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TRIBUNA

FRANCISCO J. FERRARO

Del Consejo Editorial del Grupo Joly

Es sostenible el sistema de pensiones?

En las últimas semanas, decenas de miles de pensionistas se han manifestado reclamando mantener el poder adquisitivo de las pensiones, provocando un debate que puede tener gran trascendencia electoral y que promete situarse en el centro de la discusión política de los próximos meses. La motivación cercana ha sido que el aumento del 0,25% de las pensiones, adoptado de acuerdo con la reforma de 2013, ha sido por segundo año inferior al aumento del coste de la vida (IPC), lo que previsiblemente puede reiterarse en los próximos años provocando la disminución de la capacidad adquisitiva de los pensionistas.

Pero el problema de fondo es la crisis del sistema, que se manifiesta de forma nítida desde el año 2012 con el recurso al Fondo de Reserva (ha disminuido desde 68.000 millones de euros en 2011 hasta 8.000 en 2017) y, posteriormente, emitiendo deuda pública, que el año pasado se elevó a 10.000 millones de euros. La esperanza del Gobierno de que estas necesidades de financiación se resuelvan en 2020 por el aumento de los afiliados a la Seguridad Social se va desvaneciendo, pues, además de exigir una continuidad en la creación de empleo que no está asegurada, la experiencia de los últimos años es que entre los nuevos ocupados predominan los de bajas cotizaciones, mientras que entre los nuevos jubilados predominan los de pensiones elevadas.

Además de este déficit, el reto se agrava a medio plazo por las perspectivas demográficas, con un continuo aumento de la esperanza de vida (en 2022 se empiezan a incorporar a la edad de jubilación la generación del baby boom) y la baja tasa de natalidad, lo que determinará una tasa de dependencia insoportable. Nos enfrentamos, por tanto, a un problema de profundo calado que que debe tener en cuenta la evolución de nuestro sistema de pensiones y su comparación con los países de nuestro entorno.

El gasto público en pensiones en España en 2017 fue del 12% del PIB frente al 8% de los países desarrollados, superando a Suecia, Alemania o Dinamarca. La pensión media por jubilación se eleva a 1.077,52 euros mensuales por catorce pagas, mientras que la media del sistema de pensiones (incluye, además de jubilación, incapacidad, viudedad, orfandad y favor familiares) es de 932,29 euros. Estas pensiones medias son superiores a las de Reino Unido y muy cercanas a las de Francia y Alemania. La pensión máxima es 4,3 veces la mínima, desigualdad que se ha reducido sensiblemente en los últimos 20 años y que es semejante a la media europea, y que contrasta con el aumento de la desigualdad de renta entre los menores de 65 años en los mismos años. La tasa de reemplazo (porcentaje de la pensión respecto al último salario) es del 72,3% frente al 45,9% de media de la UE, y el riesgo de pobreza de los mayores de 65 años es cuatro puntos inferior que en la UE, mientras que la de los menores de 65 es 6,2 puntos superior.

En el gráfico puede observarse que la pensión media ha aumentado en euros constantes desde el inicio de la crisis hasta 2016 un 16,4%, y disminuyó el pasado año un 0,1%. Frente a esta tendencia creciente, los salarios medios han perdido un 1,2% desde el inicio de la crisis.

En consecuencia, si bien es comprensible que los pensionistas se muestren preocupados con la pérdida de poder adquisitivo, los datos anteriores ponen de manifiesto que la situación relativa de los pensionistas españoles es mejor que la de la mayoría de los países de nuestro entorno, y que ha soportado la crisis mejor que la mayor parte de la sociedad. Por ello, la pretensión de recuperar el vínculo entre el aumento de las pensiones y el IPC no parece que en justicia sea de los problemas urgentes de nuestro país. Pero, independientemente de lo que se entienda por justo, no es viable, pues exigiría financiarse a corto plazo con más déficit público, lo que es incompatible con nuestros compromisos de estabilidad financiera, y en el futuro con más impuestos, lo que provocaría un aumento de la presión fiscal y el deterioro de la competitividad del país, máxime si se tiene en cuenta que existen otras reformas pendientes en España (sistema de financiación autonómica, educación, sanidad, sistema judicial) para las que se reclaman aumentos del gasto público.

Por ello, la tendencia en otros países desarrollados es a abordar reformas para que el sistema sea sostenible, tenga en consideración la solidaridad intergeneracional y no desincentive la actividad productiva con elevadas tasas de reemplazo. Esas reformas combinan el alargamiento de la edad activa, la vinculación del gasto en pensiones con los ingresos por cotizaciones y la esperanza de vida, el mantenimiento de pensiones básicas universales y el estímulo al ahorro personal en planes de pensiones privados o gestionados públicamente.

En cualquier caso, un tema tan sensible socialmente como las pensiones y tan susceptible de todo tipo de demagogias debería tratarse políticamente en un ámbito más sosegado y riguroso como debe ser el Pacto de Toledo.