La falta de lluvias ha llevado a la cuenca del Guadalquivir a una situación que podemos calificar prácticamente de emergencia. Esto significa que si el otoño no lo remedia estaremos abocados a un escenario preocupante como el que ya viven las demarcaciones del Segura, del Duero o del Júcar, que han tenido que acogerse al decreto de sequía. Esta circunstancia, que se repite más de lo que nos gustaría, debería hacernos reflexionar, y mucho. ¿Cómo serían las cosas si tuviéramos una política del agua integradora y largoplacista? Sin duda, bien diferentes.
Y es que si se quiere garantizar el acopio y el suministro de los recursos hídricos en las cada vez más frecuentes e intensas sequías derivadas del cambio climático, hace falta un instrumento de planificación y de garantía del agua que sea capaz de satisfacer las demandas de un modo racional y equitativo.
El agua es un recurso limitado y como tal precisa de una adecuada planificación, lo que implica como primer paso un pacto nacional. De la misma forma que para tratar otros grandes asuntos de Estado, como es el caso de las pensiones o más recientemente la violencia de género, ha sido necesario alcanzar un acuerdo político que asegurara un horizonte estable a largo plazo, con el agua debe ocurrir lo mismo, máxime cuando la distribución de los recursos hídricos en España es tan irregular.
Ahora mismo, con los planes de cuenca ya aprobados y con el Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General del Agua, llevando a cabo una ronda de reuniones con todos los agentes implicados en la gestión de agua, podemos decir que parece que estamos más cerca de conseguirlo.
El Pacto Nacional del Agua garantizará el desarrollo de una política consensuada en materia de aguas, donde la Administración sea capaz de defender a capa y espada el bien común sobre los objetivos partidistas, anteponiendo los criterios técnicos a los políticos. Sólo así se podrán zanjar situaciones como la que ocurre, por ejemplo, en el Ebro donde se inundan áreas en la cabecera del río cuando hay lluvias fuertes, mientras su margen izquierda sufre de sequía.
Desde las grandes ingenierías, y como parte activa de esa ronda de reuniones, defendemos la necesidad de que la gestión de los recursos se lleve a cabo bajo un enfoque holístico, donde los intereses económicos y sociales estén en equilibrio con los medioambientales. Dicho de otro modo, acabar con la escasez en aquellas cuencas que lo necesitan pasa, entre otras medidas, por la construcción de aquellas obras hidráulicas que los técnicos especialistas estimen necesarias, teniendo en cuenta, por supuesto, su impacto medioambiental.
Es un hecho que las obras hidráulicas bien planificadas mitigan los efectos del cambio climático, reducen el impacto de las inundaciones y aseguran el agua en épocas de sequía. Pero, sin duda, se necesita voluntad y generosidad de todas las partes implicadas para tener como objetivo el bien común, no el interés partidista. Por eso, es fundamental que todas las partes, especialmente las autonomías, hagan un esfuerzo y cedan parcialmente en sus intereses, logrando así el tan necesario consenso que permita avanzar en un problema que lleva años y años enquistado.
No obstante, la inversión en infraestructuras pendientes no es la única cuestión en la que hay que avanzar. Este pacto también debe servir para trabajar intensamente en el desarrollo de planes contra los fenómenos extremos derivados del calentamiento global, de manera que se refuercen las garantías para mitigar los efectos negativos de las inundaciones y se asegure el agua en épocas de sequía.
En este sentido, los planes especiales de sequía, que están siendo revisados actualmente en colaboración con el sector de la ingeniería, son una herramienta básica de gestión, pero no la única llave para solventar los problemas de escasez de lluvias. Al mismo tiempo, los planes de inundaciones reciben escasa inversión, hasta la décima parte respecto a los años anteriores a la crisis, por lo que hay que poner en marcha medidas de largo alcance.
Por eso defendemos que se destinen más recursos al desarrollo de estudios que, combinando múltiples variables como la urbanización, impacto social, medio ambiente, etc., alcancen un mayor nivel de detalle y una visión 360 grados para prevenir el efecto devastador de las crecidas, minimizando riesgos.
También es de vital importancia avanzar en infraestructuras de depuración. Actualmente, hace falta una inversión de 5.000 millones de euros para ponernos al día con la normativa de Bruselas y evitar así nuevos expedientes sancionadores. A su vez, se necesita una mayor inversión en mantenimiento y conservación de las infraestructuras hidráulicas ya existentes, y en las que somos conscientes de que los usuarios deberán asumir parte de los costes.
Una vez alcanzado este gran acuerdo del agua, la meta podría ser un Plan Hidrológico Nacional que, basado en los planes de las diferentes cuencas, pueda compensar el déficit de recursos existente. Confiamos en que exista la generosidad y la voluntad de buscar el consenso, teniendo en mente que siempre será mejor un pacto parcial que la ausencia total de acuerdo en materia de aguas.
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