Cofundador de Reaccionando y escritor
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| Foto: EFE/Orestis Panagiotou |
Por más que los refugiados hayan dejado de copar las portadas de diversos medios de comunicación, lo cierto es que su situación sigue siendo tan alarmante como antes. El estreno de Astral, hace poco más de una semana, no ha hecho sino confirmar lo que todos ya sabíamos o, cuando menos, sospechábamos: el Mediterráneo, lamentablemente, se ha convertido en una fosa común para hombres, mujeres y niños de todas las edades, cuyo único pecado parece ser aspirar a una vida mejor; una vida digna.
En este sentido, Astral es la incómoda crónica de la pasividad e indiferencia de todo un continente frente a la desesperación de millones de personas que ―para escapar de la miseria, de la guerra, del terrorismo y de todo tipo de desgracias― han decidido arriesgar la vida en busca de otra mínimamente digna. La imagen, en medio del Mediterráneo, de barcos atestados de personas con los pies descalzos y las manos vacías es todo un símbolo de una Unión Europea ausente, inhumana; que ha decidido desentenderse, sin más, de sus compromisos en materia de derechos humanos.
No cabe la más mínima duda de que los gobernantes estarían mucho más dispuestos a implicarse en esta crisis si los ciudadanos se lo exigiéramos.
Ahora bien, ¿quién tiene realmente la culpa de que el Mediterráneo se haya convertido en este gran cementerio? La respuesta es mucho más sencilla de lo que parece: la culpa la tenemos nosotros mismos, los ciudadanos. Es obvio que en un Estado democrático, criticable o no, los gobernantes están supeditados a la voluntad de la población (expresada en las urnas). Por lo cual, no les da absolutamente igual lo que piensa u opina la mayor parte de su electorado. Dicho esto, si la población se opone, directa o indirectamente, a la llegada de refugiados, o le es indiferente su situación, no es difícil entender que los gobernantes ni los rescaten ni les den amparo alguno; aún menos si saben que hacerlo les pasará factura en las próximas elecciones. Sin ir más lejos, resulta particularmente difícil no vincular de alguna manera el desplome de Merkel en las últimas elecciones con su gestión de la crisis de los refugiados. Todo apunta a que ha sido castigada por su política de puertas abiertas, en el marco de la cual millones de refugiados han encontrado amparo y protección internacional en Alemania.
No cabe la más mínima duda de que los gobernantes estarían mucho más dispuestos a implicarse en esta crisis si los ciudadanos se lo exigiéramos, o si supieran que, como mínimo, hacerlo es clave para poder ganar ―o volver a ganar― las elecciones. Mientras la población siga vedando la entrada de refugiados (considerados «terroristas infiltrados»), los gobernantes no solo prohibirán, tanto legalmente como de facto, su entrada al territorio, sino que no harán absolutamente nada para poner coto a toda esta barbaridad. En este sentido, cobra especial relevancia la labor de concienciación de ONG, asociaciones, particulares y organismos de todo tipo para conseguir que las poblaciones empaticen con esta causa; con estas personas. Más que nunca resulta decisivo hacer frente a las tergiversaciones de esta crisis por parte de la extrema derecha y acólitos, cuyo único objetivo es sacar rédito electoral.
La pasividad de todo el continente frente a la situación no hace sino desvelar la otra cara de instituciones y ciudadanos que, instalados en su relativo confort, pretenden desentenderse del grito de desesperación de millones de personas que ―en el intento de escapar de toda suerte de desgracias― se ahogan cada día en el Mediterráneo. Es más, la indiferencia de Europa es otro síntoma más de la decadencia y, cuando menos, el reflejo del deterioro de sus valores y, sobre todo, de su fuerte compromiso con los derechos humanos. En definitiva, un auténtico despropósito. No hay derecho.
