Los empresarios denuncian que
la reforma del Gobierno reduce del 9 al 5,5% la rentabilidad y aseguran
que se podrían cerrar plantas en breve
Á. Recio - V. Olivencia
granada
Varios aerogeneradores en un parque eólico.
Los
empresarios del sector de las energías renovables están que trinan.
Aseguran que con la reforma emprendida por el Gobierno de Mariano Rajoy
llevan más de dos años completamente parados y no se prevén nuevas
inversiones ni en Granada ni en otras provincias. Se duda incluso del
futuro de las instalaciones ya puestas en funcionamiento, en las que,
según cálculos de la Asociación de Promotores y Productores de Energías
Renovables de Andalucía (Aprean), se han invertido en estos últimos
años unos 5.000 millones de euros en Andalucía.
La situación es la siguiente. En 2012 finalizó el registro de preasignaciones que definía qué potencia de energía renovable se podía instalar cada año, lo cual permitía tener un sector ordenado. El PP ganó las elecciones en noviembre de 2011 y su gobierno anunció que haría una reforma profunda en el sector de la energía eléctrica y en las renovables. Esa reforma no empezó a ver la luz hasta el verano del año pasado, lo que provocó un año y medio de parón en el sector ante la incertidumbre por lo que podía contener. Durante este periodo las empresas que han podido se han ido a trabajar al extranjero y las que no se han dedicado a mantener sus instalaciones y a no realizar apenas inversiones. En estos dos últimos años sólo se han puesto en servicio algún proyecto que quedaba pendiente relacionado con las renovables, pero de escaso tamaño.
Tras esa espera, la reforma -suscrita en varios reales decretos, órdenes ministeriales y la modificación de la ley del sector eléctrico- no sólo no ha contentado a nadie sino que ha puesto al sector de las renovables en pie de guerra pues supone un recorte de 2.000 millones de euros para este segmento. Hasta ahora, la rentabilidad de las instalaciones seguía los parámetros europeos y estaba en torno al 9%, mientras que ahora el Gobierno la ha rebajado al 7% que, descontando el pago de impuestos y tasas autonómicas, entre otros gastos, se queda en un 5,5%.
Esa rebaja en las primas no es para los proyectos futuros sino para los que ya están operativos, descuadrando todas las previsiones realizadas por el sector cuando hicieron sus inversiones. Los empresarios subrayan que cuando levantaron parques eólicos o plantas solares partían de la base de que cobraban, por una parte, el precio del mercado mayorista (pool) y, por otra, la prima del Estado, lo cual hacía más viable la operación. Al restar ahora parte de esa prima, las cuentas no le salen igual y se apunta que habrá empresas que pueden tener serias dificultades para pagar la deuda contraída con las entidades financieras, lo que podría suponer despidos y hasta el cierre de instalaciones. Hay empresas que están recurriendo a los tribunales para exigir el pago de la prima que había cuando iniciaron sus proyectos.
"Estamos preocupados. El problema no es que hayan hecho una reforma energética que había que hacer sino que está mal hecha y no han preguntado a nadie. Estoy convencido de que el Gobierno tendrá una gente muy preparada pero están demostrando que de energías renovables no saben", critica Mariano Barroso, presidente de Aprean, quien denuncia que "se podían haber hecho muchas cosas menos cargarse a un sector que es líder a escala mundial y que nos ha costado 20 años construir".
El presidente de Aprean cree que el sector tiene futuro "y antes o después habrá que volver a reactivarlo", si bien piensa que va a "costar mucho trabajo" que regresen a Andalucía y España las empresas que ya se han marchado al extranjero con sus técnicos. De hecho, hace unos días hubo una asamblea ordinaria de Aprean en Sevilla en la que dos expertos hablaron sobre la política energética andaluza y europea. La Junta de Andalucía está planificando ahora su estrategia energética hasta 2020 aunque el gobierno regional tiene la competencia para dar las autorizaciones pero no las primas.
La situación es la siguiente. En 2012 finalizó el registro de preasignaciones que definía qué potencia de energía renovable se podía instalar cada año, lo cual permitía tener un sector ordenado. El PP ganó las elecciones en noviembre de 2011 y su gobierno anunció que haría una reforma profunda en el sector de la energía eléctrica y en las renovables. Esa reforma no empezó a ver la luz hasta el verano del año pasado, lo que provocó un año y medio de parón en el sector ante la incertidumbre por lo que podía contener. Durante este periodo las empresas que han podido se han ido a trabajar al extranjero y las que no se han dedicado a mantener sus instalaciones y a no realizar apenas inversiones. En estos dos últimos años sólo se han puesto en servicio algún proyecto que quedaba pendiente relacionado con las renovables, pero de escaso tamaño.
Tras esa espera, la reforma -suscrita en varios reales decretos, órdenes ministeriales y la modificación de la ley del sector eléctrico- no sólo no ha contentado a nadie sino que ha puesto al sector de las renovables en pie de guerra pues supone un recorte de 2.000 millones de euros para este segmento. Hasta ahora, la rentabilidad de las instalaciones seguía los parámetros europeos y estaba en torno al 9%, mientras que ahora el Gobierno la ha rebajado al 7% que, descontando el pago de impuestos y tasas autonómicas, entre otros gastos, se queda en un 5,5%.
Esa rebaja en las primas no es para los proyectos futuros sino para los que ya están operativos, descuadrando todas las previsiones realizadas por el sector cuando hicieron sus inversiones. Los empresarios subrayan que cuando levantaron parques eólicos o plantas solares partían de la base de que cobraban, por una parte, el precio del mercado mayorista (pool) y, por otra, la prima del Estado, lo cual hacía más viable la operación. Al restar ahora parte de esa prima, las cuentas no le salen igual y se apunta que habrá empresas que pueden tener serias dificultades para pagar la deuda contraída con las entidades financieras, lo que podría suponer despidos y hasta el cierre de instalaciones. Hay empresas que están recurriendo a los tribunales para exigir el pago de la prima que había cuando iniciaron sus proyectos.
"Estamos preocupados. El problema no es que hayan hecho una reforma energética que había que hacer sino que está mal hecha y no han preguntado a nadie. Estoy convencido de que el Gobierno tendrá una gente muy preparada pero están demostrando que de energías renovables no saben", critica Mariano Barroso, presidente de Aprean, quien denuncia que "se podían haber hecho muchas cosas menos cargarse a un sector que es líder a escala mundial y que nos ha costado 20 años construir".
El presidente de Aprean cree que el sector tiene futuro "y antes o después habrá que volver a reactivarlo", si bien piensa que va a "costar mucho trabajo" que regresen a Andalucía y España las empresas que ya se han marchado al extranjero con sus técnicos. De hecho, hace unos días hubo una asamblea ordinaria de Aprean en Sevilla en la que dos expertos hablaron sobre la política energética andaluza y europea. La Junta de Andalucía está planificando ahora su estrategia energética hasta 2020 aunque el gobierno regional tiene la competencia para dar las autorizaciones pero no las primas.
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