La Junta presenta su II Plan de Infancia y Adolescencia, dotado con 673 millones para dos años en toda la comunidad
A. ASENSIO GRANADA 
Son los más vulnerables y los datos lo demuestran de nuevo. El Observatorio para la Infancia de Andalucía (OIA) revela, en un informe de julio de 2015, que prácticamente cuatro de cada diez niños andaluces -y por lo tanto, también granadinos- están en riesgo de pobreza o exclusión. Otro 10,6% está en situación de "privación material severa", mientras que el 27,9% de los niños menores de 16 años se encuentran en situación de "pobreza relativa". Todos ellos son distintos umbrales para una misma realidad, la que revela la precariedad que sufren cientos de familias y que, por desgracia, transmiten a sus hijos.
Si se extrapolan los porcentajes regionales del Observatorio de la Infancia a la realidad granadina -en la que se contabilizan 170.808 menores de edad- se puede estimar que más de 47.000 niños granadinos sufren pobreza relativa, que se define como la incapacidad para dar satisfacción a las necesidades básicas. Otros 1.700 están en el pozo de la privación material severa -concepto en el que se incluyen a las familias que no pueden hacer frente a los recibos o no pueden asumir gastos imprevistos, entre otros- y otros 42.500 se encuentran en riesgo de exclusión. Los porcentajes ofrecidos por el Observatorio colocan a la infancia andaluza en una situación más delicada si cabe que en el resto de España. Así, el Instituto Nacional de Estadística calcula que el 9,8% de los varones menores de 18 años y el 9,2% de las chicas sufren pobreza material.
Los datos del OIA aparecen en la redacción del II Plan de Infancia y Adolescencia en Andalucía, un programa que retoma el extinto primer Plan, que finalizó en 2007. Este segundo Plan, que se presentó ayer en Granada, cuenta con un presupuesto regional para los años 2016 y 2017 de 673 millones, que se destinarán a que "haya una perspectiva de la infancia a la hora de legislar", según señaló ayer la delegada de la Junta en Granada, Sandra García. El proyecto tiene vocación "transversal", y en el mismo participan todas las consejerías, aunque se hace particular hincapié en el papel de Políticas Sociales y Salud, Educación y Justicia. Sobre el papel, un documento de 222 folios, aprobado en consejo de gobierno el pasado mes de junio, y que recoge tanto la radiografía de la infancia andaluza como los puntos débiles. "Surgen nuevos problemas", ejemplificó ayer García, "como la pobreza, el abandono escolar, la dejación de los padres, el uso de las redes sociales o la inmigración". Se trata, según expuso la representante de la Junta, de apoyar en los ayuntamientos el desarrollo de medidas que vayan encaminadas al "diseño de políticas" que permitan dar respuesta a las inquietudes de los menores, como los desahucios, o los programas de reinserción de menores infractores. "Es importante que las políticas de justicia social sobre las que legisla la Junta calen", añadió la delegada en Granada, que incidió en que "lo que queremos es un pacto por la infancia".
Si se extrapolan los porcentajes regionales del Observatorio de la Infancia a la realidad granadina -en la que se contabilizan 170.808 menores de edad- se puede estimar que más de 47.000 niños granadinos sufren pobreza relativa, que se define como la incapacidad para dar satisfacción a las necesidades básicas. Otros 1.700 están en el pozo de la privación material severa -concepto en el que se incluyen a las familias que no pueden hacer frente a los recibos o no pueden asumir gastos imprevistos, entre otros- y otros 42.500 se encuentran en riesgo de exclusión. Los porcentajes ofrecidos por el Observatorio colocan a la infancia andaluza en una situación más delicada si cabe que en el resto de España. Así, el Instituto Nacional de Estadística calcula que el 9,8% de los varones menores de 18 años y el 9,2% de las chicas sufren pobreza material.
Los datos del OIA aparecen en la redacción del II Plan de Infancia y Adolescencia en Andalucía, un programa que retoma el extinto primer Plan, que finalizó en 2007. Este segundo Plan, que se presentó ayer en Granada, cuenta con un presupuesto regional para los años 2016 y 2017 de 673 millones, que se destinarán a que "haya una perspectiva de la infancia a la hora de legislar", según señaló ayer la delegada de la Junta en Granada, Sandra García. El proyecto tiene vocación "transversal", y en el mismo participan todas las consejerías, aunque se hace particular hincapié en el papel de Políticas Sociales y Salud, Educación y Justicia. Sobre el papel, un documento de 222 folios, aprobado en consejo de gobierno el pasado mes de junio, y que recoge tanto la radiografía de la infancia andaluza como los puntos débiles. "Surgen nuevos problemas", ejemplificó ayer García, "como la pobreza, el abandono escolar, la dejación de los padres, el uso de las redes sociales o la inmigración". Se trata, según expuso la representante de la Junta, de apoyar en los ayuntamientos el desarrollo de medidas que vayan encaminadas al "diseño de políticas" que permitan dar respuesta a las inquietudes de los menores, como los desahucios, o los programas de reinserción de menores infractores. "Es importante que las políticas de justicia social sobre las que legisla la Junta calen", añadió la delegada en Granada, que incidió en que "lo que queremos es un pacto por la infancia".
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