecutivas dispongan de información científica constante, suficiente y eficaz mediante la incorporación de asesoramiento investigador al Congreso, y a los componentes del Ejecutivo.
Han solicitado también el compromiso plurianual para el cumplimiento de los Planes Nacionales de I+D en sus convocatorias y plazos, reclamando que el Plan Estatal de Ciencia y Tecnología, que debería haber entrado en vigor en enero de 2017, aún no ha sido aprobado.
Además, exigen que se recuperen los niveles de inversión pública de 2009, y la eliminación de límites a la tasa de reposición del empleo público en actividades relacionadas con las investigación.
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