Solo la ley puede crear tribunales penales superiores granadahoy.com

                                                                       TRIBUNA

AGUSTÍN RUIZ ROBLEDO

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada

Si el PP quiere crear tribunales penales superiores en Sevilla y Málaga no le sirve cambiarle el nombre en un Decreto para llamarlos "Secciones" 

EL Parlamento andaluz aprobó el pasado 11 de mayo una declaración institucional en la que se exige "el cumplimiento" del Estatuto de Autonomía en relación con la "capitalidad judicial" de Granada porque existe el riesgo inminente de que el Consejo General del Poder Judicial siga la opinión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha propuesto la creación de dos secciones de la Sala de lo Civil y Penal en Sevilla y Málaga. Como granadino algo localista, estoy muy contento con esta Declaración que defiende los intereses de mi ciudad. Esta alegría no se empaña con el rencor por lo que ha tardado el Parlamento en tomarse en serio el Estatuto y a Granada, porque guardó silencio cuando en los años 80 las Cortes Generales le amputaron a Granada sendas salas de lo contencioso-administrativo y de lo social para Málaga y una de lo social para Sevilla; y porque cuando los redactores del propio Estatuto de 1981 buscaron integrar Andalucía con un texto que permitía elegir a Sevilla capital política y a Granada capital jurídica, al mismo tiempo se cuidaron de garantizar que esta última capitalidad no implicaría la desaparición de la Audiencia Territorial de Sevilla.

Sí que me gustaría comentar de esa Declaración que en ella se ha dado por bueno, jurídicamente hablando, lo que me parece que es una argucia del Real Decreto 229/2017, de 10 de marzo: considerar que se puede aplicar al TSJA el artículo 269.2 de la Ley  Orgánica del Poder Judicial que habla de la creación de secciones de los tribunales en general. Partiendo de esa base, el Parlamento estima que no se dan "las circunstancias o el buen servicio de la administración de justicia" que permiten esa creación. Por tanto, el Parlamento ­como previamente la Sala de Gobierno del TSJA­ se sitúa en el plano de oportunidad: para unos sí sería conveniente crear esas secciones en Sevilla y Málaga, mientras que para otros sería un incremento de gasto innecesario en este momento. Sin embargo, a mi juicio, antes de entrar en esa discusión ­en la que sinceramente creo que los argumentos en contra de la creación que ha dado el Presidente del TSJA son más convincentes que los argumentos a favor­, hay que pensar si la LOPJ permite la creación de secciones de la Sala de lo Penal en Sevilla y Málaga, pregunta que puede parecer superflua a la vista de que el propio Real Decreto se refiere al artículo 269.2 de la LOPJ.

Para ello, es necesario recordar algunos conceptos del Derecho español: a) Los tribunales especializados en un orden jurisdiccional concreto integrados en un Tribunal se llaman Salas (así el Tribunal Supremo tiene cinco salas: de lo Civil, de lo Penal, etc.) y los magistrados que dentro de cada Sala se agrupan para dictar resoluciones se llaman Secciones (para el año 2017 la Sala de lo Contencioso del TS tiene siete secciones). b) Mientras la creación de Salas la decide el poder legislativo (mediante la LOPJ y la Ley  de Planta) con carácter permanente, la creación de secciones la decide el propio poder judicial de forma temporal (en nuestro ejemplo, la Sala de Gobierno del TS). c) En el caso de los Tribunales Superiores de Justicia se viene aplicando el mismo criterio para regular las Salas y Secciones, si bien cuando se crean tribunales del mismo orden jurisdiccional en una ciudad distinta de donde tiene su sede el Tribunal Superior se denominan Salas, decisión lógica porque mientras las Secciones tienen siempre la misma jurisdicción (misma especialidad del Derecho y mismo territorio), las Salas (distinta especialidad en el caso del Supremo, distinto territorio en el caso de las Salas de lo Contencioso de un Tribunal Superior). Por eso, la Ley  de Planta de 1988 ordenó que el TSJA tuviera tres Salas de lo Contencioso y tres de lo Social con sede respectivamente en Granada, Sevilla y Málaga, con independencia de que luego esas Salas a su vez puedan tener Secciones de forma temporal (por ejemplo, tres este año 2017 en la Sala de lo Contencioso de Granada). Lo que pretende el Decreto 229/2017 es crear "secciones" de la Sala de lo Penal del TSJA en Granada y luego trasladarlas a Sevilla y Málaga usando el artículo 269.2 de la LOPJ, un artículo general que no es aplicable al caso porque la LOPJ tiene otro artículo dedicado especialmente a las Salas de lo Penal de los Tribunales Superiores, el artículo 76. Precisamente, cuando en 2015 se elaboró la LO 7/2015 que reformó la LOPJ para ­entre otras cosas­ crear los recursos de apelación ante las Salas de lo Penal de los Tribunales Superiores, el PP introdujo una enmienda en el Senado, que se aprobó sin debate y que parece pensada para facilitar lo que se pretende ahora, de tal forma que el artículo 73.6 establece: "En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán crearse una o más Secciones e incluso Sala de lo Penal con su propia circunscripción territorial en aquellas capitales que ya sean sedes de otras Salas del Tribunal Superior". ¿Cómo hay que interpretar esta autorización para crear más "Secciones e incluso Sala de lo Penal"?

A mi juicio, de una sola manera congruente con la teoría general de nuestra organización de tribunales: se podrán crear Secciones en Granada y Salas en otras capitales. Por tanto, si el PP quiere crear tribunales penales superiores en las bellas ciudades de Sevilla y Málaga no le sirve cambiarle el nombre en un Decreto para llamarlos "Secciones" (los juristas decimos que el "nomen iuris" de una institución no transforma su naturaleza y es un fraude de ley ). No le queda más remedio que cambiar la Ley  de Planta para crear Salas de lo Penal, reserva de ley  que es una constante histórica desde que las Cortes de Cádiz aprobaron en 1812 el Reglamento de las Audiencias y Juzgados y exigen hoy de forma clara los artículos 24.2 y 117.3 de la Constitución del 78.