- Se han detectado construcciones no declaradas en casi 45.800 inmuebles
- El proceso arrancó en 2013 y ha culminado en 85 municipios de Granada
- La revisión afectará a toda la provincia
En Armilla todas las regularizaciones hasta 2015 han sido por nuevas construcciones.
El procedimiento de regularización catastral de inmuebles, que el Gobierno central puso en marcha en 2014 en todo el Estado -salvo en el País Vasco y Navarra- ha culminado en 85 municipios de Granada, en los que se ha cerrado el periodo de alegaciones y la vía judicial, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de julio de 2016. Estas inspecciones, con las que se pretende confirmar que lo que consta en el Catastro sobre un edificio es lo que realmente está construido y por lo que se paga, han hecho aflorar en Granada 45.791 situaciones anómalas en otros tantos inmuebles.
Según los datos del Ministerio, el incremento medio del recibo del IBI en esos municipios inspeccionados ha sido de un 2,46% tras el proceso. De lo que no hay datos es de cuánto supone en ingresos para las arcas públicas, aunque en el conjunto del Estado se estima que serán unos 125 millones de euros más de recaudación en 2017 y compensarán en parte la caída de ingresos por el IBI tras el fin del incremento provisional que se aplicó en 2013 y 2015 para compensar las cuentas públicas. Los contribuyentes granadinos afectados por la regularización -como el resto- han tenido que pagar una tasa de 60 euros -lo que supone casi 2,7 millones en la provincia- con la que se han cubierto los costes del proceso.
Según el balance de la Dirección General del Catastro, el tipo de fraude más frecuente detectado en Granada son nuevas construcciones, en el 55% de los casos. El 13% ha sido por ampliaciones y rehabilitaciones que no constaban. Un 8% de las anomalías han sido por reformas y cambios de uso y el 20% de los expedientes tienen que ver con piscinas no declaradas.
Entre los municipios que se están inspeccionando todavía y que pueden hacer que estos datos se incrementen están Almuñécar, Alquife, Arenas del Rey, Busquístar, Cástaras, Castilléjar, Játar, Juviles, Lobras, Purullena y Soportújar. Es la última relación publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 30 de diciembre de 2016, aunque hay algunos más en los que el procedimiento no ha concluido. Desglosados por municipios, los últimos datos oficiales publicados son algo más antiguos, del mes de diciembre de 2015, cuando el proceso se había culminado del todo en 53 municipios, en los que se habían detectado situaciones no declaradas en 34.827 inmuebles. Hasta entonces, el número de fraudes detectados en Granada suponía la tercera cifra más alta de toda la comunidad, sólo por detrás Málaga, donde, con inspecciones finalizadas en 42 municipios, se habían detectado irregularidades en 56.126 inmuebles, y Sevilla, con 52.454 regularizaciones tras la inspección de 57 municipios. A nivel nacional, Granada está entre las diez provincias con más regularizaciones tras el procedimiento de control puesto en marcha por el Catastro. A nivel nacional, se han 'peinado' 2.877 localidades, lo que ha permitido la regularización de algo más de un millón de inmuebles. A la cola de la clasificación nacional está Burgos, con apenas 3.451 regularizaciones tras la revisión de 76 municipios.
Según los datos plan a diciembre de 2015, en Granada se comprobaron 810.560 inmuebles tanto urbanos como rústicos en 53 municipios. En un 4% de las inspecciones se hallaron motivos para iniciar el proceso de regularización. Entre las irregularidades registradas se lleva la palma en tema de las piscinas. Estas construcciones suponen, según el último balance del Catastro que se puede consultar a través de su página web un 19,59% de las irregularidades. Se trata del porcentaje más alto en toda España. Sólo Murcia ostenta un dato tan alto de piscinas regularizadas (17,40%), mientras que la media nacional es de 4,89%.
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