El Defensor del Pueblo critica
que los políticos "asumen pocas responsabilidades" y apunta que el
debate sobre la eliminación de los defensores autonómicos "se ha
diluido".
Fede Durán sevilla
Jesús Maeztu./ José Ángel García
Las
frases de Jesús Maeztu (Medina-Sidonia, Cádiz, 1943) son largas, casi
kilométricas, y envolventes, casi en espiral. Defensor del Pueblo desde
junio de 2013, recuerda a los partidos que su obligación es "tender
puentes" porque "hay políticas de todos" como la educación o la sanidad.
"La legislación diaria -dice- debe huir del sectarismo". Entretanto,
promete exprimirse en su doble alma "mediadora y beligerante". "El
Defensor es incómodo por naturaleza porque personifica el punto de vista
del ciudadano frente a los poderes públicos".
-Si un andaluz de a pie le para en mitad de la calle y le pregunta para qué sirve su cargo, ¿qué le explicaría?
-Le argumentaría que sirve para que sus problemas diarios tengan una casa a la que acudir. Allí vamos a tratar de defenderle -si tiene razón- para que pueda conseguir lo que por otras vías no es posible. Si me encuentro con alguien y le pregunto por su problema y le ofrezco una mesa y mi tiempo, voy a hacer lo imposible por que obtenga el derecho reclamado. El Defensor del Pueblo es un sitio cercano y accesible, muy ágil, gratuito, para que la Administración no oprima al ciudadano.
-Pero usted es un comisionado del Parlamento. No tiene poder ejecutivo ni puede legislar.
-Se habla de que el Defensor es muy grandilocuente: parece un conseguidor que va a lograr que se respete el derecho de un ciudadano en una causa. Pero el sistema de distribución de poderes está muy instaurado, y la Administración tiene su dimensión y su papel, igual que la Justicia. El Defensor es más bien un persuasor que le dice a la Administración que tome aquellas soluciones justas que aún no ha tomado, que de cara al futuro no repita algunas actuaciones irregulares y que además rectifique alguna decisión por los argumentos que le presentamos. Y a la vez me dirijo al Parlamento para darle cuenta de lo que he hecho; para sugerirle reformas normativas que veo en el día a día. Aquí vienen al año 42.000 andaluces. Tenemos un bagaje.
-¿Y le hacen caso?
-Todos los grupos parlamentarios han cerrado filas en torno a esta institución tras el informe de la CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones), que propone eliminar la figura del defensor autonómico. Eso fue maravilloso. Las relaciones en comisión son fluidas. También lo son con el presidente de la Cámara [Manuel Gracia]. Trabajo con los diputados en sus circunscripciones. Y haré una ronda con los partidos para poder debatir sin necesidad de esperar a uno de mis informes o comparecencias.
-El caso es que la tijera estatal se ha fijado en usted y sus ocho homónimos regionales.
-También se anunció la supresión de ayuntamientos y diputaciones y al final ha quedado en poca cosa. El informe coincidió con un momento bajo de las autonomías ante el Gobierno central con motivo de la crisis. También se argumentó que con un Defensor estatal más potente no hay necesidad de los autonómicos, pero creo que esa reflexión se ha diluido. Yo acepto asumir la austeridad necesaria [el presupuesto de la institución para 2014 es de 4,18 millones, la plantilla roza las 70 personas]. Pero trabajo con la Defensora estatal en los informes de las listas de espera en urgencias, la trata de menores, el anteproyecto de reforma del Código Penal, la guía para proceder a la incapacitación de las personas con enfermedades mentales... y luego están las visitas a las provincias, los contactos semanales con colectivos. Además, ¿cómo se puede explicar que se evalúe cómo actúan las consejerías de la Junta o los ayuntamientos en el Congreso y no en el Parlamento propio? No hay duplicidades. Este organismo es necesario en una sociedad democrática porque los contrapoderes han de estar muy repartidos.
-¿Entiende que José Chamizo, su predecesor, quisiera prorrogar su mandato tras 17 años?
