Un estudio de los datos de empleo público del profesor Ferraro concluye que hay 28,3 funcionarios por cada 1.000 habitantes, una cifra excesiva que no contribuye a mejorar la competitividad económica sino que la limita e incurre en ineficiencia.
JOAQUÍN / AURIOLES
El Observatorio Económico de Andalucía presentó el pasado martes una publicación conmemorativa de sus 25 años de historia dedicados al análisis, el debate y la elaboración de propuestas de política económica. Su presidente, el profesor Ferraro, resumió en una brillante disertación su contribución a la obra, titulada Restricciones institucionales para el desarrollo de Andalucía en la que analiza diferentes aspectos de la capacidad productiva y competitiva de la comunidad y realiza una denuncia ampliamente documentada de las adversas consecuencias sobre el crecimiento a largo plazo y la competitividad exterior de la deficiente calidad de las instituciones andaluzas.
De particular relevancia, dentro de este enfoque, es su afirmación de que el sector público andaluz no sólo no contribuye a mejorar la competitividad de la economía, sino que la limita, como consecuencia, por un lado de su ineficiencia y, por otro, de su excesivo tamaño, cuya fundamentación se basa en un análisis comparativo de los datos de empleo público. Cuando se relaciona esta variable con el Producto Interior Bruto (PIB) o con el empleo total, el resultado es claramente superior en Andalucía, aunque en ambos casos se trata de ratios distorsionadas por el reducido peso relativo de los denominadores (el empleo total o el PIB) en nuestra comunidad. Mucho más incontestable es la ratio entre los 237.549 trabajadores en el sector público autonómico a comienzos de 2015 y la población total que, en el caso de Andalucía, da como resultado 28,3 empleados públicos por cada 1.000 habitantes, frente a los 27,6 de media en el conjunto de las comunidades autónomas. En este caso la diferencia es bastante más reducida que en el resto y obliga a matizar la percepción de una Junta de Andalucía sobredimensionada, sobre todo porque en otro capítulo de esa misma publicación sostengo una postura contradictoria.
Mi aproximación es de naturaleza financiera y se basa en la información contenida en los presupuestos iniciales de la Junta de Andalucía. Coincido con el profesor Ferraro en que la ratio entre el gasto público regional y el PIB está por encima de la media del conjunto, pero discrepo cuando la relación se establece con respecto a la población porque el resultado es indicativo de que Andalucía se encuentra desde hace bastantes años por debajo de la media y desde 2014 es el más bajo de todas. La conclusión, por tanto, es que no estamos ante un caso de gigantismo en el sector público andaluz, sino de raquitismo en el privado, aunque todavía falta por encontrar una hipótesis que permita conciliar la aparente contradicción entre el análisis de Ferraro y el mío. La solución no puede ser otra que la constatación de que la principal deformación del sector público andaluz no está en su tamaño, sino en el sobredimensionamiento de su plantilla de trabajadores, probablemente como consecuencia del volumen que ha llegado a alcanzar la denominada administración paralela. Esta hipótesis es coherente con el excesivo coste de la burocracia, que igualmente apunta el presidente del Observatorio, en el sentido de sobreactuación administrativa justificativa del exceso plantilla.
De particular relevancia, dentro de este enfoque, es su afirmación de que el sector público andaluz no sólo no contribuye a mejorar la competitividad de la economía, sino que la limita, como consecuencia, por un lado de su ineficiencia y, por otro, de su excesivo tamaño, cuya fundamentación se basa en un análisis comparativo de los datos de empleo público. Cuando se relaciona esta variable con el Producto Interior Bruto (PIB) o con el empleo total, el resultado es claramente superior en Andalucía, aunque en ambos casos se trata de ratios distorsionadas por el reducido peso relativo de los denominadores (el empleo total o el PIB) en nuestra comunidad. Mucho más incontestable es la ratio entre los 237.549 trabajadores en el sector público autonómico a comienzos de 2015 y la población total que, en el caso de Andalucía, da como resultado 28,3 empleados públicos por cada 1.000 habitantes, frente a los 27,6 de media en el conjunto de las comunidades autónomas. En este caso la diferencia es bastante más reducida que en el resto y obliga a matizar la percepción de una Junta de Andalucía sobredimensionada, sobre todo porque en otro capítulo de esa misma publicación sostengo una postura contradictoria.
Mi aproximación es de naturaleza financiera y se basa en la información contenida en los presupuestos iniciales de la Junta de Andalucía. Coincido con el profesor Ferraro en que la ratio entre el gasto público regional y el PIB está por encima de la media del conjunto, pero discrepo cuando la relación se establece con respecto a la población porque el resultado es indicativo de que Andalucía se encuentra desde hace bastantes años por debajo de la media y desde 2014 es el más bajo de todas. La conclusión, por tanto, es que no estamos ante un caso de gigantismo en el sector público andaluz, sino de raquitismo en el privado, aunque todavía falta por encontrar una hipótesis que permita conciliar la aparente contradicción entre el análisis de Ferraro y el mío. La solución no puede ser otra que la constatación de que la principal deformación del sector público andaluz no está en su tamaño, sino en el sobredimensionamiento de su plantilla de trabajadores, probablemente como consecuencia del volumen que ha llegado a alcanzar la denominada administración paralela. Esta hipótesis es coherente con el excesivo coste de la burocracia, que igualmente apunta el presidente del Observatorio, en el sentido de sobreactuación administrativa justificativa del exceso plantilla.
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