TRIBUNA ECONÓMICA
El Informe que acaba de publicar la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), donde nuestro representante es el ex ministro Wert, sobre las condiciones de trabajo, es demoledor para España. Pese a que los indicadores laborales mejoran, el deterioro en los años 2012 y 2013 fue tan intenso, que la tasa de empleo sobre la población que puede trabajar estará a finales de 2018 en un 55%, muy por debajo del 60% que había en 2007; y la tasa de desempleo bajará a un 15,5%, frente al 8,5%, también para esas mismas fechas. Mejoran los indicadores laborales, como es lógico, al reducirse el paro, pero el mercado de trabajo español está por debajo del promedio de la OCDE en todos los indicadores, excepto los ingresos por hora bruto, que aunque caen, están casi en la media.
España se sitúa en el tercio inferior de los países en seguridad en el mercado de trabajo, y porcentaje de personas en edad laboral que viven con menos del 50% del ingreso mediano -este dato de desigualdad es el más alto de la OCDE-. "El porcentaje de personas en edad de trabajar -concluye la nota para España- que vive en hogares pobres ha aumentado, en gran medida como resultado de la profunda y prolongada crisis económica".
Las ideas que sacamos de este Informe son las siguientes. Primero, la OCDE siempre recomienda reformas en el mercado de trabajo para reducir el desempleo, pero la situación española le llena de perplejidad, porque el fuerte crecimiento de la economía se da con un enorme coste social, y no ofrece perspectivas de mejora. Segundo, lo que ocurre con el trabajo no afecta sólo a España, pues las condiciones laborales han cambiado profundamente en muy poco tiempo, en lo que se conoce como "uberización" y "economía gig", de contratos no laborales. Emplear se considera un gasto evitable en la actual forma productiva, y del concepto de "empleo" se pasa a la de "tareas" que pueden subcontratarse ocasionalmente y por horas. Prácticamente ninguna empresa se plantea -no tiene por qué- pagar más salarios, ni contratar en mejores condiciones de las que está obligada por ley; no se trata de ser cínicos, sino de reflejar una realidad que se manifiesta de manera más cruda para trabajos poco cualificados o que se pueden mecanizar, como ocurre en nuestra economía cada vez más orientada a los servicios de bajo valor añadido. En tercer lugar, sólo la provisión por el Estado de sanidad, educación, pensiones, y otros servicios de bienestar, permite que esta situación se mantenga; junto con la intervención extraordinaria del banco central poniendo en cero la referencia para los intereses.
No debería desconocerse que las secuelas de la gran crisis siguen entre nosotros, y por tanto no hay razones para pensar que vamos a encontrar, sin más, los equilibrios que necesita nuestra sociedad. Pero tampoco es cuestión de airear cifras y situaciones negativas, y hacer propuestas que intentan corregir sólo los síntomas; cada mercado laboral, en cualquier país, tiene hoy sus propios problemas, y es obligación tanto de quien gobierna como de la oposición ir a las compleja red de raíces de los nuestros.
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