-A este tipo de trabajo hay que ponerle mucha pasión porque está muy cerca del dolor humano. Las situaciones que yo veo son las que no funcionan; las que funcionan no me llegan. Es una radiografía de los recortes. Entiendo que uno quiera seguir, sobre todo cuando lleva ya un tiempo, y por otra parte, toda misión tiene su caducidad. Siempre he pensado que dos legislaturas son el término óptimo. La renovación es buena.
-Un dato impactante: España es el segundo país con más pobreza infantil de la UE, según Cáritas.
-Hay un rosario de niños con trastornos de conducta graves que cazados a tiempo en el colegio y la familia no deberían terminar en centros de tutela. Con menos recursos para pedagogos y tutores sí terminan ahí. El menor es la víctima en todas las crisis económicas. En la violencia de género, en los desahucios, en las separaciones matrimoniales, en las componendas de los repartos de la unidad familiar, en el empleo. Asociada a la carestía de cuando la familia no tiene una renta mínima o está sumida en la insolvencia energética, la pobreza infantil ha llegado a tal extremo que nadie la pone en duda. Hay familias que ya no pueden recibir alimentos si no están cocinados porque no disponen de luz ni gas. Tenemos 355 quejas de menores, estamos actuando de oficio en el acoso familiar y observamos también una cierta delincuencia de niños contra padres, porque han vivido en la sobreabundancia: son los llamados niños emperador, que muestran una crueldad imponente. Ésas son las semillas de la violencia de género y la desigualdad.
-¿Está a favor de la renta básica?
-Totalmente. Esa renta sería una garantía para mantener las redes del Estado del bienestar en tiempos de crisis. Y a la vez ha de ser compatible con los suministros básicos de luz y agua, tarifando por persona y no por vivienda, tal y como estamos haciendo en Málaga. A partir de ahí tenemos que ver, con todos los controles, cómo se ejecuta. Toca priorizar otro tipo de ajustes: una buena reforma fiscal; más inversión en economía productiva; que la I+D sea una inversión y no un gasto; que los estudiantes puedan seguir estudiando si se quedan sin recursos. Hemos pedido al Parlamento tres objetivos: que igual que existen concursos de acreedores para las sociedades mercantiles, haya una ley de segunda oportunidad para la gente. Queremos saber asimismo cuál es la política de vivienda en Andalucía. ¿Los ayuntamientos y la Junta tienen viviendas en compraventa? Si eso no se vende porque no hay crédito, ¿por qué no la pasan ustedes a alquiler social? Queremos que el procedimiento de adjudicación no tarde un año. Que los bancos con VPO las inscriban en el registro de demandantes. Y que haya cupos para las viviendas de exclusión social.
-¿Respalda el desalojo de la Corrala Utopía? Casi le cuesta el pacto de Gobierno a PSOE e IU.
-Una cosa es realojar por razones de emergencia social y otra adjudicar. Aprovechando estas invasiones de casas, cuyo germen es esa situación de necesidad en paralelo a esa visión de casas vacías, vamos a ordenar el tema.
-A instancias de Madrid, la Junta se comprometió, como el resto de CCAA, a rebajar el tamaño de su Administración paralela, pero ha habido más cosmética que bisturí.
-Se ha hecho un trabajo de reajuste y concentración de organismos y empresas públicas. También hay órganos necesarios tal y como ya están. El Consejo Económico y Social, la Cámara de Cuentas, el Consejo Consultivo y el Defensor tienen un papel. No me niego a la simplificación, pero sin meter en el saco a instituciones esenciales.
-¿Cuál es su percepción del problema de la corrupción?
-Me preocupa la corrupción porque en 2013 y este año casi todos los periódicos machacan con eso. Es necesario eliminarla. La transparencia debe ser total. Han de salir a la luz irregularidades, aprovechamientos, sobrecostes interesados, comisiones en urbanismo... Pero la solución a la corrupción es muy lenta. Hay poca asunción de responsabilidades y muy poca efectividad en la recuperación del dinero defraudado. Las instrucciones judiciales son muy lentas, se convierten en macrocausas sin fin. Los periodos de instrucción han de ser mucho más ágiles para que después en el juicio se determinen responsabilidades y culpables. Nadie puede creerse impune. No son compatibles ajustes fuertes en las familias y una corrupción galopante. La tinta del calamar es muy difícil de borrar: parece que todos los políticos son culpables salvo que se demuestre lo contrario. Ojo, en Andalucía no debemos pagar constantemente por hechos muy lamentables porque parece que todos somos corruptos. Ese manto de sospecha generalizado es muy injusto.
