El decreto que ultima la Junta
repartirá entre cinco y diez millones para el pago de suministros
básicos. IU prepara otro decreto ley específico en junio que venza los
recelos del PSOE.
Antonio Fuentes sevilla
Diego Valderas, en el reparto de propaganda electoral ayer en Huelva.
El
pasado agosto, hace más de ocho meses, el vicepresidente de la Junta,
Diego Valderas (IU) anunció que la Junta pagaría los recibos de luz y
agua a las familias en riesgo de exclusión social. Esa promesa fue
frenada por el socio de Gobierno en la Junta, el PSOE, pese a la
presentación de un estudio por parte de la Consejería que dirige
Valderas, y fue calificada como una medida de "beneficencia" por
colectivos como el sindicato CCOO.
Esta medida pertenecerá finalmente al nuevo decreto ley de inclusión social que ultima la Junta de Andalucía aunque, según ha podido conocer esta redacción de fuentes de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, se articulará a través de los ayuntamientos.
Se trata de una primera respuesta, de urgencia, por la que los municipios recibirán entre cinco y diez millones de euros para atender estas necesidades de sus vecinos. La Consejería utilizará la vía utilizada hasta ahora para atender las necesidades alimentarias y por la que los ayuntamientos recibieron el pasado año 3,5 millones de euros. Cada ayuntamiento dispuso de estos fondos para proporcionar alimentos a las personas que contaran con un informe de los servicios sociales. Por ejemplo, algunos consistorios proporcionaron vales a estas familias para que adquirieran estos productos y otros se habilitaron ellos mismos como banco de alimentos. Este servicio se mantendrá en el nuevo decreto ley, al que se incorporará los pagos de luz y agua a las familias con esta necesidad acreditada por los servicios sociales de los ayuntamientos.
A partir de aquí, la propia Junta quiere hacerse cargo de este suministro. La Consejería de Valderas prepara un decreto ley específico que tiene como referencia el mes de junio y en el que se regularía esta prestación a nivel de la comunidad, sin la intermediación municipal.
La propuesta original de Valderas fue alcanzar acuerdos con las empresas suministradoras de luz y los ayuntamientos que controlan las empresas de agua, aunque en algunos casos este servicio está en manos de sociedades privadas. En las facturas se incluiría el mínimo que pagaría la Junta para garantizar los "suministros mínimos vitales". Éstos serían al menos cien litros de agua potable al día y 1.400 kilowatios al año. Se les otorgaría a los beneficiarios del salario social, unos 50.000 al año. Aunque no se hizo un estudio económico preciso, la estimación fue de 20 millones de euros para esta medida, que ahora se vería reducida al menos a la mitad, aunque desde la Consejería subrayaron que se trata de una acción de urgencia a la espera de una próxima regulación.
La semana pasada la presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció la próxima aprobación del segundo plan urgente de exclusión social, que ya estaba prometido en los Presupuestos. La dotación sería de otros 60 millones.
Las medidas más destacadas del primer decreto ley fueron un plan de contratación de parados en los ayuntamientos y un plan que garantiza a los escolares más pobres tres comidas diarias en los colegios. La continuidad del programa de las tres comidas ha sido revisada y finalmente se mantendrá. El decreto ley incorporará algunos cambios y "prestará más atención a los pueblos pequeños", dijo Díaz.
Esta medida pertenecerá finalmente al nuevo decreto ley de inclusión social que ultima la Junta de Andalucía aunque, según ha podido conocer esta redacción de fuentes de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, se articulará a través de los ayuntamientos.
Se trata de una primera respuesta, de urgencia, por la que los municipios recibirán entre cinco y diez millones de euros para atender estas necesidades de sus vecinos. La Consejería utilizará la vía utilizada hasta ahora para atender las necesidades alimentarias y por la que los ayuntamientos recibieron el pasado año 3,5 millones de euros. Cada ayuntamiento dispuso de estos fondos para proporcionar alimentos a las personas que contaran con un informe de los servicios sociales. Por ejemplo, algunos consistorios proporcionaron vales a estas familias para que adquirieran estos productos y otros se habilitaron ellos mismos como banco de alimentos. Este servicio se mantendrá en el nuevo decreto ley, al que se incorporará los pagos de luz y agua a las familias con esta necesidad acreditada por los servicios sociales de los ayuntamientos.
A partir de aquí, la propia Junta quiere hacerse cargo de este suministro. La Consejería de Valderas prepara un decreto ley específico que tiene como referencia el mes de junio y en el que se regularía esta prestación a nivel de la comunidad, sin la intermediación municipal.
La propuesta original de Valderas fue alcanzar acuerdos con las empresas suministradoras de luz y los ayuntamientos que controlan las empresas de agua, aunque en algunos casos este servicio está en manos de sociedades privadas. En las facturas se incluiría el mínimo que pagaría la Junta para garantizar los "suministros mínimos vitales". Éstos serían al menos cien litros de agua potable al día y 1.400 kilowatios al año. Se les otorgaría a los beneficiarios del salario social, unos 50.000 al año. Aunque no se hizo un estudio económico preciso, la estimación fue de 20 millones de euros para esta medida, que ahora se vería reducida al menos a la mitad, aunque desde la Consejería subrayaron que se trata de una acción de urgencia a la espera de una próxima regulación.
La semana pasada la presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció la próxima aprobación del segundo plan urgente de exclusión social, que ya estaba prometido en los Presupuestos. La dotación sería de otros 60 millones.
Las medidas más destacadas del primer decreto ley fueron un plan de contratación de parados en los ayuntamientos y un plan que garantiza a los escolares más pobres tres comidas diarias en los colegios. La continuidad del programa de las tres comidas ha sido revisada y finalmente se mantendrá. El decreto ley incorporará algunos cambios y "prestará más atención a los pueblos pequeños", dijo Díaz.
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