José María Mella
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid
El crecimiento de la desigualdad en la distribución de la renta es un fenómeno que se viene observando en las economías de la OCDE desde los años ochenta y en España desde tiempos más recientes. Por si fuera poco, la recesión económica y las políticas de austeridad están ahondando todavía más dicho proceso, amenazando con romper la cohesión social.
Tres aspectos merecen una especial atención con relación a los efectos de las políticas de austeridad sobre la desigualdad social (Véase la publicación de la Fundación Alternativas, 1er Informe sobre la Desigualdad en España): la creciente dificultad redistributiva de los ingresos y gastos públicos, el mayor impacto relativo de dichas políticas sobre tres importantes colectivos (inmigrantes, jóvenes y mujeres) y los profundos efectos negativos de los recortes en sanidad y educación sobre el Estado de Bienestar.
En primer lugar, la mayor desigualdad de la renta en España está marcada por una menor intensidad de las políticas redistributivas y la caída de salarios —sobre todo los más bajos— acompañada por un aumento brutal de la desocupación, lo que afecta de manera particular a los sustentadores principales de los hogares. Las políticas de austeridad, establecidas pretendidamente para hacer frente a la crisis, han incluido aumentos significativos de distintos tipos de impuestos (IRPF y, sobre todo, IVA) y recortes en remuneraciones y prestaciones (salarios de los empleados públicos, pensiones, cobertura del seguro de desempleo, prestaciones familiares, rentas mínimas, entre otras), que están afectando negativamente a la corrección de las desigualdades de renta.
Sucede, además, que el impuesto sobre la renta y las prestaciones sociales reducen la desigualdad de las rentas primarias (remuneraciones del trabajo, del capital e impuestos netos sobre la producción), pero tienen en España un efecto redistributivo menor que en el resto de Europa. En el caso español la política con un mayor impacto equitativo es la correspondiente a las pensiones contributivas, seguida del impuesto sobre la renta; por el contrario, tienen un impacto mucho menor las prestaciones condicionadas por renta y las prestaciones universales (que incluyen a todos los ciudadanos con un sistema de aseguramiento público y único). Por tanto, como concluye Olga Cantó en el citado informe, el incremento de la capacidad redistributiva del sistema en nuestro país requiere una mayor utilización de las prestaciones monetarias distintas de las pensiones y de las dirigidas a apoyar a las familias (la renta de ciudadanía, añadiría yo), que actúan como escudo protector frente a la pobreza y la exclusión social que pueden acompañar al agotamiento de las prestaciones por desempleo.
En segundo lugar, es bien sabido por estudios como el mencionado, que los hogares más vulnerables a la crisis son los sustentados por inmigrantes, jóvenes menores de 25 años, trabajadores temporales, empleados de baja cualificación y mujeres -en especial, si cuentan con menores a su cargo-, que se ven fuertemente castigados por la reducción de las prestaciones por desempleo y de otros sistemas de protección, así como por la prolongación de las situaciones de desempleo y el alargamiento del tiempo medio de búsqueda de empleo, el agotamiento de las prestaciones y la extensión de la crisis.
Al principio de esta difícil coyuntura —años 2008 a 2010—, la destrucción de empleo, centrada en los jóvenes, hacía que fueran acogidos por sus familias y se beneficiaran de transferencias intra-familiares e inter-generacionales; pero la prolongación de la crisis está provocando el deterioro de esta situación por el aumento del número de hogares con todos sus miembros en paro y por la pérdida de capacidad distributiva de las prestaciones sociales.
Dicha situación es aún más grave en los hogares de inmigrantes como consecuencia de sus mayores tasas de desempleo, peores condiciones salariales y menor acceso a las prestaciones. Las trabas administrativas para el acceso a la tarjeta sanitaria por parte de los inmigrantes irregulares aumentan el riesgo de exclusión social de los mismos, ignorando su contribución económica y el menor uso relativo de sus servicios por la menor edad del colectivo inmigrante.
Al mismo tiempo, cabe decir que las mujeres que representan la mayor parte del desempleo total, son beneficiarias de una menor proporción de las prestaciones por este concepto. En realidad, tres cuartas partes de los parados registrados sin derecho a prestación de ningún tipo son mujeres. Y la tasa de cobertura de la prestación por desempleo es muy inferior en las mujeres que en los hombres. Es evidente, por tanto, que las políticas de austeridad actuales de recortes de gasto público tienen asimismo una marcada discriminación de género.
Discriminación reforzada, a su vez, por la reducción del empleo en servicios como la educación y la sanidad, con una presencia relativamente importante de personal femenino. Reforzada también por la disminución de la oferta de servicios sociales —concretamente, la congelación de la oferta educativa para menores de tres años—, que dificulta la conciliación de las tareas laborales y familiares, dificultando el acceso de las mujeres a la actividad laboral.
El recorte en las políticas activas de empleo, que afectan al desempleo de los jóvenes por el desajuste entre sistema educativo y mercado de trabajo, está perjudicando muy seriamente a los jóvenes de menor cualificación, al limitar la provisión de la necesaria orientación y formación profesional, la mejora de su nivel educativo, la reducción de los periodos de inactividad y su mayor empleabilidad.
Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta que la disminución del gasto sanitario afecta gravemente a un pilar fundamental del Estado de Bienestar, porque es la política más progresiva, más redistributiva y más favorecedora de las clases sociales con menores niveles de renta y de las capas medias. Y asimismo, la reducción del gasto educativo impacta negativamente sobre la progresividad y la redistribución de la renta, si bien la progresividad y capacidad redistributiva de este gasto es menor que el sanitario por la regresividad de la financiación pública de centros educativos privados.
En consecuencia, resultan claramente antisociales las políticas del Estado y de algunas Comunidades Autónomas mininizadoras de la universalización en la provisión de los servicios sanitarios y educativos. Hasta el punto de que, en un artículo publicado el 27 de marzo pasado por la prestigiosa revista médica “The Lancet”, se destacaban ya en 2010 los graves perjuicios en materia de salud que están causando a los ciudadanos españoles las políticas de austeridad (depresiones, ansiedad, alcoholismo, etc.), sin que las autoridades —como es su obligación— lo hayan advertido.
Así nos va. Austeridad y desigualdad son dos caras de una misma moneda. Pero el gobierno no se da por enterado. Una y otra vez, los hechos demuestran que sus intereses están en otra parte.
