Las críticas por la suspensión de la convocatoria obligan a Fomento a presupuestar 1,5 millones adicionales para atender las más de 500 peticiones
ANTONIO FUENTES SEVILLA
Dos días después de la suspensión de la línea de ayudas para garantizar un alquiler a víctimas de desahucios y ante las críticas de partidos de la oposición por la decisión, la Consejería de Fomento y Vivienda informó ayer de que presupuestará 1,5 millones extra a esta convocatoria para atender las más de 500 solicitudes recibidas. Esta política de la Junta que consiste en pagar un alquiler a las personas que padezcan un desahucio o estén en riesgo se puso en marcha el pasado diciembre y ocho meses más tarde, el pasado lunes, la Consejería de Fomento cerró la convocatoria al entender que las solicitudes recibidas copaban los 2,27 millones iniciales presupuestados.
Las reacciones a la suspensión adelantada el lunes por esta redacción motivaron que ayer el consejero de Fomento y Vivienda, el socialista Felipe López, anunciara que "ya está rectificando" la orden "para poder atender a todas las familias que sufren este problema de primera magnitud". Esta rectificación recogerá un incremento del presupuesto por 1,5 millones adicionales (que saldrán de otras políticas de vivienda), pero la suspensión no se levantará por el momento.
Según el comunicado emitido por Fomento y Vivienda, "la suspensión temporal de la orden de ayudas a familias desahuciadas tiene como objetivo garantizar la atención a todas las peticiones presentadas, así como la posibilidad de levantar la suspensión una vez ampliado el presupuesto, y continuar la gestión de las solicitudes sin necesidad de redactar y aprobar una nueva". El BOJA tendría que publicar este levantamiento de la suspensión al igual que recogió el cierre de la convocatoria.
Este repentino cierre sorprendió a los que fueron los redactores de la orden, entre ellos la ex consejera de Vivienda y actual diputada de IU Elena Cortés, que señaló que la vocación de esta línea de ayudas era mantenerse abierta todo el año y dotarse de más presupuesto en función de las necesidades de los solicitantes. Tanto IU como Podemos anunciaron que exigirán explicaciones al consejero una vez se reanude la actividad parlamentaria.
Hasta el momento 46 de las solicitudes han recibido un informe favorable para recibir la ayuda, aunque no consta todavía que ninguna familia desahuciada la haya percibido. Los requisitos que deben acreditarse para obtener la ayuda son, entre otros, haber sufrido una ejecución hipotecaria o de cualquier otra garantía sobre su vivienda habitual y que el lanzamiento genere una situación de emergencia o exclusión social, así como que ningún miembro de la unidad familiar sea titular de otra vivienda.
Las reacciones a la suspensión adelantada el lunes por esta redacción motivaron que ayer el consejero de Fomento y Vivienda, el socialista Felipe López, anunciara que "ya está rectificando" la orden "para poder atender a todas las familias que sufren este problema de primera magnitud". Esta rectificación recogerá un incremento del presupuesto por 1,5 millones adicionales (que saldrán de otras políticas de vivienda), pero la suspensión no se levantará por el momento.
Según el comunicado emitido por Fomento y Vivienda, "la suspensión temporal de la orden de ayudas a familias desahuciadas tiene como objetivo garantizar la atención a todas las peticiones presentadas, así como la posibilidad de levantar la suspensión una vez ampliado el presupuesto, y continuar la gestión de las solicitudes sin necesidad de redactar y aprobar una nueva". El BOJA tendría que publicar este levantamiento de la suspensión al igual que recogió el cierre de la convocatoria.
Este repentino cierre sorprendió a los que fueron los redactores de la orden, entre ellos la ex consejera de Vivienda y actual diputada de IU Elena Cortés, que señaló que la vocación de esta línea de ayudas era mantenerse abierta todo el año y dotarse de más presupuesto en función de las necesidades de los solicitantes. Tanto IU como Podemos anunciaron que exigirán explicaciones al consejero una vez se reanude la actividad parlamentaria.
Hasta el momento 46 de las solicitudes han recibido un informe favorable para recibir la ayuda, aunque no consta todavía que ninguna familia desahuciada la haya percibido. Los requisitos que deben acreditarse para obtener la ayuda son, entre otros, haber sufrido una ejecución hipotecaria o de cualquier otra garantía sobre su vivienda habitual y que el lanzamiento genere una situación de emergencia o exclusión social, así como que ningún miembro de la unidad familiar sea titular de otra vivienda.
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