Granada, la segunda provincia donde más se encarece la cesta de la compra granadahoy.com

Mientras los salarios decrecen o, en el mejor de los casos, se congelan, el coste de la vida sigue creciendo imparable UGT señala a la política impositiva y a las empresas como culpables

GUADALUPE S. MALDONADO GRANADA 

UGT critica la "incoherencia" de que los precios sigan subiendo en plena depresión económica.
En el mejor de los casos, los salarios están estancados. Las buenas noticias en forma de subida de sueldo se han quedado muy lejos, allá por 2007, cuando la crisis era apenas una amenaza en el horizonte. Hoy, después de cinco años de recesión y con unas perspectivas poco halagüeñas, son muchos los trabajadores que se dan por satisfechos si su empresa no le toca el sueldo, si lo mantienen congelado. Pero el caso es que en la actualidad la congelación salarial no equivale a la congelación de los gastos. Ni mucho menos. El coste de la vida se ha desentendido por completo de los salarios y las posibilidades de los trabajadores, así que por el momento la congelación salarial condena a los consumidores a perder dinero. Ganan lo mismo, pero tienen que asumir costes que no hacen más que crecer. 

Al menos así sucede en Granada, donde el coste de la vida ha crecido un 1,8% en el último año. El Índice de Precios de Consumo (IPC), que marca el coste de los principales capítulos de gasto de los consumidores, no ha dado tregua pese a que la capacidad de compra de los granadinos no sea la más indicada para asumir un encarecimiento general de la vida. El incremento de los precios en Granada, además, destaca por superar la media andaluza (del 1,5%) y la nacional (1,7%). De hecho, según la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el incremento de los precios que ha registrado Granada en el último año es el más elevado de toda la comunidad autónoma por detrás de Córdoba, donde la vida se ha encarecido un 1,9% entre mayo de 2013 y mayo de 2012. 

De los grandes grupos de gasto incluidos en la estadística del INE, sólo tres han visto cómo sus precios se moderaban en el último año. La vivienda ha rebajado sus precios un 0,2%; el ocio y la cultura lo ha hecho un 2,2% y las comunicaciones, un 4,1%; mientras que el vestido y calzado ha mantenido los precios prácticamente intactos. Entrando más en detalle se puede comprobar cuáles son los elementos de la cesta de la compra que han aliviado la economía doméstica. En el terreno textil, ha sido el vestido el que ha reducido sus precios un 0,4%, mientras que en el ámbito de la vivida ha sido el alquiler el que se ha moderado también en ese mismo porcentaje. La electricidad, el gas y otros combustibles han registrado en el último año un abaratamiento del 2,4%, mientras que los utensilios de cocina lo han hecho un 0,1%. 

También los servicios médicos y los hospitalarios han aliviado la carga para la economía doméstica (un 0,5 y un 3,2% menos, respectivamente), mientras que en el terreno del ocio y la cultura son los equipos y soportes audiovisuales (-11,1%), los artículos recreativos, deportivos, floristería y mascotas (-3,7%) y los servicios recreativos, culturales y deportivos (-1,7%) los que han forzado la caída general de los precios de un capítulo muy castigado por el IVA. 

Por último, los hoteles y los alojamientos turísticos también han reducido sus precios un 0,9% en el último año, ahondando en el grave problema de rentabilidad al que se enfrenta el sector desde que comenzó la crisis. 

En el otro lado de la balanza, se encuentran el resto de productos de compra habituales en una vivienda. Los incrementos de los precios más alarmantes son los de los medicamentos, del 27,6%; los del capítulo otros servicios, del 14%; los de la enseñanza, del 10,6% y los de los artículos textiles para el hogar (6,8%) y las herramientas y accesorios para casa y jardín (6,4%). Además, en el último año se han incrementado los precios de los alimentos, de las bebidas no alcohólicas y las alcohólicas, del tabaco, del calzado, de la conservación y de los servicios relacionados con la vivienda, de los muebles y enseres domésticos, de los electrodomésticos, de los servicios para el hogar, de los bienes y servicios relativos a los vehículos, de los servicios de transporte, de los libros, prensa y papelería, de os viajes organizados, de los restaurantes, bares y cafeterías, de los artículos de uso personal, de los servicios sociales y de los seguros. De prácticamente todo, para resumir. 

Así que la secretaria general de UGT de Granada, Manuela Martínez, no ha dudado en denunciar el "ritmo incoherente" que mantienen los precios pese a la depresión económica. A su juicio, esto responde "al aumento de los impuestos indirectos y tasas acometido por el Gobierno y en particular a la subida del IVA, y por otro lado al comportamiento cortoplacista y depredador de buena parte de las empresas de nuestro país". Según Martínez, son estas compañías que actúan "en mercados protegidos de la competencia, bien por las especiales características de su productos o bien por defectos de la regulación legal de su mercado", las que constituyen "oligopolios" y hacen con los precios lo que se les antoja. "Así sucede con la intermediación y distribución alimentaria, con las gasolinas, con la electricidad o con la educación y la sanidad privadas", relató la líder sindical. 

Pero, además, Manuela Martínez explica esta subida de los precios por otra razón estructural: una cultura empresarial con una visión de negocio "basada en la obtención de rápidos y cuantiosos beneficios, que se compadece mal con la creación de riqueza colectiva y con el desarrollo a corto plazo". Para demostrarlo, Manuela Martínez recordó que en España los beneficios empresariales han aumentado (según los datos de la Contabilidad Nacional), mientras que la remuneración se ha reducido un 3% y los costes salariales de las empresas han caído un 3,6%. 

Por ello, desde UGT reiteran la necesidad de cambiar de forma "inmediata" de política económica, que tiene que propiciar un salida de la crisis "de forma equilibrada y con un reparto de esfuerzos más justo". La solución, asegura Martínez, es llegar a un pacto de rentas global, que implique compromisos por todos los agentes económicos y cuyo cumplimiento sea evaluable y verificable. Junto a ello, es necesaria "una política pública que refuerce los mecanismos de protección social y que distribuyan los esfuerzos fiscales para que paguen más quienes más tienen".