-¿Qué rol ha desempeñado la banca en esta crisis?
-[Breve silencio]. No sólo no ha sido ejemplar sino que ha caminado por sendas muy poco controladas. En la ciudadanía se ha alojado una percepción de la banca muy dura: no entiende que haya sido rescatada para mantener el sistema monetario y financiero sin que hayan sido responsables quienes han conducido a esa situación. El problema de las preferentes ha sido muy doloroso. Algunos bancos se están sometiendo al control del Defensor, que no tiene competencias por tratarse del ámbito jurídico privado, pero hay un intercambio entre asesorías para que todos los ciudadanos que se quejen respecto de la cláusula suelo, la dación en pago y las preferentes puedan encontrar soluciones. Aquí ha habido casos muy lamentables de opacidad con las preferentes, incluso alguna firma falsificada de gente que ni siquiera sabe leer y escribir. La banca no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Ha habido un desmedido afán de dar préstamos a troche y moche con una simple nómina de 1.000 euros. Si a eso se le suma que ahora se resisten al préstamo, a programas de aplazamiento de deuda... Ése es el papel que yo les exigiría para que laven su imagen.
-Una de su ámbito académico: las reformas laborales de Zapatero y Rajoy confirman la tesis de que con la ley no se arregla el problema del paro.
-Estuvimos al borde del rescate. La recuperación exigía reformas estructurales muy duras, pero debían ser más completas. En el aspecto laboral se han planteado retoques sucesivos muy frágiles: algunos eran necesarios, pero se ha llegado muy lejos en la infravaloración de la negociación colectiva. Facilitar las decisiones unilaterales del empresario es volver a los comienzos de la legislación laboral. Una cosa es congelar los salarios y otra destruirlos, eso es crear pobreza. Se llega a una pendiente muy peligrosa que no son ya ni los minijobs. El Círculo de Empresarios le ponía pegas el otro día a los subsidios, pero nadie se las pone a los extrabeneficios de la banca. El otro día vi un anuncio de empleo en el que se advertía que durante los tres meses de prueba no se cobraba y que a quien superase la prueba se le llamaría cuando se le necesite. Faltaba decir que ese día se le pagará. La EPA es un aviso muy claro: nos quedan unos duros 2015 y 2016. Con la dinámica actual estamos propiciando la destrucción del Estatuto de los Trabajadores.
-Si un andaluz de a pie le para en mitad de la calle y le pregunta para qué sirve su cargo, ¿qué le explicaría?
-Le argumentaría que sirve para que sus problemas diarios tengan una casa a la que acudir. Allí vamos a tratar de defenderle -si tiene razón- para que pueda conseguir lo que por otras vías no es posible. Si me encuentro con alguien y le pregunto por su problema y le ofrezco una mesa y mi tiempo, voy a hacer lo imposible por que obtenga el derecho reclamado. El Defensor del Pueblo es un sitio cercano y accesible, muy ágil, gratuito, para que la Administración no oprima al ciudadano.
-Pero usted es un comisionado del Parlamento. No tiene poder ejecutivo ni puede legislar.
-Se habla de que el Defensor es muy grandilocuente: parece un conseguidor que va a lograr que se respete el derecho de un ciudadano en una causa. Pero el sistema de distribución de poderes está muy instaurado, y la Administración tiene su dimensión y su papel, igual que la Justicia. El Defensor es más bien un persuasor que le dice a la Administración que tome aquellas soluciones justas que aún no ha tomado, que de cara al futuro no repita algunas actuaciones irregulares y que además rectifique alguna decisión por los argumentos que le presentamos. Y a la vez me dirijo al Parlamento para darle cuenta de lo que he hecho; para sugerirle reformas normativas que veo en el día a día. Aquí vienen al año 42.000 andaluces. Tenemos un bagaje.
-¿Y le hacen caso?
