JOAQUÍN AURIOLES
Como cabía esperar, ni una sola mención a Andalucía en el mediático y decepcionante debate a cuatro, salvo una referencia de pasada a los ERE en el capítulo de corrupción y a Chaves y Griñán, aunque por su condición de presidentes del PSOE. Sólo Cataluña fue protagonista, gracias a que sigue siendo una comunidad políticamente viva, a pesar del desatino de sus dirigentes, pero sobre todo a que mantiene intacta su extraordinaria capacidad para hacer que toda España se cimbree cuando aparecen tormentas por sus latitudes. Hasta el País Vasco, durante décadas inevitable en cualquier discusión política, ha perdido esta capacidad, aunque implícitamente estuvo presente en las esquivas respuestas a las preguntas sobre pactos poselectorales. Puede que no fuese ni el lugar ni el momento para referencias territoriales, pero mi impresión es que catalanes y vascos, y quizás también canarios, pueden sentir a sus candidatos, nacionalistas o no, bastante más cercanos que los andaluces. No tiene nada que ver con el nacionalismo, sino con la sensibilidad con los problemas y aspiraciones locales, que seguramente las confluencias con Podemos harán aflorar en otras comunidades, como la Valenciana o Galicia.
Sería imposible ignorar a Cataluña si se discute sobre finanzas autonómicas y debería ocurrir lo mismo con Andalucía si el debate es sobre paro, precariedad en el empleo, desigualdad o cambio y regeneración democrática. Populares y socialistas tienen razones para evitarla. Los primeros cuando sacan pecho con las cifras nacionales de economía y empleo; y los segundos por la pobreza del balance político y económico de las últimas legislaturas. Tampoco se espera demasiado interés por parte de los nuevos partidos, que hasta en temas de corrupción parecen preferir esquivar la cuestión andaluza, así que lo más probable es que Andalucía vuelva a lo de siempre en estas elecciones. Los socialistas a aguantar el chaparrón del fracaso en el resto de España y los populares a lamentar la frustración de sus expectativas por su miopía con Andalucía. No es posible ganar a los andaluces con reformas como la de Justicia, con el final de la justicia gratuita como parte más visible; la educativa, que se asocia con menos becas, más tasas universitarias, recortes de profesorado e impulso a la educación privada, en detrimento de la pública; la sanitaria, en parte por razones similares; o la reforma fiscal y sus beneficios para los más ricos. Son 64 diputados, el 18% del total, que deberían ser imprescindibles en cualquier escenario de negociación de mayorías y, por lo tanto, decisivos para dilucidar cuestiones tan trascendentes como la reforma laboral, la igualdad de oportunidades entre los españoles o el modelo de federalismo fiscal. Lo más probable, sin embargo, es que nuestros representantes asuman su condición de diputados anónimos en estas cuestiones, aunque son tantos que todos los líderes se verán obligados a visitarnos con frecuencia. Sobre todo los de izquierda, porque en esta ocasión Andalucía tendrá un protagonismo excepcional en una cuestión de primera relevancia estatal: lo del sorpasso en la izquierda se decide aquí.
Sería imposible ignorar a Cataluña si se discute sobre finanzas autonómicas y debería ocurrir lo mismo con Andalucía si el debate es sobre paro, precariedad en el empleo, desigualdad o cambio y regeneración democrática. Populares y socialistas tienen razones para evitarla. Los primeros cuando sacan pecho con las cifras nacionales de economía y empleo; y los segundos por la pobreza del balance político y económico de las últimas legislaturas. Tampoco se espera demasiado interés por parte de los nuevos partidos, que hasta en temas de corrupción parecen preferir esquivar la cuestión andaluza, así que lo más probable es que Andalucía vuelva a lo de siempre en estas elecciones. Los socialistas a aguantar el chaparrón del fracaso en el resto de España y los populares a lamentar la frustración de sus expectativas por su miopía con Andalucía. No es posible ganar a los andaluces con reformas como la de Justicia, con el final de la justicia gratuita como parte más visible; la educativa, que se asocia con menos becas, más tasas universitarias, recortes de profesorado e impulso a la educación privada, en detrimento de la pública; la sanitaria, en parte por razones similares; o la reforma fiscal y sus beneficios para los más ricos. Son 64 diputados, el 18% del total, que deberían ser imprescindibles en cualquier escenario de negociación de mayorías y, por lo tanto, decisivos para dilucidar cuestiones tan trascendentes como la reforma laboral, la igualdad de oportunidades entre los españoles o el modelo de federalismo fiscal. Lo más probable, sin embargo, es que nuestros representantes asuman su condición de diputados anónimos en estas cuestiones, aunque son tantos que todos los líderes se verán obligados a visitarnos con frecuencia. Sobre todo los de izquierda, porque en esta ocasión Andalucía tendrá un protagonismo excepcional en una cuestión de primera relevancia estatal: lo del sorpasso en la izquierda se decide aquí.
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