Un año después de la proclamación del monarca Felipe VI, los republicanos de la región consideran que hecho supuso una “imposición antidemocrática”, pues aseguran que a los españoles se les hurtó la posibilidad de convocar un referéndum sobre ‘Monarquía o República’, algo que aseguran que fue reclamado por cientos de miles de personas en las movilizaciones de junio del año 2014.
En este sentido, desde Ciudadanos por la República han reiterado su rechazo a la sucesión borbónica, apelando a lo que consideran “una necesaria ruptura democrática para potenciar la defensa de tercera república”.
“Seguimos reivindicando un proceso o alternativa constituyente, que se plantee construir entre todos, una nueva agenda para el cambio social, conectando con el antiguo sueño republicano de un mundo en libertad y justicia, sin represión, explotación, hambre o necesidad. El viejo sueño de los derechos humanos”, señalaron desde la asociación republicana.
“Ante el ‘hecho sucesorio’ que se nos impuso como último recurso del agonizante régimen monárquico constitucional de 1978”, desde este colectivo les ha parecido imprescindible recordad, citando al presidente Manuel Azaña, que “la República es mucho más que sustituir la forma de gobierno monárquica por la forma de gobierno republicana, salvo que nos conformemos con una república como una mera forma de Estado o de gobierno, concretamente con un conjunto de organismos burocráticos separados de la sociedad civil, en la que una vez elegidos los representantes, la ciudadanía se abstiene de cualquier actividad política”.
Los republicanos castellano-manchegos recordaron que “la libertad republicana es el deber y derecho inalienable de todos efectivamente a participar en los asuntos públicos, pero también es la ausencia de cualquier situación de dominación que haga ilusorio la igualdad y el autogobierno, tanto en lo público, en las relaciones políticas, como en lo privado, en las relaciones económicas, sociales, familiares o de género”.
Y añadieron por último que “el Estado republicano debe ser un Estado social y políticamente orientado por objetivos cívico democráticos, que combata activamente la corrupción, que limite los derechos de propiedad privada sobre el capital o la tierra por su función social, que mantenga y profundice la universalidad y gratuidad de los servicios públicos educativos, sanitarios, culturales, financiados mediante un sistema tributario progresivo y redistributivo, que constitucionalice mecanismos institucionales y legales que aseguren la efectividad de los derechos sociales, que mantenga un sistema de protección social y garantice el derecho a la existencia mediante un ingreso universal de ciudadanía, que fuerce soluciones cooperativas por la vía institucional, que haga pedagogía política, fomente la ética y los valores cívicos y la austeridad como norma de conducta pública”.
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