La Delegación de Salud denuncia que los recortes a la norma efectuados por el Gobierno central han evitado las ayudas a 5.000 granadinos Las plazas en residencias, garantizadas
S. VALLEJO GRANADA
Desde que comenzara a aplicarse en 2007, la Ley de Dependencia se ha consolidado ya como el mejor derecho social prestado a las personas mayores y dependientes. Pero en todo este tiempo no ha seguido la misma progresión. Tras un continuo ascenso de beneficiarios y prestaciones concedidas, desde 2012 no han dejado de bajar los servicios y las ayudas como consecuencia de la agónica situación en la que el Gobierno central ha dejado a este servicio, que antes se financiaba al 50% entre el Estado y las autonomías pero que ahora asumen casi en solitario las diferentes comunidades. En Andalucía, 7 de cada 10 euros de la ley los aporta la Junta.
Según informó ayer el delegado provincial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Higinio Almagro, los recortes del PP han evitado el ingreso de 314 millones de euros en Andalucía para la Ley de Dependencia, de los que 31,4 corresponden a la provincia de Granada. Una cantidad que se deja de percibir con la que se podrían haber incorporado 5.000 usuarios más a la ley sólo en la provincia de Granada. En la actualidad, la prestación beneficia a 24.000 granadinos.
La sangría que ha sufrido esta prestación se nota en los beneficiarios de servicios. Según la información de Salud, en 2011 había 25.500 beneficiarios de alguna prestación en Granada, cifra que bajó en diciembre de 2012 hasta los 25.006 y que en 2013 ha seguido bajando hasta los 24.000 beneficiarios actuales.
Ante esta situación, Almagro confirmó ayer que la Junta de Andalucía "seguirá apostando por este derecho" con medidas concretas. Así, el delegado anunció la reactivación de la Ley en Andalucía y en Granada. Del refuerzo económico que ha aprobado la Junta para mantener este derecho, Granada contará con una cantidad extra de 1,1 millones de euros, que se destinarán a la contratación de 30 trabajadores sociales con el objetivo de "reactivar las valoraciones de personas" en espera de la obtención del grado y nivel de dependencia. Con este refuerzo, la Junta espera incorporar durante este año al volumen de beneficiarios "a 2.000 de los 5.000 granadinos que ya hay valorados pero que esperan todavía recibir un servicio", dijo Almagro, quien apuntó a que el objetivo es "retomar el ritmo de 2012". "Mientras el PP reduce las horas de Ayuda a Domicilio, nosotros lo usamos para incorporar nuevos usuarios".
Además, hay otros 5.000 granadinos, según los datos facilitados ayer por Salud, que tienen el expediente presentado y que están pendientes de recibir la valoración. Según la información oficial, esta lista de espera es de expedientes presentados en la segunda mitad del año pasado. Hasta esa fecha, según Almagro, todos los expedientes presentados están valorados por los técnicos.
Por otro lado, Almagro garantizó ayer en rueda de prensa que la Junta va a "seguir manteniendo todas las plazas concertadas en residencias y en unidades de estancia diurna". Una situación que mantenía en vilo desde hace tiempo a los propietarios de los centros tras un primer anuncio de que se dejarían de financiar plazas vacantes. Según Almagro, no repercutirán la bajada de la financiación en la disminución de plazas concertadas, que en Granada suman 5.469. De las plazas en residencias, la media actual de ocupación es del 80% pero Almagro anunció ayer que durante este año se aumentará la tasa de reposición llegando al 85% de ocupación. "Plaza vacía, plaza ocupada", matizó Almagro, quien apuntó a que el objetivo es llegar al 100% en breve.
La Junta se ha comprometido también a "agilizar los pagos a ayuntamientos" para la prestación de los servicios de Ayuda a Domicilio. De hecho, Almagro informó de que los municipios de más de 20.000 habitantes y la Diputación Provincial (para los municipios de menos de 20.000 habitantes) han recibido más de seis millones de euros correspondientes a las mensualidades de noviembre y diciembre, "por lo que sólo debemos dos meses".
