La Junta de Andalucía abonó esta cantidad entre 2007 y 2013 y, a diferencia del millón que reclama el Ministerio de Hacienda, todavía no ha iniciado un expediente de reintegro a la espera de que se determine en qué se gastó el dinero
G. CAPPA GRANADA
La gestión económica de la Fundación Lorca está cada vez más en entredicho. La institución, a la que se encomendó la construcción del Centro Lorca y que gestionó las aportaciones públicas entre 2007 y 2013, tiene pendiente de justificar cerca de 2 millones de euros a la Junta de Andalucía, lo que se suma al millón de euros que reclama el Ministerio de Cultura y que ya ha supuesto el inicio de un expediente de reintegro por parte de Hacienda. En el caso de la Junta, la institución no ha tomado ninguna medida drástica en este sentido y sigue a la espera de que se justifique un dinero procedente de los Fondos Feder que estaba destinado a pagar a Ferrovial una parte del coste de las obras. Desde fuente cercanas a la Fundación Lorca se subraya que se han presentado alegaciones y que no habrá ningún problema a la hora de detallar el destino de este dinero, que se fue ingresando a la Fundación hasta que, en 2013, las instituciones decidieron relevar de la gerencia del espacio de La Romanilla a Laura García-Lorca y a Juan Tomás Martín, cargo que desde entonces ejercen en funciones el concejal de Cultura, Juan García Montero, y una directora general de la Junta, María del Mar Alfaro.
Según fuentes del Ministerio de Cultura consultadas por este periódico, desde que se produjo este relevo en la gerencia, todos los gastos y todas las subvenciones que han ido a parar al Centro Lorca están plenamente justificadas, incluidos los fondos noruegos destinados al equipamiento. En este sentido, resaltan que el millón de euros objeto de la polémica se le reclama al Consorcio que integran todas las instituciones, algo en lo que se incide desde la Fundación, aunque aclaran que se refiere a un periodo en el que la parcela económica estaba en manos de la institución que preside Laura García-Lorca. Estas fuentes destacan que este dinero tiene que haber sido destinado íntegramente a la construcción del espacio de La Romanilla, y que cualquier otro destino del dinero sería "ilícito". El Ministerio de Cultura subraya que sigue abierto al diálogo y que ahora se abre un plazo de alegaciones que podría durar varios meses. Una vez finalizado este tiempo se espera que se aclare el destino de estos fondos, que de momento están "mal justificados". En caso contrario, las fuentes del Ministerio señalan que se podría abrir una causa judicial, bien por la vía civil o por la penal. Estas mismas fuentes subrayan su "sorpresa" ante la decisión unilateral de Ferrovial de no entregar el Centro Lorca pese a estar prevista su inauguración el 5 de junio, una determinación que se tomó justo después de las elecciones, cuando una gran interrogante se cernió sobre la gobernabilidad en la Junta, Ayuntamiento y Diputación, panorama al que se sumaba el horizonte de unas inciertas elecciones generales en noviembre.
En este contexto, y ante el malestar de algunos de los miembros del Consejo de la Fundación Lorca, que está integrado en minoría por Junta y Ayuntamiento, se encargó una auditoría, que será objeto de debate en una reunión que tendrá lugar el próximo martes en Madrid.
Además, las instituciones decidieron modificar los estatutos del Consorcio del Centro Lorca, cambios que están pendientes de su publicación en el BOJA. Entre otras cuestiones, este nuevo marco legal determina que la dirección no va a recaer en Laura García-Lorca, sino en un gerente nombrado por todas las instituciones, con lo que la sobrina del autor de Yerma sólo tendrá competencias en cuanto a la programación de actividades y pasa a un segundo plano en el organigrama de la institución.
Antes se le quitaron todas las competencias económicas a Juan Tomás Martín y a Laura García-Lorca. Y aunque en algunos medios se aseguraba ayer que Juan García Montero, concejal de Cultura, será quien asuma la gerencia, el propio edil descartó ayer esta posibilidad a este periódico. ¿Ni en noviembre? "No, trabajamos con el horizonte de que José Torres Hurtado llegue hasta el final de la legislatura y hay un buen entendimiento con Ciudadanos", respondió.
Además, la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte, Ana Gámez, señaló ayer a los medios que existe la opción de disolver el Consorcio para que alguna institución asuma la titularidad y se pueda pagar la deuda a Ferrovial, ya que las instituciones no pueden conceder ninguna subvención más hasta que la Fundación no justifique el millón de euros que ya le reclama el Ministerio de Hacienda. Gámez comparó la situación del Centro Lorca con la del Consorcio Albaicín, paralizado por tener diferentes expedientes de reintegro. "Puede ser que al final tengamos que contemplar como solución disolver el Consorcio para que alguna institución asuma la titularidad y se pueda pagar la deuda a Ferrovial", dijo Gámez sobre una de las posibilidades que están sobre la mesa, que el Ayuntamiento asuma la gestión global del Centro Lorca.
