La mejor contribución a la creación de riqueza y empleo por parte de las administraciones vendría de reducir trámites y suprimir autorizaciones, así como de rebajar el coste y tiempo de los procesos.
ROGELIO / VELASCO
CUANDO se realiza un análisis comparado de las políticas económicas que llevan a cabo las distintas administraciones, no es posible detectar una gran causa que explique las diferencias en el desarrollo de las actividades económicas. Por el contrario, son muchos elementos singulares los que diferencian a las políticas de los distintos territorios y los que al final -sumados todos- explican divergencias profundas en el funcionamiento de las Administraciones Públicas (AAPP) y de la actividad del sector real de las economías.
Algunos pasos se han dado durante los últimos años para intentar mejorar la eficiencia con la que las administraciones se relacionan con los ciudadanos en general y las empresas en particular. Unas normas claras, transparentes y que sean aplicables en los tribunales de justicia permiten a las empresas actuar con seguridad y dedicar más tiempo a sus propias actividades productivas.
En 2013 se creó la Comisión para la Reforma de la Administración Pública con el objetivo de facilitar la actividad del sector privado. Durante ese mismo año, se aprobó la Ley de Unidad de Mercado para que hubiera consistencia entre las regulaciones de las distintas AAPP y evitar los solapamientos y la fragmentación del mercado. Igualmente, la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización contempla, entre otros, el objetivo de facilitar las relaciones con los agentes económicos.
Estas modificaciones han permitido introducir figuras administrativas que contribuyen a simplificar trámites, en algunos casos importadas de la Unión Europea (UE), como la declaración de responsabilidad frente a la autorización previa anterior.
Sin embargo, a pesar de esas normas, España continúa por detrás de los países más desarrollados de la OCDE. La interpretación de las normas varía de unas comunidades a otras y de un ayuntamiento a otro, no consiguiendo el efecto deseado: la simplificación administrativa.
El reciente informe del Banco Mundial sobre el entorno regulatorio para crear y dirigir una empresa en las distintas comunidades autónomas permite realizar una comparación muy útil de los obstáculos y facilidades para la actividad empresarial.
Hay regiones y ciudades en las que hay que esperar 15 días para iniciar la actividad, mientras que en otras se puede iniciar inmediatamente. En unas cobran el trámite y en otras no. Los permisos para construcción varían notablemente entre ciudades y comunidades. Hay ciudades en las que el permiso de primera ocupación se obtiene automáticamente con la declaración de responsabilidad, mientras que en otras una licencia y una inspección son todavía necesarias.
Conseguir electricidad para un negocio no es homogéneo. La legislación estatal permite un mecanismo simplificado: la comunidad puede autorizar la conexión después de que haya sido instalada sin una previa aprobación del proyecto. Sin embargo, la mayoría de comunidades todavía requieren una autorización previa del proyecto. Además, los costes para la obtención del suministro eléctrico son completamente abusivos en comparación con la media de la UE. Frente a lo que ocurre en Europa, en España el coste del transformador y de extensión de la línea eléctrica lo paga la empresa. Esto representa más del 90% del coste de la instalación.
En ocasiones, las prácticas de ayuntamientos y comunidades ponen de manifiesto las contradicciones y la inutilidad de algunos procedimientos. En Valencia, una razón por la que se exige una autorización municipal previa reside en que el gobierno regional también concede una autorización para actividades que potencialmente dañen el medio ambiente, mientras que en Baleares es justo ese motivo por el que no se exige autorización municipal previa. Igualmente, la clasificación de las actividades económicas y su regulación varían entre los distintos territorios.
El resultado es que las diferencias entre comunidades en tiempo y en dinero para crear una empresa varían extraordinariamente.
Todos estos actos administrativos aumentan los costes, reducen la productividad y levantan obstáculos para el desarrollo de la actividad empresarial y la creación de empleo. Si las normas son claras y accesibles y se pueden hacer valer en los tribunales se facilita la actividad empresarial. Lo que obstaculiza es que las interpretaciones y procedimientos sean distintos en los diferentes territorios y, además, en un juicio un juez tenga otra. Todos estos costes jurídicos representan un peso muerto para el desarrollo de las empresas. Además, las variaciones regionales y locales de la regulación exigen a las empresas conseguir nueva información y entenderla, a través de un proceso que se repite cada vez que inician una actividad en otra región. Lo que hayan aprendido en unas, no les sirve en otras.
Globalmente consideradas, La Rioja y Madrid son las que presentan mayores facilidades para crear un negocio, mientras que Galicia es la peor. Andalucía se encuentra en el puesto 14, lo que indica las grandes mejoras que sería posible llevar a cabo. Siendo la primera en los trámites para crear un negocio, se encuentra entre las últimas en la obtención de electricidad, permisos de construcción y las actividades registrales de la propiedad.
Las administraciones deberían aprender unas de otras las mejores prácticas, compartiendo aquéllas que mejor funcionan. Además, deberían desarrollar las herramientas informáticas y hacerlas más amistosas con los usuarios, con el objetivo de ganar tiempo y recursos económicos.
