La Diputación se suma al convenio social que han suscrito entre el Gobierno andaluz, el Consejo General del Poder Judicial y la FAMP
E. A. GRANADA 
La Junta, la Diputación de Granada y los ayuntamientos de esta provincia reforzarán su cooperación para luchar contra los desahucios e impulsar políticas de vivienda destinadas a facilitar el acceso a las personas con escasos recursos y fomentar la rehabilitación, especialmente en materia de mejora de la eficiencia energética y de la accesibilidad. El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, se reunió ayer con el presidente de la Diputación granadina, José Entrena, y alcaldes de la provincia para poner de relieve la necesidad de coordinar las acciones y recursos para hacer más eficaces las políticas de vivienda.
El consejero trasladó a Diputación y municipios los detalles del convenio suscrito entre el Gobierno andaluz, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) con la finalidad de luchar contra los desahucios y pidió a los alcaldes que se sumen a esta iniciativa. El objetivo es "evitar este drama social y mitigar sus más graves consecuencias a través de la coordinación entre los juzgados y los servicios sociales y recursos públicos de las administraciones locales y autonómica", según explicó el consejero.
Dicho acuerdo permite que los servicios sociales autonómicos y municipales tengan acceso rápido a información sobre la ciudadanía más vulnerable frente a ejecuciones hipotecarias o desahucios y puedan buscar una solución al respecto. Así, cuando el juez detecte situaciones de riesgo, lo comunicará a los servicios sociales. López se refirió también a las actuaciones para la mejora de la accesibilidad en los edificios de viviendas, aspecto en el que hizo una mención especial a "la necesidad de facilitar la instalación de ascensores en los inmuebles de más de tres plantas y en esta labor es necesaria también la participación de los ayuntamientos para extender los beneficios de esta iniciativa a todas las personas que necesitan de este medio para poder salir de sus edificios, pero que por su escasa renta no pueden afrontar el coste de esta obra", detalló el titular de la Consejería de Vivienda.
El consejero trasladó a Diputación y municipios los detalles del convenio suscrito entre el Gobierno andaluz, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) con la finalidad de luchar contra los desahucios y pidió a los alcaldes que se sumen a esta iniciativa. El objetivo es "evitar este drama social y mitigar sus más graves consecuencias a través de la coordinación entre los juzgados y los servicios sociales y recursos públicos de las administraciones locales y autonómica", según explicó el consejero.
Dicho acuerdo permite que los servicios sociales autonómicos y municipales tengan acceso rápido a información sobre la ciudadanía más vulnerable frente a ejecuciones hipotecarias o desahucios y puedan buscar una solución al respecto. Así, cuando el juez detecte situaciones de riesgo, lo comunicará a los servicios sociales. López se refirió también a las actuaciones para la mejora de la accesibilidad en los edificios de viviendas, aspecto en el que hizo una mención especial a "la necesidad de facilitar la instalación de ascensores en los inmuebles de más de tres plantas y en esta labor es necesaria también la participación de los ayuntamientos para extender los beneficios de esta iniciativa a todas las personas que necesitan de este medio para poder salir de sus edificios, pero que por su escasa renta no pueden afrontar el coste de esta obra", detalló el titular de la Consejería de Vivienda.
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