De momento, la modificación de los estatutos supone que el Centro Lorca se adscribe en el plano económico al Ayuntamiento de Granada, algo que ya ha pasado en el Festival de Música y Danza y en la OCG para adecuarse a la nueva Ley del Régimen Local, lo que implica que el balance económico tiene que adscribirse a una administración pública, que en estos tres casos es el Ayuntamiento de Granada. La posibilidad que se plantea es que el Consistorio de un paso más, algo que según fuente consultadas por este periódico, es una vía que todavía está en pleno proceso de debate.
Según fuentes del Ministerio de Cultura consultadas por este periódico, desde que se produjo este relevo en la gerencia, todos los gastos y todas las subvenciones que han ido a parar al Centro Lorca están plenamente justificadas, incluidos los fondos noruegos destinados al equipamiento. En este sentido, resaltan que el millón de euros objeto de la polémica se le reclama al Consorcio que integran todas las instituciones, algo en lo que se incide desde la Fundación, aunque aclaran que se refiere a un periodo en el que la parcela económica estaba en manos de la institución que preside Laura García-Lorca. Estas fuentes destacan que este dinero tiene que haber sido destinado íntegramente a la construcción del espacio de La Romanilla, y que cualquier otro destino del dinero sería "ilícito". El Ministerio de Cultura subraya que sigue abierto al diálogo y que ahora se abre un plazo de alegaciones que podría durar varios meses. Una vez finalizado este tiempo se espera que se aclare el destino de estos fondos, que de momento están "mal justificados". En caso contrario, las fuentes del Ministerio señalan que se podría abrir una causa judicial, bien por la vía civil o por la penal. Estas mismas fuentes subrayan su "sorpresa" ante la decisión unilateral de Ferrovial de no entregar el Centro Lorca pese a estar prevista su inauguración el 5 de junio, una determinación que se tomó justo después de las elecciones, cuando una gran interrogante se cernió sobre la gobernabilidad en la Junta, Ayuntamiento y Diputación, panorama al que se sumaba el horizonte de unas inciertas elecciones generales en noviembre.
En este contexto, y ante el malestar de algunos de los miembros del Consejo de la Fundación Lorca, que está integrado en minoría por Junta y Ayuntamiento, se encargó una auditoría, que será objeto de debate en una reunión que tendrá lugar el próximo martes en Madrid.
Además, las instituciones decidieron modificar los estatutos del Consorcio del Centro Lorca, cambios que están pendientes de su publicación en el BOJA. Entre otras cuestiones, este nuevo marco legal determina que la dirección no va a recaer en Laura García-Lorca, sino en un gerente nombrado por todas las instituciones, con lo que la sobrina del autor de Yerma sólo tendrá competencias en cuanto a la programación de actividades y pasa a un segundo plano en el organigrama de la institución.
Antes se le quitaron todas las competencias económicas a Juan Tomás Martín y a Laura García-Lorca. Y aunque en algunos medios se aseguraba ayer que Juan García Montero, concejal de Cultura, será quien asuma la gerencia, el propio edil descartó ayer esta posibilidad a este periódico. ¿Ni en noviembre? "No, trabajamos con el horizonte de que José Torres Hurtado llegue hasta el final de la legislatura y hay un buen entendimiento con Ciudadanos", respondió.
Además, la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte, Ana Gámez, señaló ayer a los medios que existe la opción de disolver el Consorcio para que alguna institución asuma la titularidad y se pueda pagar la deuda a Ferrovial, ya que las instituciones no pueden conceder ninguna subvención más hasta que la Fundación no justifique el millón de euros que ya le reclama el Ministerio de Hacienda. Gámez comparó la situación del Centro Lorca con la del Consorcio Albaicín, paralizado por tener diferentes expedientes de reintegro. "Puede ser que al final tengamos que contemplar como solución disolver el Consorcio para que alguna institución asuma la titularidad y se pueda pagar la deuda a Ferrovial", dijo Gámez sobre una de las posibilidades que están sobre la mesa, que el Ayuntamiento asuma la gestión global del Centro Lorca.
De momento, la modificación de los estatutos supone que el Centro Lorca se adscribe en el plano económico al Ayuntamiento de Granada, algo que ya ha pasado en el Festival de Música y Danza y en la OCG para adecuarse a la nueva Ley del Régimen Local, lo que implica que el balance económico tiene que adscribirse a una administración pública, que en estos tres casos es el Ayuntamiento de Granada. La posibilidad que se plantea es que el Consistorio de un paso más, algo que según fuente consultadas por este periódico, es una vía que todavía está en pleno proceso de debate.
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