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                                                                          TRIBUNA

MIGUEL GUIJARRO

Economista

Una reflexión sobre las pensiones

El sistema de pensiones español está basado en el reparto, es decir, se necesitan nuevos cotizantes para pagar las pensiones de los jubilados; y no en la capitalización, que sería aquel en el que cada uno cobrase lo pagado previamente, capitalizado en el tiempo. Aunque es cierto que el sistema actual, con las reformas realizadas, tiende a un sistema "mixto limitado de capitalización".

Al final todo el sistema está basado en una cuenta donde intervienen unos ingresos y unos gastos. En principio, en pura lógica, los gastos que se cargan al sistema deberían ser consecuencia de los ingresos recibidos por el mismo, es decir, debería existir una correlación del gasto con el ingreso. Pero esto no ocurre con la cuenta de la Seguridad Social produciendo unos problemas que son la base de todas las tensiones.

Si vemos la cuenta de la Seguridad Social, por la vía de los ingresos, nos encontramos estos de tres tipos: a) Las cotizaciones sociales que suponen en el actual presupuesto un 76,3% del total; b) Las transferencias del Estado que son el 9,0%; y c) Las operaciones financieras que suponen un 13%. El resto, es decir, el 1,7%, son de otro tipo.

La mayor parte del ingreso proviene, pues, de las aportaciones de los actuales contribuyentes. ¿Pero es lógico este reparto?

Si vemos la estructura de gastos comprobamos que el 84,17% son pensiones contributivas, término éste que lleva a error ya que de esa cantidad el 71,96% corresponde a pensiones por jubilación de quien previamente había contribuido al sistema, el 17,71% a pensiones de viudedad, normalmente de quien no contribuyó previamente, y el 10,33% a pensiones por incapacidad. Este término de pensiones contributivas implica, pues, una confusión, ya que al modelo se le cargan por pensiones llamadas contributivas 120.560 millones de euros cuando los ingresos por este concepto son sólo de 110.560. Y, es aquí donde parecen que saltan las alarmas. En este primer análisis ya existe un desfase de 10.000 millones. ¿Cuál es el problema? De entrada que se acumulan pensiones como contributivas las que no lo son en su totalidad.

¿Qué ocurriría si se utilizara la lógica para analizar la cuenta de la Seguridad Social? Pues que en base a los números anteriores el sistema es factible. Los ingresos por contribuciones suponen 110.560 millones, siendo los gastos por pensiones contributivas y gastos de gestión del sistema un total de 103.138 millones con un superávit de 7.422 millones de euros. El sistema así tratado parece que es viable.

¿Y que ocurre con el resto de los gastos no contributivos del sistema: pensiones no contributivas, incapacidad temporal, maternidad, dependencia…, en total unos 41.770 millones de euros? Pues que deben de provenir íntegramente de transferencias del Estado mediante Presupuestos Generales. De esos 41.770 millones solo llegan 13.100 millones. Reconocer esto significa reconocer el verdadero problema del sistema. Un ahorro en el Presupuesto General del Estado de 28.670 millones, el 2,8% del PIB. ¿Está el Estado "escondiendo" un déficit en los Presupuestos Generales del Estado que es casi el doble del actual e intentando crear una conciencia social sobre la inviabilidad de un sistema para ajustar las cuentas del propio Estado?

La Seguridad Social no puede constituirse como "un cajón de sastre" para realizar políticas sociales a costa de nuestros mayores realizándoles recortes. Suponen un colectivo con escasa capacidad de negociación al que se le debe respeto. Las políticas sociales deben financiarse vía Presupuestos Generales del Estado y no cargándolas al sistema de cotizaciones.

La lógica económica nos llevaría a actuar sobre las causas allí donde se producen. Por un lado en la sostenibilidad futura de las pensiones que debería ir a un sistema mixto completo donde el sistema aportase sólo una pensión mínima comparable con el Salario Mínimo Interprofesional y el resto fuese aportado en base a la capitalización realizada por los pagos efectuados tanto por empleadores como los propios cotizantes en una "mochila" que pudiese ser invertida en el sistema privado o en el público, a elección del propio trabajador; en una aportación de nuevos ingresos por la vía de las sustituciones en procesos productivos y, actuando sobre la pirámide de la población por la vía de alterar la edad de jubilación en base a la esperanza de vida. Y, por otro, realizando los ajustes necesarios en los Presupuestos Generales del Estado para que estos proporcionen al sistema la financiación necesaria al Estado de bienestar que hemos constituido y queremos mantener, sin cargar sobre quien ya pagó en su día para el mantenimiento del mismo, en base a conceptos y realidades que no son propias del sistema sino que han sido impuestas desde fuera por decisiones políticas. Ajustes que deberían hacerse en los Presupuestos por la vía de la contención de gastos y no por el incremento de los impuestos.