Médicos coinciden en que la regulación legislativa sobre una muerte digna facilita la toma de decisiones, aunque advierten del escaso número de personas que dejan escritas sus voluntades
LEONOR GARCÍA | 
Los médicos luchan a diario por la vida de los pacientes con sus conocimientos y el arsenal que les da la ciencia. Pero a veces, por el bien de los enfermos, tienen que poner límites a esa pelea para no caer en el ensañamiento terapéutico y, simplemente, dejarlos morir en paz.
"Cuando tomas esa decisión es porque has peleado todo lo que podías, has agotado los tratamientos eficaces y es mejor no seguir", reflexiona un pediatra que admite que los casos de niños son más difíciles. "Es más fácil tomar esa decisión con un paciente de 80 años que con un chaval de 15", afirma.
El caso de Andrea, la niña de 12 años que padecía una enfermedad neurodegenerativa y que falleció el viernes después de que sus padres batallaran hasta judicialmente para que tuviera una muerte digna, ha vuelto a poner sobre el tapete un viejo y recurrente debate: ¿Cuáles son los límites de la pelea por la vida? El problema es que no es una frontera fija, sino que varía según las creencias religiosas, los valores, los preceptos morales, los conocimientos científicos, los sentimientos y hasta la edad del paciente.
"Normalmente los conflictos con los familiares suelen ser por lo contrario que el caso de Andrea; porque quieren más tratamientos y tienes que explicarles que no van a servir para salvar al paciente y sí van a aportarle más toxicidad", explica un facultativo. "Pero si hay un tratamiento que crees que puede salvarle la vida, aunque sea en un porcentaje bajo, lo utilizas", añade.
Un médico reconocía que en situaciones en las que el deterioro se prolonga en el tiempo y se establece un vínculo con la familia, "a veces puede perderse racionalidad, sobre todo si el paciente es joven".
Rafael Gómez, responsable asistencial de Cudeca, una institución que atiende a pacientes terminales, cree que las disposiciones legales que se han ido aprobando en los últimos años facilitan la toma de decisiones: "El documento de voluntades anticipadas es muy útil. Pero eso no se hace en un momento. Es un proceso. Haciéndolo bien es la expresión de tus valores. Lo ideal es que se usara más, todavía su uso es mínimo, pero ayuda".
La Junta de Andalucía aprobó en 2003 la Ley sobre Voluntad Vital Anticipada y al año siguiente, el decreto por el que se creó su correspondiente registro. Para Gómez, una ley nacional que homogeneizara los cuidados paliativos sería un paso importante.
Explica que, en primera instancia, es el paciente -si está consciente- el que debe tomar las decisiones sobre hasta dónde llevar la pelea terapéutica por su vida. Pero advierte que el conflicto se presenta cuando no está consciente o no puede expresarse. "En estas circunstancias, el tener un documento ayuda muchísimo. Por eso es importante dejar la voluntad anticipada por escrito", aconseja el profesional de Cudeca.
Pero los médicos no siempre se encuentran en una encrucijada porque los pacientes o los familiares reclamen tratamientos a toda costa para salvarles la vida. A veces, el problema es al contrario. Es el caso de los testigos de Jehová, que rechazan algo tan básico como una transfusión pero que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Un profesional aún recuerda con tristeza a un joven veinteañero que profesaba esta religión, que sufría una leucemia grave y se negó a ser transfundido. "Al final murió. Nadie sabrá nunca si hubiera muerto igual, pero quizás hubiera tenido posibilidades de salir adelante", comenta como si todavía la duda le carcomiera un poco. "Hay casos que te afectan más que otros. No es un trauma porque si no no podrías trabajar en esto, pero no eres de piedra", reconoce una facultativa.
A veces hay situaciones que llegan a los juzgados. En casos de menores Testigos de Jehová en los que los padres se oponen a la transfusión, siempre dirime un juez. Y la respuesta judicial suele ser que se haga lo que marque el criterio médico.
Dado que hay casos complejos desde un punto de vista ético, existen comités para debatir y decidir de forma colegiada las decisiones respecto de un paciente. Su resolución no es vinculante, pero es un respaldo para el equipo que asiste al enfermo cuyo caso es motivo de conflicto.
Tras el caso de Andrea y ante las elecciones generales, la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha lanzado la campaña Libres hasta el final que promueve que los programas electorales definan claramente la postura de cada partido ante la muerte digna, a la vez que inicia una recogida de firmas a través de change.org para que se regule la eutanasia, como se ha hecho en Holanda o Bélgica. DMD tiene en Granada una de sus tres delegaciones en Andalucía. Las otras están en Sevilla y Málaga.
Una profesional explica que cuando hay casos conflictivos, su equipo se pone de acuerdo para que sea un único profesional el que informe a los familiares porque a veces estos intentan hallar resquicios y diferencias entre los médicos para que sigan haciendo lo imposible por salvarle la vida a un ser querido. "A veces tenemos problemas con las familias y hay que explicarles la situación para no caer en el ensañamiento terapéutico", acotaba. La facultativa apuntaba que, si no hay ningún problema legal y ya no hay tratamientos eficientes que le den esperanzas, ella no lo dudaría: "Yo no tendría problemas éticos por no mantener a un paciente conectado a una máquina cuando no se puede hacer más y no tiene sentido seguir".
