- La Dirección de Costas continuará con el desmantelamiento en cuanto consiga la autorización del juzgado
- Los agricultores piden al menos que les dejen recoger las cosechas
El 'papeleo' judicial aplaza el derribo de los invernaderos conflictivos de Albuñol
Poco antes de las 9 de la mañana de ayer una máquina de Costas estaba preparada para llevarse por delante los invernaderos del municipio de Albuñol afectados por un expediente de recuperación de oficio. A esa misma hora también se había concentrado un centenar de agricultores que habían plantado esta campaña el fruto en sus invernaderos, como lo llevan haciendo desde hace décadas.
Con un nudo en la garganta, esperaban que algo ocurriera para que al final no se desmantelaran sus plantaciones. Y pasó: los abogados de la plataforma que aúna los intereses de las más de 116 familias afectadas pidieron una autorización judicial, que los técnicos de Costas no tenían. Los juristas advirtieron de que en caso de que no enseñasen dicho papel no iban a permitir que entraran en las fincas. Los encargados de la ejecución respondieron que en 20 minutos traerían el documento por el que podrían arrasar esos invernaderos, pero no volvieron. De momento.
Desde la plataforma han conocido que iban a pedir las órdenes judiciales por bloques para hacer un desmantelamiento progresivo, pero que finalmente se han pedido todas. En total, son 25 hectáreas las afectadas en la zona de La Rábita y El Pozuelo, ambos anejos de Albuñol.
El subdelegado del Gobierno en Granada, Francisco Fuentes, informó ayer desde Granada de que la Dirección General de Costas estaba a la espera de recibir autorización judicial para desalojar y derribar los invernaderos del municipio de Albuñol que ocupan esa franja litoral de dominio público.
"La referida Dirección General dependiente del Ministerio de Medio Ambiente tiene que hacer cumplir las sentencias judiciales que instan a que se restituya la propiedad y se desmantelen los referidos invernaderos, para lo que se cuenta con el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", aseguró el subdelegado.
A largo de ayer estaba previsto el levantamiento de las instalaciones y la retirada de los materiales, aunque ahora se está a la espera de una resolución judicial que declare la ejecución de sentencia ante la oposición mostrada por los agricultores.
El episodio de ayer supone tan solo ganar tiempo, alargar la agonía, pero no paraliza la recuperación por parte del Estado de estos terrenos que están plantados y de los que viven más de un centenar de familias.
Antonio Castilla, portavoz de la plataforma, es uno de los afectados. "Me he gastado tan solo en semillas de tomate cherry unos 9.000 euros en mil metros de terreno, las plantas ya están grandes y ese cultivo se va a perder si lo demuelen. Además, el año pasado me gasté 42.000 euros en arreglar el invernadero, pues yo no esperaba que pasara esto".
Castillo relata que los políticos nos les habían dicho que confiaran "en el buen sentido de las administraciones", que les iban a dar una solución. Y, al final, se encuentran con que su medio de vida va a ser demolido por unas máquinas.
"No se dan cuenta de que nosotros vivimos de esto, que yo tengo un préstamo de campaña de 9.000 euros y si me arrancan los tomates, ¿cómo pago yo eso?", añade Castilla. Como en su caso, hay otros que tienen plantas de cherry que ya alcanzan un metro de altura y que pronto podrían arreglar muchos problemas económicos en sus casas. Otros tienen berenjenas y lo habitual en una zona eminentemente agrícola como esta.
Lo que no entienden los miembros de la plataforma es por qué van a arrasar con estas cosechas sin que haya una urgencia para ello, "por qué hacer tanto daño, si el 27 de julio estuvimos en Madrid y nos dijeron que no hay ningún proyecto para esta zona". Además, se trata de una zona inundable, por lo que en teoría no se puede construir nada.
No obstante, se muestran dialogantes con la administración. "Desde 2003, hemos manifestado que queremos un paseo y una protección (por medio de espigones) y que en ese caso, que nos cojan lo que haga falta", dice Castilla. "Pero para dejar la playa seca… en esta zona no va a servir nada más que de basurero. No entendemos la postura tan radical que tienen", abundó el agricultor.
El presidente de los empresarios de Albuñol, José Muñoz, también forma parte de la plataforma. "Hemos conseguido pararlo de momento, pero es cuestión de días. Nos gustaría que se pudiera al menos recoger la cosecha, a la que le faltan un par de meses".
En 1964 se inició un deslinde de la zona marítimo-terrestre que nunca llegó a materializarse. Con las terribles inundaciones de 1973, se alteró el borde del litoral. En 1975 se realizó un nuevo deslinde y se delimitaron los terrenos sobrantes. Dos años después, se dice que "al no ser necesarios para la administración", que pasen al patrimonio del Estado, sin embargo, esa desafectación nunca se produce.
Este tema, que parecía dormido, 'resucita' en el año 2000, cuando se ratifica el deslinde del dominio público marítimo-terrestre, sin tener en cuenta las nuevas circunstancias. Desde 1964 se han plantado numerosos frutos en esta zona, que está repleta de invernaderos. Once años después incoa el correspondiente expediente de recuperación posesoria.
La Plataforma de Agricultores Afectados ha protagonizado estos días movilizaciones en el litoral y en la capital y se va a dirigir al Defensor del Pueblo Andaluz y a su homónimo con representación en todo el territorio nacional, solicitando su intermediación con la Dirección General de Costas.
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