-Todos los grupos parlamentarios han cerrado filas en torno a esta institución tras el informe de la CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones), que propone eliminar la figura del defensor autonómico. Eso fue maravilloso. Las relaciones en comisión son fluidas. También lo son con el presidente de la Cámara [Manuel Gracia]. Trabajo con los diputados en sus circunscripciones. Y haré una ronda con los partidos para poder debatir sin necesidad de esperar a uno de mis informes o comparecencias.
-El caso es que la tijera estatal se ha fijado en usted y sus ocho homónimos regionales.
-También se anunció la supresión de ayuntamientos y diputaciones y al final ha quedado en poca cosa. El informe coincidió con un momento bajo de las autonomías ante el Gobierno central con motivo de la crisis. También se argumentó que con un Defensor estatal más potente no hay necesidad de los autonómicos, pero creo que esa reflexión se ha diluido. Yo acepto asumir la austeridad necesaria [el presupuesto de la institución para 2014 es de 4,18 millones, la plantilla roza las 70 personas]. Pero trabajo con la Defensora estatal en los informes de las listas de espera en urgencias, la trata de menores, el anteproyecto de reforma del Código Penal, la guía para proceder a la incapacitación de las personas con enfermedades mentales... y luego están las visitas a las provincias, los contactos semanales con colectivos. Además, ¿cómo se puede explicar que se evalúe cómo actúan las consejerías de la Junta o los ayuntamientos en el Congreso y no en el Parlamento propio? No hay duplicidades. Este organismo es necesario en una sociedad democrática porque los contrapoderes han de estar muy repartidos.
-¿Entiende que José Chamizo, su predecesor, quisiera prorrogar su mandato tras 17 años?
-A este tipo de trabajo hay que ponerle mucha pasión porque está muy cerca del dolor humano. Las situaciones que yo veo son las que no funcionan; las que funcionan no me llegan. Es una radiografía de los recortes. Entiendo que uno quiera seguir, sobre todo cuando lleva ya un tiempo, y por otra parte, toda misión tiene su caducidad. Siempre he pensado que dos legislaturas son el término óptimo. La renovación es buena.
-Un dato impactante: España es el segundo país con más pobreza infantil de la UE, según Cáritas.
-Hay un rosario de niños con trastornos de conducta graves que cazados a tiempo en el colegio y la familia no deberían terminar en centros de tutela. Con menos recursos para pedagogos y tutores sí terminan ahí. El menor es la víctima en todas las crisis económicas. En la violencia de género, en los desahucios, en las separaciones matrimoniales, en las componendas de los repartos de la unidad familiar, en el empleo. Asociada a la carestía de cuando la familia no tiene una renta mínima o está sumida en la insolvencia energética, la pobreza infantil ha llegado a tal extremo que nadie la pone en duda. Hay familias que ya no pueden recibir alimentos si no están cocinados porque no disponen de luz ni gas. Tenemos 355 quejas de menores, estamos actuando de oficio en el acoso familiar y observamos también una cierta delincuencia de niños contra padres, porque han vivido en la sobreabundancia: son los llamados niños emperador, que muestran una crueldad imponente. Ésas son las semillas de la violencia de género y la desigualdad.
-¿Está a favor de la renta básica?
-Totalmente. Esa renta sería una garantía para mantener las redes del Estado del bienestar en tiempos de crisis. Y a la vez ha de ser compatible con los suministros básicos de luz y agua, tarifando por persona y no por vivienda, tal y como estamos haciendo en Málaga. A partir de ahí tenemos que ver, con todos los controles, cómo se ejecuta. Toca priorizar otro tipo de ajustes: una buena reforma fiscal; más inversión en economía productiva; que la I+D sea una inversión y no un gasto; que los estudiantes puedan seguir estudiando si se quedan sin recursos. Hemos pedido al Parlamento tres objetivos: que igual que existen concursos de acreedores para las sociedades mercantiles, haya una ley de segunda oportunidad para la gente. Queremos saber asimismo cuál es la política de vivienda en Andalucía. ¿Los ayuntamientos y la Junta tienen viviendas en compraventa? Si eso no se vende porque no hay crédito, ¿por qué no la pasan ustedes a alquiler social? Queremos que el procedimiento de adjudicación no tarde un año. Que los bancos con VPO las inscriban en el registro de demandantes. Y que haya cupos para las viviendas de exclusión social.