"Cuando tomas esa decisión es porque has peleado todo lo que podías, has agotado los tratamientos eficaces y es mejor no seguir", reflexiona un pediatra que admite que los casos de niños son más difíciles. "Es más fácil tomar esa decisión con un paciente de 80 años que con un chaval de 15", afirma.
El caso de Andrea, la niña de 12 años que padecía una enfermedad neurodegenerativa y que falleció el viernes después de que sus padres batallaran hasta judicialmente para que tuviera una muerte digna, ha vuelto a poner sobre el tapete un viejo y recurrente debate: ¿Cuáles son los límites de la pelea por la vida? El problema es que no es una frontera fija, sino que varía según las creencias religiosas, los valores, los preceptos morales, los conocimientos científicos, los sentimientos y hasta la edad del paciente.
"Normalmente los conflictos con los familiares suelen ser por lo contrario que el caso de Andrea; porque quieren más tratamientos y tienes que explicarles que no van a servir para salvar al paciente y sí van a aportarle más toxicidad", explica un facultativo. "Pero si hay un tratamiento que crees que puede salvarle la vida, aunque sea en un porcentaje bajo, lo utilizas", añade.
Un médico reconocía que en situaciones en las que el deterioro se prolonga en el tiempo y se establece un vínculo con la familia, "a veces puede perderse racionalidad, sobre todo si el paciente es joven".
Rafael Gómez, responsable asistencial de Cudeca, una institución que atiende a pacientes terminales, cree que las disposiciones legales que se han ido aprobando en los últimos años facilitan la toma de decisiones: "El documento de voluntades anticipadas es muy útil. Pero eso no se hace en un momento. Es un proceso. Haciéndolo bien es la expresión de tus valores. Lo ideal es que se usara más, todavía su uso es mínimo, pero ayuda".
La Junta de Andalucía aprobó en 2003 la Ley sobre Voluntad Vital Anticipada y al año siguiente, el decreto por el que se creó su correspondiente registro. Para Gómez, una ley nacional que homogeneizara los cuidados paliativos sería un paso importante.
Explica que, en primera instancia, es el paciente -si está consciente- el que debe tomar las decisiones sobre hasta dónde llevar la pelea terapéutica por su vida. Pero advierte que el conflicto se presenta cuando no está consciente o no puede expresarse. "En estas circunstancias, el tener un documento ayuda muchísimo. Por eso es importante dejar la voluntad anticipada por escrito", aconseja el profesional de Cudeca.
Pero los médicos no siempre se encuentran en una encrucijada porque los pacientes o los familiares reclamen tratamientos a toda costa para salvarles la vida. A veces, el problema es al contrario. Es el caso de los testigos de Jehová, que rechazan algo tan básico como una transfusión pero que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Un profesional aún recuerda con tristeza a un joven veinteañero que profesaba esta religión, que sufría una leucemia grave y se negó a ser transfundido. "Al final murió. Nadie sabrá nunca si hubiera muerto igual, pero quizás hubiera tenido posibilidades de salir adelante", comenta como si todavía la duda le carcomiera un poco. "Hay casos que te afectan más que otros. No es un trauma porque si no no podrías trabajar en esto, pero no eres de piedra", reconoce una facultativa.
A veces hay situaciones que llegan a los juzgados. En casos de menores Testigos de Jehová en los que los padres se oponen a la transfusión, siempre dirime un juez. Y la respuesta judicial suele ser que se haga lo que marque el criterio médico.
Dado que hay casos complejos desde un punto de vista ético, existen comités para debatir y decidir de forma colegiada las decisiones respecto de un paciente. Su resolución no es vinculante, pero es un respaldo para el equipo que asiste al enfermo cuyo caso es motivo de conflicto.
Tras el caso de Andrea y ante las elecciones generales, la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha lanzado la campaña Libres hasta el final que promueve que los programas electorales definan claramente la postura de cada partido ante la muerte digna, a la vez que inicia una recogida de firmas a través de change.org para que se regule la eutanasia, como se ha hecho en Holanda o Bélgica. DMD tiene en Granada una de sus tres delegaciones en Andalucía. Las otras están en Sevilla y Málaga.
Una profesional explica que cuando hay casos conflictivos, su equipo se pone de acuerdo para que sea un único profesional el que informe a los familiares porque a veces estos intentan hallar resquicios y diferencias entre los médicos para que sigan haciendo lo imposible por salvarle la vida a un ser querido. "A veces tenemos problemas con las familias y hay que explicarles la situación para no caer en el ensañamiento terapéutico", acotaba. La facultativa apuntaba que, si no hay ningún problema legal y ya no hay tratamientos eficientes que le den esperanzas, ella no lo dudaría: "Yo no tendría problemas éticos por no mantener a un paciente conectado a una máquina cuando no se puede hacer más y no tiene sentido seguir".
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