La Junta está mediando en 118 casos en Granada 19 municipios firman un acuerdo para ayudar a los que tienen este problema
L. Q. GRANADA
La ayuda que la Junta de Andalucía ofrece a las personas que tienen problemas para mantener sus viviendas por impagos a los bancos llegará de forma más directa a 19 municipios de la provincia de Granada, que pondrán a disposición de los afectados sus oficinas de consumo u otras instalaciones municipales.
Los ayuntamientos que firmaron ayer el convenio relativo a la Oficina de Defensa de la Vivienda de la Junta de Andalucía, se comprometen a ofrecer sus instalaciones para que los afectados por problemas de viviendas acudan en busca de ayuda, aunque luego el trabajo administrativo se realice, como hasta ahora, en la Delegación de Vivienda en Granada.
"No queremos que haya personas que no tengan acceso a nuestra ayuda porque no puedan desplazarse hasta la capital", declaró la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, que acudió ayer a la firma con los responsables municipales.
La iniciativa, a la que instó a otros municipios a sumarse, supone una mejora del servicio que ya presta la Junta desde sus oficinas en Granada capital. Desde que se puso en marcha, el 8 de octubre del año pasado, hasta el pasado 25 de enero en la provincia de Granada la Junta tiene abiertos 118 expedientes de personas con problemas con este tipo de problemas relativos a la vivienda.
De los casos referidos, 22 son personas o familias que aún están pagando sus cuotas a los bancos pero que tienen dificultades, por lo que podrían enfrentarse a la pérdida de su casa en un tiempo.
En la mayoría de los expedientes (83) la Junta ya ha participado en labores de intermediación. 40 ya han sido resueltos mediante un pacto con la entidad y 43 están en negociación.
El resto de los casos (13) son personas que ya han perdido sus viviendas, están realojados, viven en casas de familiares o tienen ya una orden de lanzamiento. La consejera de Vivienda, Elena Cortés, explicó ayer que cuando las personas afectadas acuden "tarde" la Administración tiene menos margen de maniobra y es más difícil obtener un buen resultado.
Lo que esta Oficina de Defensa de la Vivienda hace habitualmente es tratar de frenar las salidas de las personas de sus casas de una forma inminente y posteriormente negociar con los bancos una dación en pago con alquiler social, una reestructuración de la deuda hipotecaria o una quita en la cantidad a pagar.
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