TRIBUNA
Del Consejo Editorial del Grupo Joly
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| Nuevo Gobierno: administrar, gestionar, fomentar |
La pasada semana la Presidenta de la Junta de Andalucía realizó una amplia renovación del Consejo de Gobierno con el ánimo de impulsar su actividad en los dos años restantes de legislatura. Algunos políticos y analistas se han referido al objetivo de la remodelación como la necesidad poner en marcha "proyectos ilusionantes", "erradicar el paro", "blindar la sanidad pública universal" o poner en marcha "verdaderas políticas de izquierda". En mi opinión, más que estos deseos vacuos o imposibles, lo que Andalucía necesita es un gobierno regional más profesional que gobierne con rigor y eficiencia, muy especialmente en los ámbitos competenciales más trascendentes y en los que se concentra el grueso del presupuesto; esto es, en los servicios públicos fundamentales (sanidad y educación) y en el fomento económico y el empleo. Justamente las áreas de gobierno con balances menos satisfactorios en los últimos años.
En el caso de la sanidad, aun siendo un servicio que se presta con un nivel de calidad bastante aceptable, la combinación de la aplicación de los recortes presupuestarios, la mal concebida reforma organizativa del servicio hospitalario y el malestar latente de la mayoría de los profesionales sanitarios con la gestión del SAS provocó la marea blanca. La nueva consejera acumula experiencia médica y también de gestión, por lo que esperemos que no se le interpongan condicionamientos políticos o administrativos y que tenga la capacidad para integrar al personal sanitario en un sistema presupuestariamente limitado.
En educación Andalucía se encuentra reiteradamente a la cola en los resultados de los informes PISA, atrasada en los rankings universitarios y con la tasa más elevada de fracaso escolar. Estos resultados negativos exigen ser diagnosticados, y probablemente los principales problemas no provengan de la insuficiente inversión o profesorado, sino de la orientación de la formación, de la gobernanza de los centros educativos, de la capacitación del profesorado, de la falta de incentivos de los docentes, de estímulos y disciplina para los estudiantes, y de la escasa predisposición a incorporar las experiencias educativas internacionales de mayor éxito. Según su currículo, la nueva consejera es una buena conocedora de los problemas del profesorado andaluz, pero si bien la calidad e incentivos de los profesores son determinantes para los resultados educativos, no debe olvidarse que son los estudiantes y su formación el objetivo del servicio público.
En cuanto al fomento económico y del empleo, Andalucía viene experimentando un proceso de divergencia económica con la media española desde el año 2005 en términos de PIB por habitante, a la vez que mantiene elevadas tasas de paro diferenciales con España y la UE, y otros indicadores económicos que ponen de manifiesto el menor dinamismo de la economía andaluza. Por ello, es compartido que el cambio de gobierno debe tener como principal objetivo un fuerte impulso económico y reducir sensiblemente el paro. Pero el desarrollo económico es un proceso a medio y largo plazo que exige la ampliación y cualificación de los factores de producción, por lo que si lo que se pretende es forzar la creación de empleo a corto plazo, se podrá crear algún empleo subvencionado (como se ha hecho con medidas recientes), pero la experiencia pone de manifiesto que es un empleo efímero y costoso.
Por ello, el nuevo gobierno lo que debe perseguir es mejorar la capacidad competitiva de nuestro sistema productivo, que es lo que permitirá generar más empleo y de mayor calidad. Y esto no se consigue con la presencia constante de los líderes políticos haciendo denuncias, comentarios o propuestas llamativas, sino trabajando cada día con los instrumentos de gestión y fomento a su alcance para ensanchar y cualificar nuestra base de producción, para lo que son menos relevante las ayudas a las empresas que establecer un marco de seguridad y competencia para éstas, que les incentive a la inversión, la innovación y la internacionalización. Y para ello es necesario que se evalúen las políticas activas de empleo y de fomento económico que llevan años aplicándose sin buenos resultados, y que los responsables y agentes públicos dialoguen con las empresas para conocer sus restricciones y facilitar la actividad empresarial.
En un marco de recursos públicos limitados es imprescindible reducir los gastos menos necesarios, lo que exige plantearse la continuidad de empresas, agencias, consejos y otros organismos públicos con escasa o nula aportación al bienestar de los andaluces y en los que se emplean centenares de personas y millones de euros
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