La Ley de Administración Local es «flexible» para el PP, que gobierna en 54 de estos municipios, y «un paso atrás» para el PSOE, que manda en 61
26.05.13 - 00:23 -
La Ley de Administración Local es «flexible» para el PP, que gobierna en 54 de estos municipio, y «un paso atrás» para el PSOE, que manda en 61 Granada. En la provincia hay 130 municipios con menos de 5.000 habitantes, del total de 168 que configuran el mapa territorial granadino. Con el anteproyecto de Ley Orgánica para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que el Gobierno presentó esta semana a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), como publicó IDEAL, alrededor del 92% de ellos perderán, a partir del 1 de enero, la gestión de los servicios básicos que prestan a sus ciudadanos, esto es, limpieza viaria, suministro de agua potable, recogidas de residuos, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de calles. Todas esas competencias pasarán a manos de la Diputación Provincial, que se encargará de suministrar todos esos servicios en los pueblos en los que sus ayuntamientos presenten una insuficiencia financiera.
Para el PSOE, que gobierna en 61 pueblos de menos de 5.000 habitantes de la provincia de Granada, la nueva ley será «un paso atrás» porque se produce «una pérdida de democracia directa y de participación en la entidad municipal», al tiempo que insisten en que significará una reducción de 5.000 puestos de trabajos en la plantilla de empleados públicos de toda la provincia, según su secretario de Política Municipal y alcalde Maracena, Noel López. En el PP granadino, en cambio, observan la reforma que plantea el Gobierno desde un prisma «muy positivo», aunque recalcan la provisionalidad del texto, puesto que aún se están manteniendo contactos con diferentes agentes para pulir algunos aspectos. De ahí que destaquen la «flexibilidad» del informe previo presentado, como indicó esta semana a IDEAL su vicesecretaria de Política Municipal y parlamentaria andaluza, Ana Vanessa García Jiménez.
Un 20% de la provincia
En Granada la ley afectará a 187.000 ciudadanos aproximadamente, de los 923.000 que pueblan la provincia, es decir, un 20% del padrón general. Si la Diputación Provincial se hiciera cargo de gestionar todos los servicios de esos 130 municipios, se convertiría en el segundo ‘ayuntamiento’ más grande de la provincia en cuanto a población atendida, solo superado por el de la capital con sus 239.000 habitantes. Pero es que en el PSOE piensan que la ley no solo afectará a los municipios con menos de 5.000 vecinos, sino que creen que los situados en la franja de 5.000 a 20.000 también perderían competencias. Noel López basa esta idea en la retirada de las competencias en materia de Igualdad de Género y de Educación, sobre todo.
«Esta ley afectará a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, que en nuestra provincia son 161. A mi juicio, es preconstitucional, despoja de autonomía y gestión a los ayuntamientos y centraliza los servicios en otras administraciones. Es un desastre, porque se burocratiza toda la administración local. A nivel nacional provocará un despido masivo de 250.000 empleados públicos, en Andalucía serán 40.000 y en Granada, 5.000. Es un paso atrás después de muchos años de lucha política y social. El PP ha demostrado su incapacidad», enfatizo López.
Desde la Diputación Provincial, institución que deberá hacer frente a esos servicios no ofrecen de momento ninguna valoración. Curiosamente, el Gobierno aún no les ha hecho llegar el borrador. «No queremos basarnos en especulaciones para entrar a valorar la ley hasta que no leamos lo que dice», explicó una fuente de la administración provincial. Para el secretario de Política Municipal del PSOE, el hecho de que el organismo que deberá gestionar los servicios básicos en 130 municipios granadinos aún desconozca una ley que puede entrar en vigor dentro de siete meses es «una irresponsabilidad». Según Noel López, «si tienen el borrador, están demostrando su incapacidad política al no pronunciarse, y si no lo tienen, demuestran su irresponsabilidad frente al ciudadano, tratándose de un ente que representa a la provincia en muchos asuntos».
Freno al déficit local
Desde las filas populares granadinas defienden que «hay que poner freno al endeudamiento de los administraciones locales», según Ana Vanessa García. Y la única forma factible que ven es «cediendo competencias». Del mismo modo, la dirigente del PP provincial recuerda que se trata de «un rescate temporal» de aquellos servicios que no son rentables para las arcas de los municipios y que las competencias serán devueltas cuando los ayuntamientos ajusten su déficit. «Al final estos servicios se tienen que prestar igualmente. Se trata de que cuando el ciudadano abra el grifo tenga agua, por ejemplo. Y si para los ayuntamientos es deficitario, hay que hacer que el servicio sea rentable», explicó García Jiménez. La parlamentaria andaluza puso como ejemplo el pueblo alpujarreño de Pitres. «Con menos de 500 habitantes, tiene una deuda de 1,5 millones de euros. Puede ser uno de los casos más extremos en nuestra provincia. De hecho, el caso está en los juzgados», indicó la dirigente popular, quien en cualquier caso, prefirió no hacer estimaciones del número de ayuntamientos que pueden ser intervenidos «hasta que no sepamos por dónde va el proyecto de ley». A partir de ahí, «habrá que estudiar caso por caso».
Privatización
Para el PSOE, el trasfondo del proyecto de ley esconde un intento del PP por «privatizar los servicios públicos básicos» y dejar «vacíos de contenidos a muchos ayuntamientos», según Noel López. En el otro bando, rechazan esa idea. «Hay que evitar la duplicidad de competencias. El Gobierno está hablando con todo el mundo porque necesitamos una reforma local. Lo de la privatización es una coletilla que utiliza el PSOE. Es mentira y el ejemplo claro es lo que ha hecho la Diputación con Resur –consorcio provincial de residuos urbanos cuya gestión se cedió a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FFC) y que el ente provincial desmanteló ya con el PP al frente ante la deuda de 25 millones que mantenía porque los ayuntamientos no pagaban–. Ahora que se está arreglando ese problema, el Consorcio de Vega-Sierra Elvira saca a licitación el servicio (de recogida de residuos sólidos). En eso los socialistas son unos maestros», criticó Ana Vanessa García, quien pidió al PSOE que «lecciones, ninguna» porque «cuando han tenido que privatizar, lo han hecho». Mientras Noel López tachó de «desmantelamiento de la administración local» el proyecto de ley que propone el Gobierno central, Ana Vanessa García aseguró a este periódico que «algunos alcaldes suyos (del PSOE)» se muestran a favor porque «todos tenemos los mismos problemas». Incluso aseveró que ediles de Izquierda Unida le han trasladado una postura positiva con respecto a la reforma. «Algunos me han dicho que ya era hora de que un gobierno se decidiese a separar competencias», incidió.
Sea como sea, el anteproyecto de ley es aún un borrador que puede sufrir modificaciones en los próximos meses, de ahí que desde el PP ni siquiera hayan hecho cálculos de cuánto supone económicamente el traspaso de competencias y qué presupuesto manejará la Diputación para prestar esos servicios.
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