Ante este mapa de refuerzo, Almagro detalló los efectos que los recortes a la ley aprobados desde el Gobierno central han tenido en la provincia. Sólo una de las medidas aprobadas en 2012, que fue el retraso en la incorporación a la ley de los dependientes moderados, afecta a 23.000 granadinos, que no podrán disfrutar de un servicio hasta 2015. La reducción de la prestación económica un 15% afecta directamente a 11.000 beneficiarios y supone la reducción de 628.000 euros. Otra de las medidas impuestas ha sido la eliminación de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras, lo que afecta a 5.700 personas. La pérdida de horas de ayuda a domicilio ha afectado a 7.500 personas.
Según informó ayer el delegado provincial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Higinio Almagro, los recortes del PP han evitado el ingreso de 314 millones de euros en Andalucía para la Ley de Dependencia, de los que 31,4 corresponden a la provincia de Granada. Una cantidad que se deja de percibir con la que se podrían haber incorporado 5.000 usuarios más a la ley sólo en la provincia de Granada. En la actualidad, la prestación beneficia a 24.000 granadinos.
La sangría que ha sufrido esta prestación se nota en los beneficiarios de servicios. Según la información de Salud, en 2011 había 25.500 beneficiarios de alguna prestación en Granada, cifra que bajó en diciembre de 2012 hasta los 25.006 y que en 2013 ha seguido bajando hasta los 24.000 beneficiarios actuales.
Ante esta situación, Almagro confirmó ayer que la Junta de Andalucía "seguirá apostando por este derecho" con medidas concretas. Así, el delegado anunció la reactivación de la Ley en Andalucía y en Granada. Del refuerzo económico que ha aprobado la Junta para mantener este derecho, Granada contará con una cantidad extra de 1,1 millones de euros, que se destinarán a la contratación de 30 trabajadores sociales con el objetivo de "reactivar las valoraciones de personas" en espera de la obtención del grado y nivel de dependencia. Con este refuerzo, la Junta espera incorporar durante este año al volumen de beneficiarios "a 2.000 de los 5.000 granadinos que ya hay valorados pero que esperan todavía recibir un servicio", dijo Almagro, quien apuntó a que el objetivo es "retomar el ritmo de 2012". "Mientras el PP reduce las horas de Ayuda a Domicilio, nosotros lo usamos para incorporar nuevos usuarios".
Además, hay otros 5.000 granadinos, según los datos facilitados ayer por Salud, que tienen el expediente presentado y que están pendientes de recibir la valoración. Según la información oficial, esta lista de espera es de expedientes presentados en la segunda mitad del año pasado. Hasta esa fecha, según Almagro, todos los expedientes presentados están valorados por los técnicos.
Por otro lado, Almagro garantizó ayer en rueda de prensa que la Junta va a "seguir manteniendo todas las plazas concertadas en residencias y en unidades de estancia diurna". Una situación que mantenía en vilo desde hace tiempo a los propietarios de los centros tras un primer anuncio de que se dejarían de financiar plazas vacantes. Según Almagro, no repercutirán la bajada de la financiación en la disminución de plazas concertadas, que en Granada suman 5.469. De las plazas en residencias, la media actual de ocupación es del 80% pero Almagro anunció ayer que durante este año se aumentará la tasa de reposición llegando al 85% de ocupación. "Plaza vacía, plaza ocupada", matizó Almagro, quien apuntó a que el objetivo es llegar al 100% en breve.
La Junta se ha comprometido también a "agilizar los pagos a ayuntamientos" para la prestación de los servicios de Ayuda a Domicilio. De hecho, Almagro informó de que los municipios de más de 20.000 habitantes y la Diputación Provincial (para los municipios de menos de 20.000 habitantes) han recibido más de seis millones de euros correspondientes a las mensualidades de noviembre y diciembre, "por lo que sólo debemos dos meses".
Ante este mapa de refuerzo, Almagro detalló los efectos que los recortes a la ley aprobados desde el Gobierno central han tenido en la provincia. Sólo una de las medidas aprobadas en 2012, que fue el retraso en la incorporación a la ley de los dependientes moderados, afecta a 23.000 granadinos, que no podrán disfrutar de un servicio hasta 2015. La reducción de la prestación económica un 15% afecta directamente a 11.000 beneficiarios y supone la reducción de 628.000 euros. Otra de las medidas impuestas ha sido la eliminación de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras, lo que afecta a 5.700 personas. La pérdida de horas de ayuda a domicilio ha afectado a 7.500 personas.
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