Reducir trámites, suprimir algunas autorizaciones, rebajar el coste económico de los procedimientos y acortar el tiempo en todos los procesos administrativos son las tareas que este país debería llevar a cabo cuanto antes, sin que los intereses de las administraciones, ya sean regionales, ayuntamientos o diputaciones, representen un obstáculo. Los intereses particulares de algunos, que desean seguir intermediando en las actividades -especialmente las diputaciones-, para justificar su existencia o para mostrar un mayor perfil político, deberían ser removidos. Ésa sería la mejor contribución a la creación de riqueza y empleo.
Algunos pasos se han dado durante los últimos años para intentar mejorar la eficiencia con la que las administraciones se relacionan con los ciudadanos en general y las empresas en particular. Unas normas claras, transparentes y que sean aplicables en los tribunales de justicia permiten a las empresas actuar con seguridad y dedicar más tiempo a sus propias actividades productivas.
En 2013 se creó la Comisión para la Reforma de la Administración Pública con el objetivo de facilitar la actividad del sector privado. Durante ese mismo año, se aprobó la Ley de Unidad de Mercado para que hubiera consistencia entre las regulaciones de las distintas AAPP y evitar los solapamientos y la fragmentación del mercado. Igualmente, la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización contempla, entre otros, el objetivo de facilitar las relaciones con los agentes económicos.
Estas modificaciones han permitido introducir figuras administrativas que contribuyen a simplificar trámites, en algunos casos importadas de la Unión Europea (UE), como la declaración de responsabilidad frente a la autorización previa anterior.
Sin embargo, a pesar de esas normas, España continúa por detrás de los países más desarrollados de la OCDE. La interpretación de las normas varía de unas comunidades a otras y de un ayuntamiento a otro, no consiguiendo el efecto deseado: la simplificación administrativa.
El reciente informe del Banco Mundial sobre el entorno regulatorio para crear y dirigir una empresa en las distintas comunidades autónomas permite realizar una comparación muy útil de los obstáculos y facilidades para la actividad empresarial.
Hay regiones y ciudades en las que hay que esperar 15 días para iniciar la actividad, mientras que en otras se puede iniciar inmediatamente. En unas cobran el trámite y en otras no. Los permisos para construcción varían notablemente entre ciudades y comunidades. Hay ciudades en las que el permiso de primera ocupación se obtiene automáticamente con la declaración de responsabilidad, mientras que en otras una licencia y una inspección son todavía necesarias.
Conseguir electricidad para un negocio no es homogéneo. La legislación estatal permite un mecanismo simplificado: la comunidad puede autorizar la conexión después de que haya sido instalada sin una previa aprobación del proyecto. Sin embargo, la mayoría de comunidades todavía requieren una autorización previa del proyecto. Además, los costes para la obtención del suministro eléctrico son completamente abusivos en comparación con la media de la UE. Frente a lo que ocurre en Europa, en España el coste del transformador y de extensión de la línea eléctrica lo paga la empresa. Esto representa más del 90% del coste de la instalación.
En ocasiones, las prácticas de ayuntamientos y comunidades ponen de manifiesto las contradicciones y la inutilidad de algunos procedimientos. En Valencia, una razón por la que se exige una autorización municipal previa reside en que el gobierno regional también concede una autorización para actividades que potencialmente dañen el medio ambiente, mientras que en Baleares es justo ese motivo por el que no se exige autorización municipal previa. Igualmente, la clasificación de las actividades económicas y su regulación varían entre los distintos territorios.
El resultado es que las diferencias entre comunidades en tiempo y en dinero para crear una empresa varían extraordinariamente.
Todos estos actos administrativos aumentan los costes, reducen la productividad y levantan obstáculos para el desarrollo de la actividad empresarial y la creación de empleo. Si las normas son claras y accesibles y se pueden hacer valer en los tribunales se facilita la actividad empresarial. Lo que obstaculiza es que las interpretaciones y procedimientos sean distintos en los diferentes territorios y, además, en un juicio un juez tenga otra. Todos estos costes jurídicos representan un peso muerto para el desarrollo de las empresas. Además, las variaciones regionales y locales de la regulación exigen a las empresas conseguir nueva información y entenderla, a través de un proceso que se repite cada vez que inician una actividad en otra región. Lo que hayan aprendido en unas, no les sirve en otras.
Globalmente consideradas, La Rioja y Madrid son las que presentan mayores facilidades para crear un negocio, mientras que Galicia es la peor. Andalucía se encuentra en el puesto 14, lo que indica las grandes mejoras que sería posible llevar a cabo. Siendo la primera en los trámites para crear un negocio, se encuentra entre las últimas en la obtención de electricidad, permisos de construcción y las actividades registrales de la propiedad.
Las administraciones deberían aprender unas de otras las mejores prácticas, compartiendo aquéllas que mejor funcionan. Además, deberían desarrollar las herramientas informáticas y hacerlas más amistosas con los usuarios, con el objetivo de ganar tiempo y recursos económicos.
Reducir trámites, suprimir algunas autorizaciones, rebajar el coste económico de los procedimientos y acortar el tiempo en todos los procesos administrativos son las tareas que este país debería llevar a cabo cuanto antes, sin que los intereses de las administraciones, ya sean regionales, ayuntamientos o diputaciones, representen un obstáculo. Los intereses particulares de algunos, que desean seguir intermediando en las actividades -especialmente las diputaciones-, para justificar su existencia o para mostrar un mayor perfil político, deberían ser removidos. Ésa sería la mejor contribución a la creación de riqueza y empleo.
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