El sector reclama que aumente la superficie cultivable con las fincas pendientes de regularizar
ROSA FERNÁNDEZ MOTRIL
La foto fija de campos enteros baldíos ha cambiado después de la crisis en Motril. Así, las escasas fincas disponibles se cotizan 'a millón'. Para frenar esa subida galopante de los terrenos, los agricultores motrileños y de los pueblos anejos piden a la Junta que se amplíe la superficie cultivable, pues el sector primario mueve el 75% del PIB de la ciudad y genera miles de trabajo directos e indirectos. El Ayuntamiento de Motril ya solicitó la regularización de 194 hectáreas de invernaderos construidas antes de 2003 -ya consolidadas en el tiempo y respetuosas con las áreas recogidas en el Plan Subregional-, además de la ampliación en 666 hectáreas de superficie para nuevas instalaciones.
En el caso de la regularización, traería ventajas como que los agricultores que están fuera de ordenación puedan solicitar subvenciones para mejorar sus explotaciones agrarias o asegurar sus cosechas, según sostienen los interesados. En concreto, el anterior equipo de gobierno llevó a pleno la modificación de 700 hectáreas del PGOU para llevar a cabo esta demanda de los agricultores. Según afirma la ex alcaldesa, Luisa García Chamorro, "meses después la Junta de Andalucía dijo que en lugar de 700 hectáreas que iba a apoyar que fueran más, unas 1.700, algo que recibimos con agrado".
Sin embargo, lo cierto es que meses después la Junta ha denegado la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Motril para conseguir la regularización de explotaciones agrícolas de invernaderos existentes con anterioridad a este planeamiento y ampliar la zonificación de terrenos para nueva implantación de invernaderos. Los informes emitidos por las delegaciones de Cultura y Medio Ambiente han determinado que no se puede hacer ninguna modificación sin que haya previamente informes arqueológicos de la zona o bien sin que esta modificación se adapte al POTA, incluyendo el Plan del Litoral.
Para el secretario provincial de Coag Granada, Miguel Monferrer, es "incomprensible" esta postura de la Junta, y recuerda que esta organización lleva "más de una década oponiéndose a la zonificación que estableció el PGOU de Motril, presentando propuestas y alegaciones como miembro del Consejo Municipal Agrario, en defensa del sector agrario y de los invernaderos, y en contra de restricciones infundadas a su implantación, que lo único que generan es una especulación de los precios de las pocas tierras en las que están autorizados, y una impotencia para un gran número de jóvenes agricultores que no pueden iniciar su actividad".
Precisamente, debido a la carencia de suelo, las parcelas disponibles son escasas, lo que provoca un aumento desmesurado de su precio, por lo que los emprendedores que quieren dedicarse a la agricultura no pueden adquirir, ni en ocasiones arrendar, un invernadero por este mismo motivo. Así, creen con la oferta de más suelo en el mercado, el precio bajaría.
En el caso de la regularización, traería ventajas como que los agricultores que están fuera de ordenación puedan solicitar subvenciones para mejorar sus explotaciones agrarias o asegurar sus cosechas, según sostienen los interesados. En concreto, el anterior equipo de gobierno llevó a pleno la modificación de 700 hectáreas del PGOU para llevar a cabo esta demanda de los agricultores. Según afirma la ex alcaldesa, Luisa García Chamorro, "meses después la Junta de Andalucía dijo que en lugar de 700 hectáreas que iba a apoyar que fueran más, unas 1.700, algo que recibimos con agrado".
Sin embargo, lo cierto es que meses después la Junta ha denegado la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Motril para conseguir la regularización de explotaciones agrícolas de invernaderos existentes con anterioridad a este planeamiento y ampliar la zonificación de terrenos para nueva implantación de invernaderos. Los informes emitidos por las delegaciones de Cultura y Medio Ambiente han determinado que no se puede hacer ninguna modificación sin que haya previamente informes arqueológicos de la zona o bien sin que esta modificación se adapte al POTA, incluyendo el Plan del Litoral.
Para el secretario provincial de Coag Granada, Miguel Monferrer, es "incomprensible" esta postura de la Junta, y recuerda que esta organización lleva "más de una década oponiéndose a la zonificación que estableció el PGOU de Motril, presentando propuestas y alegaciones como miembro del Consejo Municipal Agrario, en defensa del sector agrario y de los invernaderos, y en contra de restricciones infundadas a su implantación, que lo único que generan es una especulación de los precios de las pocas tierras en las que están autorizados, y una impotencia para un gran número de jóvenes agricultores que no pueden iniciar su actividad".
Precisamente, debido a la carencia de suelo, las parcelas disponibles son escasas, lo que provoca un aumento desmesurado de su precio, por lo que los emprendedores que quieren dedicarse a la agricultura no pueden adquirir, ni en ocasiones arrendar, un invernadero por este mismo motivo. Así, creen con la oferta de más suelo en el mercado, el precio bajaría.
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