El Gobierno central convoca a los expropiados del tramo Carchuna-Castell de Ferro de la autovía para el levantamiento de actas Los principales problemas se han debido al deslizamiento del terreno
ROSA FERNÁNDEZ MOTRIL
La historia del tramo Carchuna-Castell de Ferro es mucho menos conocida que la de sus 'hermanos' de la A-7. Es un capítulo más de la historia maldita de esta autovía, en la que se lleva trabajando 20 años con importantes parones. Uno de los más importantes fue precisamente el que sufrió este tramo fantasma, tal y como denunció por aquel entonces este periódico. En 2010 las máquinas de la UTE FCC-Construcciones Vera, que fue la empresa a la que se adjudicó la obra en 2006, se marcharon para no volver, aunque nunca ha habido una explicación oficial. Ni la empresa ni el Gobierno lo han reconocido.
De entre los pocos que lo hicieron estaba la Mesa de la Construcción de Granada, que se refirieron a este tramo como "en situación de paro real" y aseguraron que se encontraba "a sólo al 15% de su ejecución". En internet también se conocía esa realidad, incluida la Wikipedia, y en los distintos partidos se admitía off the record. Los vecinos, que fueron expropiados "de urgencia", también afirmaban la ruina que había supuesto que les quitaran unas tierras con tanta prisa para luego quedarse baldías.
Ahora parece que un nuevo rayo de esperanza surge en el horizonte de este accidentado tramo, cuyos problemas se han centrado en el deslizamiento del terreno, lo que hizo proponer el cambio del trazado inicial, proponer otro que se topó con terrenos protegidos medioambientalmente y volver al primigenio, aunque no se ha dado tampoco explicación de qué ha ocurrido en los dos últimos años.
La Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental acaba de convocar a más de 300 titulares de fincas en los municipios de Motril, Lújar y Gualchos Castell de Ferro a firmar las actas previas de ocupación a la expropiación forzosa en el tramo Carchuna-Castell de Ferro de la Autovía del Mediterráneo, lo que sugiere un cambio de trazado, ya que se hace referencia en la propia publicación oficial a "un modificado".
En concreto, los días 8, 9 y 10 de julio los técnicos de Fomento atenderán a los más de 280 propietarios del término de Gualchos en el Ayuntamiento de Castell, para el día 11 y 12 hacer lo propio con los de Motril y Lújar, respectivamente.
El BOE de 26 de junio recoge la resolución de la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental, relativa al expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por las obras de ejecución del proyecto clave: 12 GR 3650.M1. Se habla de un modificado número 1 de la obra "Autovía del Mediterráneo A7. Tramo Carchuna- Castell de Ferro" en los términos municipales de Motril, Lújar y Gualchos-Castell de Ferro.
En dicha resolución se justifica que con fecha de 7 de noviembre de 2012 la Dirección General de Carreteras aprobara "el proyecto reseñado" y ordenara a esta Demarcación "la incoación" del expediente de expropiación forzosa "de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras correspondientes". Conforme lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Carreteras de 1988, tal aprobación lleva implícitas las declaraciones de utilidad pública y necesidad de ocupación, a los fines de expropiación, ocupación temporal o imposición o modificación de servidumbres.
El tramo de 10,1 kilómetros tenía en su anterior tramitación un periodo de ejecución de tres años y medio. Las obras fueron licitadas el 29 de julio de 2005 y adjudicadas a la UTE compuesta por FCC y Construcciones Vera SA el 2 de febrero de 2006. Las dificultades comenzaron nada más iniciar la construcción de los viaductos de Torilejo y Zacatín.
En un documento remitido a Fomento desde la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, la empresa en los estudios previos a la construcción detectó "importantes problemas geológicos y geotécnicos en cuanto a estabilidad de las laderas", así como riesgo de deslizamientos localizados "de cierta magnitud y peligrosidad". La misma Demarcación de Carreteras reconoció una falta de análisis previo, que sería la causante de que la construcción de estos viaductos no fuera "razonablemente viable". A la vista de esta situación, la Demarcación solicitó a Fomento una modificación de trazado. Esta última consistía en desviar el trazado más al norte del proyecto inicial. En concreto, se sustituirían los viaductos de Chozón, Torilejo y Zacatín por terraplenes de 40 metros como máximo de altura en una nueva ubicación. El túnel de El Romeral sería eliminado.
La Dirección General de Carreteras, dependiente de Fomento, aprobó este cambio de trazado el 10 de marzo de 2008 y ordenó que se sometiera a consulta ambiental, un proceso que tardó varios meses. Según el anterior Gobierno, el motivo del inicial retraso del tramo (debía de haber estado listo en 2009) era la variación del trazado, para lo cual fue preciso pedir un estudio de impacto medioambiental, cuya tramitación correspondía al Ministerio de Medio Ambiente. Este último dio luz verde al proyecto inicial, para evitar una demora mayor.
Una de las razones que pudo haber pesado para que el modificado no prosperase era el sobrecoste que suponía y que se cifraba por la Demarcación de Carreteras en 1,8 millones de euros. Entonces ya se dio la circunstancia de que los expropiados de fincas se echaron a temblar cuando supieron de la modificación de trazado, ya que se podía dar la paradoja de que esos terrenos no hicieran falta y hubiera que proceder a nuevas expropiaciones.