-¿Respalda el desalojo de la Corrala Utopía? Casi le cuesta el pacto de Gobierno a PSOE e IU.
-Una cosa es realojar por razones de emergencia social y otra adjudicar. Aprovechando estas invasiones de casas, cuyo germen es esa situación de necesidad en paralelo a esa visión de casas vacías, vamos a ordenar el tema.
-A instancias de Madrid, la Junta se comprometió, como el resto de CCAA, a rebajar el tamaño de su Administración paralela, pero ha habido más cosmética que bisturí.
-Se ha hecho un trabajo de reajuste y concentración de organismos y empresas públicas. También hay órganos necesarios tal y como ya están. El Consejo Económico y Social, la Cámara de Cuentas, el Consejo Consultivo y el Defensor tienen un papel. No me niego a la simplificación, pero sin meter en el saco a instituciones esenciales.
-¿Cuál es su percepción del problema de la corrupción?
-Me preocupa la corrupción porque en 2013 y este año casi todos los periódicos machacan con eso. Es necesario eliminarla. La transparencia debe ser total. Han de salir a la luz irregularidades, aprovechamientos, sobrecostes interesados, comisiones en urbanismo... Pero la solución a la corrupción es muy lenta. Hay poca asunción de responsabilidades y muy poca efectividad en la recuperación del dinero defraudado. Las instrucciones judiciales son muy lentas, se convierten en macrocausas sin fin. Los periodos de instrucción han de ser mucho más ágiles para que después en el juicio se determinen responsabilidades y culpables. Nadie puede creerse impune. No son compatibles ajustes fuertes en las familias y una corrupción galopante. La tinta del calamar es muy difícil de borrar: parece que todos los políticos son culpables salvo que se demuestre lo contrario. Ojo, en Andalucía no debemos pagar constantemente por hechos muy lamentables porque parece que todos somos corruptos. Ese manto de sospecha generalizado es muy injusto.
-¿Qué rol ha desempeñado la banca en esta crisis?
-[Breve silencio]. No sólo no ha sido ejemplar sino que ha caminado por sendas muy poco controladas. En la ciudadanía se ha alojado una percepción de la banca muy dura: no entiende que haya sido rescatada para mantener el sistema monetario y financiero sin que hayan sido responsables quienes han conducido a esa situación. El problema de las preferentes ha sido muy doloroso. Algunos bancos se están sometiendo al control del Defensor, que no tiene competencias por tratarse del ámbito jurídico privado, pero hay un intercambio entre asesorías para que todos los ciudadanos que se quejen respecto de la cláusula suelo, la dación en pago y las preferentes puedan encontrar soluciones. Aquí ha habido casos muy lamentables de opacidad con las preferentes, incluso alguna firma falsificada de gente que ni siquiera sabe leer y escribir. La banca no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Ha habido un desmedido afán de dar préstamos a troche y moche con una simple nómina de 1.000 euros. Si a eso se le suma que ahora se resisten al préstamo, a programas de aplazamiento de deuda... Ése es el papel que yo les exigiría para que laven su imagen.
-Una de su ámbito académico: las reformas laborales de Zapatero y Rajoy confirman la tesis de que con la ley no se arregla el problema del paro.
-Estuvimos al borde del rescate. La recuperación exigía reformas estructurales muy duras, pero debían ser más completas. En el aspecto laboral se han planteado retoques sucesivos muy frágiles: algunos eran necesarios, pero se ha llegado muy lejos en la infravaloración de la negociación colectiva. Facilitar las decisiones unilaterales del empresario es volver a los comienzos de la legislación laboral. Una cosa es congelar los salarios y otra destruirlos, eso es crear pobreza. Se llega a una pendiente muy peligrosa que no son ya ni los minijobs. El Círculo de Empresarios le ponía pegas el otro día a los subsidios, pero nadie se las pone a los extrabeneficios de la banca. El otro día vi un anuncio de empleo en el que se advertía que durante los tres meses de prueba no se cobraba y que a quien superase la prueba se le llamaría cuando se le necesite. Faltaba decir que ese día se le pagará. La EPA es un aviso muy claro: nos quedan unos duros 2015 y 2016. Con la dinámica actual estamos propiciando la destrucción del Estatuto de los Trabajadores.
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